Los diputados porteños dieron su acuerdo a la resolución del directorio de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires que determina las modalidades de apuestas, requisitos y obligaciones de agencias y usuarios
Con el voto mayoritario del bloque oficialista Vamos Juntos y la oposición de todas las demás bancadas, la Legislatura aprobó hoy la resolución de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado por medio de la cual se fijan las reglas, requisitos, estándares y limitaciones para los juegos de azar y sorteos con apuestas a través del uso de computadoras, teléfonos móviles u otros dispositivos similares. La norma incluye prescripciones de «política social integral de juego responsable», que deberán cumplir obligatoriamente las agencias y los usuarios del nuevo sistema «on line».
Lo avalado este jueves por los legisladores porteños es la resolución N° 80-LOTBA/19 «de aplicación para todos los juegos en línea de azar y/o destreza, apuestas deportivas, juegos virtuales y eventos no deportivos, realizados mediante la utilización de máquinas, instrumentos o soportes, de cualquier tipo o tecnología». Se trata de tragamonedas, ruleta, juegos de cartas (poker, black jack, punto y banca) y juegos «lotéricos» (aquellos en los que se otorgan premios en base a sorteos).
Se establecen los principios sustanciales respecto de los derechos, obligaciones, criterios de otorgamiento y caducidad de las Agencias de Juego en Línea; la modalidad de captación y recaudación y la homologación y requisitos de los sistemas técnicos. Además, se definieron los reglamentos de cada uno de los juegos y un anexo específico sobre la «política social e integral de juego responsable».
LOTBA S.E. podrá otorgar títulos habilitantes para la comercialización y/o distribución y/o expendio de los juegos previstos, para lo cual se harán convocatorias «de acuerdo a los principios de publicidad, defensa de la competencia, concurrencia, igualdad, difusión, eficiencia y eficacia, razonabilidad, transparencia y objetividad». Las concesiones serán por cinco años con la posibilidad de renovación por otro período similar.
Con el fin de asegurar la libre competencia se autorizará un número mínimo de tres Agencias de Juego en línea y estará terminantemente prohibida la exclusividad de la oferta en la comercialización y/o distribución y/o expendio de un evento o torneo deportivo.
Los requisitos para que las agencias obtengan sus licencias incluyen el cumplimiento de la «política social integral de juego responsable». Alude al no acceso de menores, registros de autoexclusión, campañas preventivas, información y publicidad contra el juego compulsivo, orientación al usuario, imposibilidad de otorgar préstamos a los apostadores, límites de tiempo de juego y de montos que se permiten depositar para poder jugar, etc.
Como explicaron los despachos legislativos de comisiones «LOTBA S.E. desarrolla e implementa una política de prevención integral, que incluye su normativa interna, sistemas, herramientas y procesos de monitoreo, control y reporte y todo otro aspecto requerido a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones ante la Unidad de Información Financiera», en lo atinente a «Política de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo» y el «Manual de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo».
También se ordena la de homologación y certificación – otorgada por laboratorios internacionales reconocidos por LOTBA S.E. – de todo el software, hardware, material de juego y demás componentes utilizados para la comercialización, distribución y expendio de los juegos en línea.
Para poder apostar, se deberá crear gratuitamente una cuenta de usuario en la cual se requerirá información necesaria para completar el proceso de registro. La cuenta será personal e intransferible. Los créditos que se depositen para poder jugar y el retiro de fondos se hará por los medios seleccionados por el apostador (por ejemplo, tarjetas de crédito, débito, etc.).
Uno de los anexos de la resolución es el reglamento y el detalle de cómo funciona cada uno de los juegos de apostes «on line».
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo llegó al recinto de sesiones con despacho conjunto de las comisiones de Presupuesto y de Desarrollo económico y fue aprobado con los votos del oficialismo.
Posturas en el debate
El presidente de la comisión asesora de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, diputado Christian Buab (VJ), abrió el debate como miembro informante e hizo una síntesis del contenido de la resolución en tratamiento, haciendo hincapié en los mecanismos creados para protección de los menores, la prevención de la ludopatía, el desaliento al juego compulsivo y los controles en general sobre agencias y usuarios.
En otra intervención posterior, el legislador oficialista mencionó que «se está trabajando» para que la registración de apostadores deba hacerse en algunas de las ya existentes agencias de loterías de la Ciudad (y no «on line» como dice lo aprobado hoy) para no afectar fuentes de trabajo de los agencieros de existencia física y real ya existentes, quienes estaban representados en las gradas del recinto por una veintena de ellos.
El resto de los discursos fue de los diputados de la oposición, con severas críticas al proyecto votado. Inés Gorbea (Ev) reiteró que su bancada se opuso y lo seguirá haciendo a toda la normativa sobre juegos de azar planteada por el Gobierno de la CABA. Dijo que «hay una transferencia de responsabilidades en favor de las futuras agencias de juegos en línea» y que la responsabilidad que le queda al Estado, representado por LOTBA SE, «es la de fomentar un negocio millonario».
Claudio Heredia (BP) aludió a «los insuficientes mecanismos de control» y a que los establecidos serán ejercidos por las propias agencias y sostuvo que «se acaba normalizando una actividad de riesgo que genera adicciones» y que «el sector más vulnerable de la sociedad es el que más queda expuesto».
Roy Cortina (PS) comenzó recordando la histórica postura del socialismo en contra de los juegos de azar, «de su promoción y proliferación», protestó que «la Legislatura en vez de legislar es obligada a votar por sí o por no un reglamento hecho por la propia LOTBA» y afirmó que «se viola la Constitución Nacional porque están concesionando los juegos de azar».
Sergio Abrevaya (Gen) señaló que se está habilitando un sistema de «extracción sistemática y permanente de lo poco que ganan los trabajadores», en referencia a los juegos en línea, y respecto a las atribuciones otorgadas a las futuras agencias calificó a la resolución en debate como un «disparate jurídico que va a terminar en la Justicia, además de dejar a 3.500 trabajadores en la calle».
Marcelo Depierro (MC) coincidió con los anteriores oradores y dijo que los legisladores estaban dando «un paso tristísimo, a favor de un negocio que a la Ciudad no le va a generar nada más que inconvenientes».
Gabriel Solano (FIT) denunció la acción «del lobby del juego» sobre las autoridades y legisladores, «lo que viene a arruinar la vida social de la comunidad» y comentó que «acá en la Legislatura hacemos como que debatimos, cuando en realidad el negocio ya está hecho y hasta se conocen los nombres de las empresas multinacionales que le van a robar a los trabajadores lo poco que tienen».
La votación arrojó 34 votos afirmativos del bloque Vamos Juntos y 26 votos negativos del resto de los legisladores, con la presencia de la totalidad (60) del cuerpo parlamentario.
Nombran dos jueces supremos y al fiscal general
En una sesión especial designaron hoy a los doctores Santiago Otamendi, Marcela Vivian De Langhe y Juan Bautista Mahiques para desempeñar altos cargos en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Legislatura aprobó hoy en una sesión especial las propuestas para que la Dra. Marcela Vivian De Langhe y el Dr. Santiago Otamendi integren el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y también dio su conformidad a la designación del Dr. Juan Bautista Mahiques como Fiscal General del Ministerio Público.
Los tres nombramientos surgen de propuestas que fueron enviadas a la Legislatura por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Allí los expedientes fueron analizados por la Comisión de Justicia y por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control; y finalmente los candidatos para los cargos en la justicia tuvieron que exponer sus antecedentes en Audiencia Pública.
Varios legisladores expresaron durante el debate sus posturas sobre los candidatos. El diputado Daniel Presti (VJ) sostuvo: «Estoy convencido que la designación va a fortalecer a la justicia y a los derechos humanos y que los postulantes son idóneos para ocupar los cargos propuestos», y aclaró que se analizaron y fueron desestimadas las impugnaciones que recibieron los doctores Santiago Otamendi y Juan Bautista Mahiques. Por su parte, Fernando Vilardo (AyL) manifestó su oposición a los candidatos al considerar que hubo «mecanismos antidemocráticos en estas designaciones». María Rosa Muiños (BP) cuestionó las afinidades políticas de los candidatos y aunque reconoció la legalidad del procedimiento expresó que carece de consenso. Myriam Bregman (PTS) planteó la necesidad de una elección de jueces y fiscales por voto popular, mientras que Gabriel Solano (FIT) dijo: «Estamos frente a un pacto político para copar la justicia en respuesta al poder de turno».
El diputado Mariano Recalde (UC) reconoció que «no se pueden elegir los postulantes en el contexto de crisis actual de legitimación del poder judicial» y que «las propuestas enviadas están perfiladas y tienen como denominación común un solo criterio, el de ser funcionarios del actual gobierno». La diputada Inés Gorbea (Ev) anticipó el voto positivo y el acompañamiento a los postulantes para lograr consolidar la autonomía de la ciudad. Destacó además que por primera vez habrá mayoría de mujeres formando parte del máximo tribunal de justicia de la jurisdicción».
La composición del Tribunal Superior de Justicia, según la Constitución de la Ciudad (artículo 111) establece que «está compuesto por cinco magistrados propuestos por el Jefe de Gobierno con acuerdo brindado por los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura de la Ciudad, en sesión pública especialmente convocada al efecto. Sólo son removidos por juicio político. En ningún caso podrán ser todos del mismo sexo».
Por otra parte, la Fiscalía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal son la misma institución. Tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial y se encuentra encabezado por un Fiscal General quien ejerce sus funciones ante el Tribunal Superior de Justicia, y por los demás funcionarios que de él dependen.
Antecedentes académicos y votación
La Dra. Marcela Vivian De Langhe es abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA, 1987), Especialista en Derecho Penal, por la Universidad de Buenos Aires (UBA, 1992) y Especialista en Políticas Públicas en Seguridad, por la Universidad de Buenos Aires (UBA 2012), ha cursado posgrados internacionales y se encuentra Doctorando en Derecho Penal y Ciencias Penales, por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Del Salvador (USAL, actualidad), constando entre sus antecedentes el ejercicio de magistraturas de alto nivel e importancia. Su postulación resultó aprobada con 43 votos a favor (VJ, Ev, PS, MC); 4 en contra (izquierda) y 11 abstenciones (UC, BP).
El Dr. Santiago Otamendi es abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina (1990), cuenta con un curso de Posgrado en Actualización en Derecho Penal (Pontificia Universidad Católica Argentina, 1999) y ha completado el Programa Ejecutivo en Administración y Modernización Judicial de la Universidad Carlos III de Madrid, Fundación Carolina de Argentina y Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2006), constando entre sus antecedentes profesionales el ejercicio de la magistratura. Su postulación resultó aprobada con 41 votos a favor (VJ, Ev, MC), 11 en contra (UC y la izquierda) y 6 abstenciones (PS y BP).
El Dr. Juan Bautista Mahiques es abogado por la Universidad de Buenos Aires (2008), y Magister en Administración de Justicia por la Universitá Degli Studi Di Roma
Unitelma Sapienza (2018), constando entre sus antecedentes personales el ejercicio de cargos de alto nivel e importancia, que significarán un aporte profesional de gran envergadura al Ministerio Público Fiscal de nuestra Ciudad. Su postulación resultó aprobada con 43 votos a favor (VJ, Ev, PS, MC), 11 en contra (UC y la izquierda) y 4 abstenciones (BP).