CFK: “El mundo sigue andando”

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La Presidente intentó desdramatizar la situación respecto a la cesación de pagos en que la Argentina ha entrado debido al fallo del juez Griesa en favor de los fondos buitres, en medio de un mensaje por cadena nacional en el que anunció un aumento de las jubilaciones del 17, 21 % a partir del 1 de septiembre; la renegociación de la deuda de algunas provincias con la nación y un paquete de proyectos con nuevas herramientas para los consumidores.

En otras palabras, CFK anunció que seguirá cumpliendo con la ley de movilidad jubilatoria; con el Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, y que hará uso de las facultades que le concede el artículo 77 de la CN. Todas cuestiones muy alentadoras y que hicieron de marco adecuado para referirse a lo que verdaderamente le interesaba: que no cambiará su posición respecto a la sentencia del Juez Griesa y que no hay motivos para preocuparse por lo que se niega a denominar default.

Sobre el supuesto default

Acompañada por gobernadores y funcionarios, recordó un discurso del ex presidente Néstor Kirchner pronunciado en febrero de 2004 en San Nicolás, en el cual señalaba que era hora de que “el mundo le ponga freno a los fondos buitre y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con la Argentina que está quebrada”.

“Los mismos que dicen que hay que arreglar a cualquier costa son los mismos que nos endeudaron”, leyó Cristina, evocando a cuando Kirchner se refirió a la situación de la deuda argentina en 2004.

La jefa del Estado se refirió a las calificadoras de riesgos y les advirtió que “van a tener que inventar una nueva palabra” porque default “es no pagar, no impedir que se cobre”.

“Negarse al diálogo, sea con quien sea, es un absurdo en el mundo contemporáneo. Dialogamos siempre. Y nos queremos hacer 100 por ciento responsables de la deuda de nuestros acreedores en forma justa y sustentable. No nos negamos a pagarles, les ofrecimos entrar al canje en las mismas condiciones (de 2010). Pero ellos quieren la sentencia casi usuraria que les da el 1.000% de rentabilidad”, enfatizó.

Finalmente señaló que todo lo que haga el Gobierno en materia de deuda externa “pasará por el Congreso” y estará sometido a la Constitución Nacional, y pidió a los argentinos “que se queden tranquilos, que no vamos a hacer nada que esté fuera de la ley”.

Refinanciación de deudas provinciales

La presidente anunció la renegociación de la deuda que mantienen las provincias con la nación, en un acuerdo que incluyó a 13 distritos, menos a Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut, provincias con las que casualmente mantiene una disputa por la falta de apoyo de las mismas al proyecto de nueva ley de hidrocarburos que impulsa el Ejecutivo.

Sobre jubilaciones

De acuerdo a lo anunciado hoy, a partir del 1 de septiembre próximo los haberes mínimos jubilatorios se incrementarán 17,21%, elevando el piso de $ 2.757 a $ 3.231, lo que representa un aumento del 2054% en los últimos doce años.

La jefa del Estado recalcó que con el aumento de septiembre -que sumado al 11,31% de marzo resulta un 30,47% anual-, se pagarán 375.720 millones de pesos anuales en jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.

Sobre los derechos del consumidor

El paquete de proyectos anunciado por la jefa de Estado tiene tres nuevas herramientas para los consumidores: crea una instancia de conciliación obligatoria entre la empresa y el usuario y de no alcanzarse un acuerdo le da al consumidor la posibilidad de dirigirse a una autoridad administrativa con capacidad de otorgar indemnizaciones o a un nuevo fuero judicial adaptado a sus necesidades.

“Queremos darle el derecho a los consumidores de ser defendidos”, sintetizó la mandataria tras explicar que los tres proyectos de ley anunciados prevén reglamentar el artículo 42 de la ley de Defensa del Consumidor en la Constitución “no solo son para proteger los derechos de los usuarios sino también para darle más competitividad a la economía porque va exigir más responsabilidad de los empresarios”.

Durante el mismo acto, pero antes de que Cristina realizará el anuncio por cadena nacional, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, había brindado detalles sobre el paquete de leyes que tiene a defender a los usuarios y consumidores frente al poder de las empresas a las que denuncian.

“Hoy cuando se accede (al servicio de atención al cliente) y hay multa, las empresas apelan esa multa y se va a un proceso ordinario que es para cuando hay igualdad ante las partes y acá no estamos ante igualdad de partes”, había manifestado.

El paquete de proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso prevé la implementación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo (Coprec) que permitirá al consumidor realizar la denuncia y contar con patrocinio jurídico gratuito: podrá presentar a las audiencias con un Defensor Oficial de las Relaciones del Consumo.

El Servicio de Conciliación funcionará en todo el país, en la órbita de la Secretaría de Comercio, y contará con conciliadores especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía.

En caso de no lograr un acuerdo con la firma denunciada, el consumidor tendrá dos opciones de las cuales una será la de pedir una solución rápida ante la Secretaría de Comercio que tiene facultades para indemnizar al damnificado por un monto de hasta 15 salarios mínimos (55.000 pesos).

La opción alternativa que tendrá el consumidor será recurrir al nuevo fuero de la justicia nacional en la relaciones del consumo para exigir una reparación integral de hasta 60 salarios mínimos (220.000 pesos).

El fuero estará conformado por ocho juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones que actuará en dos Salas de tres jueces cada una.

El nuevo fuero tiende a brindar celeridad a la resolución de los reclamos de los consumidores ya que permitirá concentrar la actividad procesal en una única audiencia en la que el juez podrá dictar sentencia, informaron fuentes del Ministerio de Justicia.

Otros de los principios que garantizará el nuevo fuero serán: inmediación (el consumidor participa y tiene contacto con la autoridad), oralidad (audiencia pública y procedimiento oral), gratuidad (patrocinio jurídico gratuito) y protección al consumidor (principio pro consumidor).

La idea de brindar nuevas alternativas al consumidor había sido impulsada por la Presidenta durante su discurso en la apertura de sesiones legislativas cuando dijo: “Vamos a tener que abocarnos desde el Ejecutivo y también desde este Legislativo a sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”.

En el mismo paquete de proyectos que la jefa de Estado mandará al Congreso se prevé la creación del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios en el ámbito de la Secretaría de Comercio, con el fin de intervenir en estados previos de las cadenas de valor.

En el Observatorio tendrán participación las Asociaciones de Consumidores y las áreas técnicas de los Ministerios de acuerdo a cada temática.

En el paquete de proyectos también se prevé la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Lealtad Comercial, a través de un aumento del tope de las multas aplicable a empresas que incumplan la normativa (de 500 mil pesos a 5 millones ), y de la incorporación de otro tipo de sanciones como clausura del local y pérdida de beneficios fiscales.

También se modificaría la ley de Defensa de la competencia y la ley de Abastecimiento, y se impulsará una nueva ley de Regulación de las relaciones de producción y consumo.

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