Actualizan procedimientos del Régimen de Faltas

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Las modificaciones incorporan la firma digital, notificaciones por chat y otras formas modernas y ágiles de tramitación. Reducen plazos y disponen bonificaciones.

Por iniciativa de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños aprobaron hoy modificaciones al procedimiento del Régimen de Faltas para incorporar formas más modernas y ágiles de gestión, según los fundamentos de la norma sancionada este jueves.

La incorporación de la firma electrónica en las actas de infracción o el uso del chat para comunicaciones son algunas de las novedades, así como también se reducen plazos de varios procedimientos.

Además, se explicitó que para la ejecución de deudas por infracciones, deberá intervenir judicialmente el fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Por el pago voluntario de multas, dentro de los 15 días corridos de la notificación, el infractor tendrá una bonificación del 50%. También el juez, controlador o autoridad que fija las sanciones podrá disponer que el pago de la multa se realice en un plazo o cuotas, de acuerdo a los criterios de racionalidad y proporcionalidad.

Los cambios sancionados por ley se basaron en un proyecto del Poder Ejecutivo a cargo del licenciado Horacio Rodríguez Larreta, que obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia. Las modificaciones refieren a artículos de las leyes N° 1.217 Procedimiento de Faltas y N° 451- Régimen de Faltas (ambos textos consolidados por Ley 6.017).

Los puntos salientes son:

  • Incorporación de la firma digitalizada o electrónica al acta de infracción.
  • Reducción de plazos para la notificación, procesamiento y presentación del descargo de infracciones, así como para varias elevaciones administrativas (de 60 días se baja a 40 días).
  • Normaliza el procedimiento virtual del chat que ha sido ampliamente aceptado y usado por los vecinos desde su implementación hace poco tiempo.
  • Se establecen específicamente los domicilios donde serán válidas las notificaciones incluyendo la dirección electrónica denunciada por el presunto infractor.
  • Se elimina el requisito de fundar el pase a la Justicia Penal, Correccional y de Faltas en congruencia a la falta de obligación de contar con patrocinio letrado para poder comparecer, así como presentar nuevas pruebas, excepciones y constitución de nuevo domicilio.
  • El presunto infractor podrá presentarse personalmente, por apoderado o por medio de representante legal, considerando más correcta legalmente dicha especificación que la actual que hace sólo referencia a la figura del “mandatario”.
  • Se elimina la obligación de que la prescripción sea a pedido de parte, por entender que se trata de una institución de orden público, la que obliga a la administración a contar con determinado plazo para la notificación de un acta de infracción.
  • Se sustituye a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas por la Justicia Contencioso Administrativo y Tributario para la ejecución de las deudas por infracciones.
  • “El presunto Infractor podrá acogerse al sistema de pago voluntario hasta los 15 días corridos de notificado. Este acogimiento significará un 50% de bonificación en el monto de la multa y, en caso de resultar un acta que conlleve descuento de puntos conforme lo dispuesto por el art.11.1.3 del Titulo Undécimo del Anexo A del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores de la Ley 2148, el consentimiento de dicho descuento”. (También se fijan excepciones para reincidentes).
  • “De no acogerse al pago voluntario y/o requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Copntrol de Faltas, dentro de los 40 días corridos desde la notificación, deberá abonar en el caso de ser confirmada la sanción, el 75% de la multa”.
  • La posibilidad de acceder a planes de pagos de multas “no será aplicable en aquellos casos de reiteración de la misma falta o comisión de una nueva falta de la misma sección dentro del término 365 días”. Tampoco se podrán aplicar facilidades “en los casos de faltas cometidas en estaciones de servicio, garajes, cines, teatros. centros comerciales, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, clubes o locales habilitados para el ingreso masivo de personas”.
  • “La falta de pago habilita el cobro mediante la ejecución de bienes por vía de apremio”.

La ley se sancionó con 42 votos positivos de Vamos Juntos, Evolución, Bloque Peronista y Socialista, y 10 negativos der Unidad Ciudadana y los bloques de izquierda.

A través de una nueva ley aprobada este jueves por la mayoría oficialista, se prorrogó por un plazo de cinco años la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza – Riachuelo declarada en el año 2011 mediante la Ley Nº 3.947, que ya fue renovada en 2016 por un plazo de tres años y extendida hoy hasta el 2024.

“La búsqueda de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41° y 75° de la Constitución Nacional y en los artículos 26°, 27°, 28° y 31° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyó el motivo que impulsó la sanción del proyecto”, explican los fundamentos de la iniciativa, que tuvo despacho de la Comisión de Ambiente sobre propuestas presentadas por las diputadas Patricia Vischi (Ev) y Mercedes de las Casas (VJ).

También se considera necesaria la nueva prórroga para cumplir con el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga. En consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91% y se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas.

Por otra parte, se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que una vez finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023. Paralelamente, continúa el relevamiento a las industrias radicadas en el ámbito de la Ciudad para que procedan a adaptarse a la normativa vigente.

Además, se estableció que durante el período de la extensión de la Emergencia, representantes del Poder Ejecutivo deberán participar anualmente de una reunión especial de la Comisión de Ambiente de la Legislatura e informar las acciones realizadas sobre:

– Cantidad de habitantes relocalizados provenientes de los asentamientos existentes en el camino de sirga y de los aún no relocalizados.

– En tanto la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) produzca y provea la información a su cargo sobre el total de empresas y establecimientos industriales empadronados, señalar cuantos fueron declarados agentes contaminantes susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, cuántos están en proceso de reconversión tecnológica y cuál es el número de establecimientos que finalizaron sus planes de reconversión. Asimismo, se deberá informar sobre cuáles fueron los incentivos económicos y la financiación otorgada a los efectos de su reconversión.

– Estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de crédito y las sumas desembolsadas. Se deberá presentar un informe detallando las obras que se ejecutaron, o en estado de ejecución, financiadas por dichos créditos.

– Asignación presupuestaria imputada para las actividades de ACUMAR en el ámbito geográfico de la Cuenca en la Ciudad. Se deberá informar sobre el grado de ejecución de las mismas.

La votación resultó de 36 votos afirmativos de Vamos Juntos y aliados y 14 abstenciones de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, AyL, FIT e IS. Victoria Montenegro (UC) y María Rosa Muiños (BP) protestaron porque la modificación de un artículo de la ley original pospone el próximo informe ante la Legislatura para abril del año próximo, cuando se esperaba que se realizara en octubre próximo.

Otros proyectos aprobados

A través de una nueva ley aprobada este jueves por la mayoría oficialista, se prorrogó por un plazo de cinco años la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza – Riachuelo declarada en el año 2011 mediante la Ley Nº 3.947, que ya fue renovada en 2016 por un plazo de tres años y extendida hoy hasta el 2024.

“La búsqueda de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41° y 75° de la Constitución Nacional y en los artículos 26°, 27°, 28° y 31° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyó el motivo que impulsó la sanción del proyecto”, explican los fundamentos de la iniciativa, que tuvo despacho de la Comisión de Ambiente sobre propuestas presentadas por las diputadas Patricia Vischi (Ev) y Mercedes de las Casas (VJ).

También se considera necesaria la nueva prórroga para cumplir con el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga. En consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91% y se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas.

Por otra parte, se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que una vez finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023. Paralelamente, continúa el relevamiento a las industrias radicadas en el ámbito de la Ciudad para que procedan a adaptarse a la normativa vigente.

Además, se estableció que durante el período de la extensión de la Emergencia, representantes del Poder Ejecutivo deberán participar anualmente de una reunión especial de la Comisión de Ambiente de la Legislatura e informar las acciones realizadas sobre:

– Cantidad de habitantes relocalizados provenientes de los asentamientos existentes en el camino de sirga y de los aún no relocalizados.

– En tanto la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) produzca y provea la información a su cargo sobre el total de empresas y establecimientos industriales empadronados, señalar cuantos fueron declarados agentes contaminantes susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, cuántos están en proceso de reconversión tecnológica y cuál es el número de establecimientos que finalizaron sus planes de reconversión. Asimismo, se deberá informar sobre cuáles fueron los incentivos económicos y la financiación otorgada a los efectos de su reconversión.

– Estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de crédito y las sumas desembolsadas. Se deberá presentar un informe detallando las obras que se ejecutaron, o en estado de ejecución, financiadas por dichos créditos.

– Asignación presupuestaria imputada para las actividades de ACUMAR en el ámbito geográfico de la Cuenca en la Ciudad. Se deberá informar sobre el grado de ejecución de las mismas.

La votación resultó de 36 votos afirmativos de Vamos Juntos y aliados y 14 abstenciones de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, AyL, FIT e IS. Victoria Montenegro (UC) y María Rosa Muiños (BP) protestaron porque la modificación de un artículo de la ley original pospone el próximo informe ante la Legislatura para abril del año próximo, cuando se esperaba que se realizara en octubre próximo.

Asimismo se aprobó este jueves la creación de la “Comisión Especial de Personas con Discapacidad”.

La misma tendrá como objetivo promover la inclusión y fomentar la igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo, la educación y la vida independiente de las personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad; proponer iniciativas legislativas que propendan a la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, y profundizar los principios y valores de Buenos Aires como ciudad plural y solidaria.

La comisión estará integrada por siete miembros, los que serán designados por la Vicepresidencia I del Cuerpo, respetando la proporcionalidad de los bloques.

Las personas en situación de discapacidad son personas que, en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. El proyecto fue impulsado por los diputados Victoria Montenegro, Javier Andrade, Andrea Conde, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Mariano Recalde, Leandro Santoro, Carlos Tomada (UC), Silvia Gottero, Leandro Halperín, María Rosa Muiños, Santiago Roberto (BP), Francisco Quintana, Agustín Forchieri (VJ), Sergio Abrevaya (GEN) y Patricia Vischi (Ev).

“A partir de este espacio vamos a poder construir una Ciudad más justa y preparada para todos”, afirmó la legisladora Victoria Montenegro (UC) durante la sesión de hoy.

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