Avanza el proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio

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ANTE UN PLENARIO DE COMISIONES DEL SENADO, LOS MINISTROS DE TRABAJO, CLAUDIO MORONI; EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL, LUIS BULIT GOÑI; Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ANSES, ALEJANDRO VANOLI, SE EXPLAYARON SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA Y RESPONDIERON PREGUNTAS DE LOS SENADORES. AL CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA LOS LEGISLADORES SE APRESTABAN A FIRMAR UN DICTAMEN DE MAYORÍA Y UNO DE MINORÍA. EL JEFE DEL BLOQUE OFICIALISTA, JOSÉ MAYANS, AFIRMÓ QUE EL TEMA ESTÁ EN CONDICIONES DE SER TRATADO LA SEMANA QUE VIENE EN EL RECINTO

Se llevó a cabo el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsional Social -presidida por los senadores de La Pampa, Daniel Lovera (FdT) y de Presupuesto y Hacienda a cargo de Carlos Caserio (Córdoba – FdT), donde participaron autoridades del gobierno nacional que defendieron el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.  Se trata del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli. Luego expusieron Marcelo Gallo Tagle y Néstor Fasciolo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia; Edgardo Marceno de la Asociación de Fiscales y Funcionarios, Marta Insausti de la Asociación  Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, Julio Piumato de la Unión Empleados de la Justicia  de la Nación y Joaquín Consiglio del Sindicato de Trabajadores de la Justicia.

Al iniciar su exposición en el Salón Azul, Moroni destacó que «la Ley de Emergencia Social establece un sistema de reparto solidario y redistributivo, principios que no se estaban cumpliendo porque estábamos destinando una gran cantidad de recursos a pocos beneficiarios».

Manifestó que «al analizar a los beneficiarios encontramos dos regímenes especiales que sobresalían por su nivel de prestaciones y por el déficit que le provocan al régimen general: el régimen para magistrados y funcionarios y el del servicio exterior».

Asimismo el ministro de la cartera de Trabajo aseguró que «no quisimos dejar de hacer un régimen especial para jueces y magistrados porque la Constitución establece un régimen de diferencia ya que hay ciertas desigualdades que la Constitución considera razonables en la labor independiente de los jueces, pero el tema es la cuantía de la desigualdad: ¿cuánta desigualdad es necesario para que un juez actúe en forma independiente?»

En ese sentido concluyó que «no estamos planteando un reforma agresiva sino que el haber tenga que ver con el esfuerzo contributivo, que exista una relación entre el haber y el régimen contributivo».

Posteriormente, el secretario de Seguridad Social aseguró que «este es un proyecto modesto y prudente en el sentido de que las reformas que se introducen son básicamente paramétricas y dejan vigentes, para el Poder Judicial, cuestiones vinculadas a garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de jueces y de magistrados de Ministerio Público».

El funcionario explicó que «el objetivo concreto de este proyecto es tratar de buscar herramientas que permitan disminuir el déficit y generar condiciones para reforzar estos principios de contribución, solidaridad y redistribución de los ingresos». «Con esta reforma se proyecta que, para el año 2040, la reducción del déficit podría alcanzar un 72% para el régimen para magistrados y a una reducción del 35% en el caso del régimen para funcionarios del servicio exterior», concluyó.

Por último el titular de la ANSeS consideró «saludable que después de varias décadas, donde estos temas prácticamente  no se han discutido, estén en la agenda de discusión social y que la sociedad discuta de qué manera se debe retribuir tanto a los activos como a los pasivos en todo el sistema».

Vanoli sostuvo que «es muy difícil justificar que por un lado se paguen jubilaciones de 800.000 pesos, cuando las jubilaciones medias están en 20.000 pesos y las mínimas en 17.000 y que aproximadamente un 40% de la gente que debería entrar en el beneficio no tiene la posibilidad de hacerlo». «Esto hace que en un sistema de reparto y de solidaridad se introduzca una discusión estructural de cómo asignar de una manera justa los recursos y los gastos en toda la sociedad», añadió.

La propuesta del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.

El texto del proyecto también fija que podrán acceder a esta jubilación especial magistrados y fiscales, prosecretarios administrativos y jefes de despachos, y los miembros del servicio exterior.

Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder en el caso de los hombres al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.

Para acceder a este régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.

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