Ampliación presupuestaria; preocupación por Bolivia y otros proyectos aprobados

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Es un incremento aproximado de 18 mil millones de pesos que irán destinados al área de Educación y Obras Públicas, al pago de deuda y al gasto en personal de la Ciudad de Buenos Aires.

La Legislatura aprobó una nueva ampliación del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2019, que le permita afrontar obras complementarias como las del viaducto elevado del Ferrocarril General San Martín, la integración urbana en el Barrio 31, la red pluvial, pavimento y bacheo, alumbrado, plazas y parques, y el Centro Olímpico de Tiro.

Este incremento tendrá otra partida para «atender mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida y limpieza de escuelas», según aclara el proyecto enviado al Cuerpo Parlamentario por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. También se cumplirá con el gasto en personal de la Ciudad de Buenos Aires y se atenderán los servicios de la deuda pública.

«Con el fin de dar solución a los problemas crediticios sin afectar la sustentabilidad de las cuentas públicas, se estima pertinente incorporar al Cálculo de Recursos, la suma de pesos dieciocho mil doscientos treinta y nueve millones quinientos mil provenientes de la estimación del incremento de la recaudación tributaria, no tributaria y de fuentes financieras«, explican los fundamentos del proyecto, que tuvo dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto.

Sobre los ingresos tributarios se estiman 14 mil millones de pesos y se aclara que «el crecimiento de los recursos locales se explica fundamentalmente por el aumento en la expectativa inflacionaria para el resto del año y por las acciones implementadas por la AGIP destinadas a la reducción de la evasión y a la mejora en el procesamiento de información».

Se trata de la segunda ampliación presupuestaria que pide el Ejecutivo y aprueba la Legislatura. A mediados de julio se había autorizado un aumento del 11 por ciento, que con los 18 mil millones otorgados hoy el presupuesto total asignado para el corriente año ronda los 376.704 millones de pesos.

En el debate, la miembro informante fue la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paula Villalba (VJ), quien explicó el desglose de los nuevos gastos y recursos previstos por la Jefatura de Gobierno: $ 5.600 millones para servicios de la deuda; 6.400 M en obras, mantenimiento y redefinición de precios de las obras; 1.400 en subsidios sociales y compensaciones tarifarias; 2.700 en servicios de escuelas; 1.300 en aumentos y bonos a asalariados y 700 millones en asistencia financiera para obras del viaducto San Martín, entre otras.

Desde la oposición María Rosa Muiños (BP) criticó la costumbre oficialista de ampliar o modificar presupuestos y explicó que su bloque no iba a votar en contra porque, por principios, nunca se opone a normas que incluyan mejoras para los trabajadores, pero que su discrepancia se expresaría a través de la abstención. En tanto, Mariano Recalde (UC) compartió estos argumentos pero explicó que su bancada votaría negativamente por considerar que los nuevos recursos se destinarán en gran parte al pago de deudas contraídas.

También argumentaron en contra los diputados de izquierda Fernando Vilardo (AyL), Myriam Bregman y Gabriel Solano (FIT).

Claudio Romero (VJ) cerró la lista de oradores defendiendo el proyecto que finalmente fue convertido en ley con 41 votos positivos de Vamos Juntos y sus aliados; 12 negativos de Unidad Ciudadana, FIT y AyL, y 4 abstenciones de BP.

Condonan deuda a dos Cámaras Empresarias

La Legislatura condonó a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés y de la Cámara de Empresarios Madereros y Afines por una deuda que mantienen con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de ABL, Mantenimiento y Conservación de Sumideros correspondiente al inmueble ubicado en el barrio de Recoleta -Comuna 2, calle Junín 1930/32/40/50/60/68, Azcuénaga S/N y Av. Pueyrredón N° 2.501 por el período diciembre 2018/2019.

«Mediante la firma del convenio entre la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se otorgó el uso precario del inmueble con el fin de salvaguardar las fuentes de trabajo durante dicho período», explican los fundamentos del proyecto, que tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto.

Con el voto oficialista, la Legislatura se manifestó sobre la crisis en ese Estado Plurinacional. Los demás bloques querían referirse a un golpe de Estado y repudiarlo.

La discrepancia que impidió el tratamiento de un texto consensuado giró en torno de la terminología utilizada para la declaración, ya que el oficialismo macrista hablaba de preocupación e interrupción del orden constitucional, mientras que los demás diputados, con sus matices, querían referirse a un «golpe de Estado» y expresar «el repudio» de la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo tanto, VJ impuso su mayoría para conseguir que de nueve proyectos presentados sobre el tema, en la sesión ordinaria de este jueves se debatiera sobre tablas y se votara únicamente la iniciativa oficialista de los diputados Guillermo Suárez y Claudio Romero (VJ).

La votación de ese pronunciamiento resultó: 31 votos afirmativos (VJ); 13 negativos (UC, PS, FIT, AyL) y 11 abstenciones (Evolución, BP, Gen y MC).

Guillermo Suárez (VJ) admitió que en el gobierno de Evo Morales hubo «innegables progresos» pero señaló que también «forzó hasta el límite las leyes y la constitución de su país». Habló del peligroso «retorno del militarismo en la región, con fuerzas armadas que son parte de un proyecto partidario para garantizar la permanencia en el poder».

El único orador que defendió el texto aprobado sostuvo que «el máximo ejemplo es el régimen bolivariano de Venezuela, con sus violaciones a los derechos humanos» e hizo alusión al informe Bachelet. Seguidamente, comparó que, en Bolivia, «Morales había empezado un proceso de militarización vinculado a la política partidaria y de persecución de opositores calificados de antipatrias».

Suárez concluyó afirmando que «no podemos permitir el retorno al militarismo en la región», criticó a los que «tienen una mirada parcial» de los hechos y sentenció que «para que vuelva la paz a Bolivia nosotros no ayudamos en nada si tomamos partido».

Las consideraciones oficialistas fueron en respuesta a una lista de oradores que, en general, criticó la postura del gobierno nacional por «su tibieza» o ambigüedad, sin repudiar lo que aseguraban que fue un golpe de Estado.

Victoria Montenegro (UC) fue la más enfática, dijo que «nuevamente el plan Cóndor está  sobrevolando nuestros países», recordó que los argentinos «tenemos una historia y heridas que todavía no hemos logrado curar» (en alusión a la última y cuenta dictadura local), tras lo cual enfatizó: » Nos indigna y avergüenza el comportamiento del presidente Macri. Nosotros tenemos un posicionamiento que es histórico. No hay eufemismos, esto es un golpe de estado cívico, militar y policial pasó acá al lado. ¿Creemos en la dignidad de los pueblos o no?, esa es la cuestión».

Su compañero de bancada Carlos Tomada preguntó: «¿Qué es esta negativa del actual gobierno a reconocer algo que es de sentido común?» y reclamó seguidamente: «Que el gobierno se defina, que se repudie el golpe de Estado, que no se reconozca a presidentes autoproclamados y se manifieste la más absoluta solidaridad al pueblo boliviano».

María Rosa Muiños (BP), pidió a la bancada de Vamos Juntos que reconsiderara el texto de su declaración. «Este es un golpe con fuertes componentes de clasismo y racismo, que el repudio sea contundente», sostuvo.

Leandro Halperín (Ev) compartió las manifestaciones de todos los diputados de la oposición; «es un golpe de Estado y debemos repudiarlo», pero también apuntó que «lo de Venezuela es una dictadura» y que «las mejoras que se hayan conseguido para el pueblo no pueden avalar ni el fraude ni las violaciones a los derechos humanos».

Roy Cortina (PS), a su vez, ironizó que «no se debe hacer un análisis etimológico de lo que es un golpe de Estado; no hay otra manera de llamar a lo que ha pasado en Bolivia». Marcelo Depierro (MJ) señaló que «no nos podemos permitir una postura tibia… con todo lo que ha pasado en la Argentina».

Similar a la postura de Sergio Abrevaya (Gen), que planteó «no licuar el texto, la palabra debe ser repudiar no preocupación. No podemos permitir un cambio de palabras que deje poco clara la posición de los argentinos frente a un golpe de Estado». Sin éxito, pidió a VJ «que modifique el texto».

Fernando Vilardo (AyL) repudió «el golpe y la política del gobierno argentino». Myriam Bregman, Laura Marrone y Gabriel Solano (FIT) se identificaron «junto a la lucha del pueblo de Bolivia, por la defensa de sus derechos y contra un golpe de Estado. Y en Chile, para que se vaya Piñera». También denunciaron «la mano de los Estados Unidos por detrás» e instaron «al pueblo a salir a la calle para aplastar a los fascistas».

Aceptan la donación de una gran escultura

En segunda lectura y luego de haber sido considerado en Audiencia Pública, los diputados porteños aceptaron por ley la donación de la escultura denominada Madre Tierra, que será instalada en la Plaza Francia, entre las avenidas del Libertador y Pueyrredón.

La obra del artista Barton Rubinstein es «símbolo de la sostenibilidad del proyecto de la madre tierra», tiene cinco metros de altura metros de altura, hecha en acero inoxidable, y fue donada a la Ciudad de Buenos Aires por la organización sin fines de lucro “Mother Earth Project”.

El propósito es que la gran escultura sea «como un recordatorio físico de la importancia de salvar el medio ambiente y vivir una vida sostenible. Se trata de un mensaje dirigido a todo el mundo como una manera de expresar el enfoque mundial en la lucha contra el cambio climático», fundamentaron los diputados del Bloque Peronista, autores de la iniciativa parlamentaria.

Solicitud al Ejecutivo

«La Legislatura de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires vería con agrado que el Poder Ejecutivo implemente una campaña anual de difusión, concientización y vacunación contra el Virus del Papiloma Humano -VPH- la cual dará comienzo el 4 de marzo de cada año, adhiriéndose así a la campaña internacional sobre la concientización del virus y sus enfermedades asociadas, por iniciativa de la Sociedad Internacional del Papilomavirus -IPVS- y la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia«, expresa el texto aprobado sobre tablas este jueves.

El VPH es la infección de transmisión sexual -ITS- más común. Casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida al tener relaciones sexuales orales, vaginales o anales con una persona que tenga el virus. Puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas. Puede causar cáncer de cuello uterino, de vulva, vagina, pene o ano. También puede afectar a la parte de atrás de la garganta, como en la base de la lengua y las amígdalas (llamado cáncer orofaríngeo).

La Secretaría de Salud de la Nación ha incorporado desde el año 2011 la vacuna dentro del calendario nacional de inmunizaciones según las recomendaciones de la CONAIN (Comisión Nacional de Inmunizaciones) de Argentina. Es una vacuna segura y eficaz que se administra con un esquema de dos dosis y brinda protección contra la mayoría de los tipos circulantes de VPH que producen cáncer cérvico uterino. Desde entonces se vacunan a las niñas de 11 años de edad, extendiéndose a los varones de 11 años a partir del año 2017. Sin embargo, los resultados de la vacunación recién podrán verse a mediano plazo (varios años), pudiéndose evaluar la disminución de la incidencia de lesiones precancerosas y a largo plazo (varias décadas) con la disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino. La diputada Patricia Vischi presentó el proyecto junto a su par Juan Nosiglia (Ev).

Los nuevos Consejeros fueron designados por el Cuerpo Parlamentario según lo establece la Constitución local y juraron en el marco de una Sesión Especial.

Francisco Quintana, Alberto Biglieri y Ana Salvatelli juraron hoy como Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, por un mandato de cuatro años, sin posibilidad de reelegir.

La Legislatura elige tres de los nueve miembros del organismo encargado de proponer los candidatos a jueces, proyectar el presupuesto y administrar el poder Judicial, entre otras atribuciones establecidas por la Constitución local.

El proceso de selección de candidatos tuvo tratamiento en la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control del Cuerpo Parlamentario que emitió su conformidad respecto a la compatibilidad para el cargo y antecedentes de los postulantes. También se realizó una Audiencia Pública en donde expusieron los nueve aspirantes a integrar el órganismo judicial.

El resto de los integrantes se nombran de la siguiente manera: tres jueces del Poder Judicial de la Ciudad excluidos los del Tribunal Superior, elegidos por el voto directo de sus pares y tres abogados o abogadas, elegidos por sus pares.

Los Consejeros designan al presidente del organismo y tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los jueces. Además pueden ser removidos por juicio político conforme el art. 115 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Misión institucional

El Consejo de la Magistratura tiene que asegurar la independencia del Poder Judicial porteño, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.

Antecedentes

Francisco Quintana es abogado de la Universidad Católica Argentina (UCA) con diploma de Honor. Fue diputado y Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participó el año pasado en la 23ª conferencia anual y reunión general de la As  ociación Internacional de Fiscales en Johannesburgo – Sudáfrica. Vicepresidente de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -CASSABA en liquidación, en representación del Cuerpo Legislativo porteño y autor de diversas publicaciones.

Alberto Biglieri es abogado de la Facultad de Derecho -Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Master of Business & Administration (MBA) – Universidad de Baltimore, Master en Administración, Derecho y Economía de los Servicio Públicos – Universidad Carlos III de Madrid, Universidad del Salvador y Escuela de Posgrado Ciudad Argentina. Actualmente es Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, miembro del Consejo de Redacción de la revista de opinión jurídica “URBE et IUS”, y del Honorable Consejo Superior de la UNLZ, entre otros cargos.

Ana Salvatelli es abogada recibida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires -UBA. Fue secretaria Legal y Técnica del Consejo de la Magistratura porteño, organismo al que ingresó en 2006. Además es coordinadora de la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública en la casa de altos estudios donde se formó y tiene un Magister otorgado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado – Procuración del Tesoro de la Nación.


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