Comenzó el tratamiento del proyecto oficialista de reforma del Consejo de la Magistratura.

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LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES RECIBIÓ AL PRESIDENTE DE ESE ÓRGANO Y A REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE MAGISTRADOS Y COLEGIOS PÚBLICOS DE ABOGADOS

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Pablo Tonelli (PRO), recibió al presidente del Consejo de la Magistratura y a representantes de asociaciones de magistrados y colegios públicos de abogados, para comenzar el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura.

El diputado Tonelli explicó que “recibimos a los expositores con sus ideas y sugerencias sobre este proyecto de reforma que trataremos junto con la Comisión de Justicia, nos interesa escucharlos a todos”. Y sobre el final adelantó que “la problemática del proyecto se dará en la ampliación y elección de los miembros del Consejo”.

El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, explicó que “tenemos que tener conciencia de que pertenecemos al órgano de la Constitución: no somos de la política, ni de gremios. Hay una necesidad de la reforma, hay que adecuarlo al espíritu constitucional”.

Piedecasas llamó a “procurar equilibrio en la composición” y argumentó que “para garantizar la idoneidad técnica se incorporan los estamentos académicos y científicos”. Igualmente valoró la incorporación del concepto de minorías y apoyó la perspectiva de género.

“La ley debe resolver el criterio para ser consejero. Es un acierto que los legisladores sean representantes. Y me parece fabuloso discutir con ellos, los representantes de la política no han sido obstáculo para el ejercicio, sí lo han sido las gestiones”, admitió el titular del Consejo.

En representación de la Federación Argentina del Colegio de Abogados estuvo su vicepresidente 1°, Hernán Colli, quien advirtió que presentaron “un proyecto alternativo, en el cual plantearon discrepancias con el del Ejecutivo”.

“La observación principal tiene que ver con que, desde el año 1994, ninguna de las leyes ha respetado la cláusula de los tres estamentos con equilibrio. La cláusula constitucional no se cumple”, alegó.

“Necesitamos otro perfil de jueces, que se jerarquice la terna y mejoren técnicas, y que se despolitice”, agregó. Asimismo, Colli pidió que el Consejo tenga “una integración federal, con representación paritaria entre hombres y mujeres”.

Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo y manifestó que “con esta reforma se incorporan dos abogados y un juez, sobresale el estamento técnico”.

En tanto, planteó la necesidad de que haya representantes de la Capital Federal: “Hay un 80% de jueces, catedráticos y abogados radicados en la Capital”.

Diego Molea, Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, realizó críticas al proyecto y reclamó que “la conformación de personas del ámbito académico está establecida en plural en la Constitución, debería haber por lo menos dos representantes académicos, y acá no los hay. Eso nos preocupa”.

“A los rectores se nos elige por voto directo de los claustros. Proponemos que nos elijan porque representamos a millones: el 80% de la investigación científica se produce en facultades nacionales. Son los rectores que tienen que representar este ámbito, porque tienen la legitimidad por sobre los docentes de colegios de abogados”, consideró Molea.

Además, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, brindó sugerencias en materia de “liderazgo, trabajo en equipo y gestión, porque necesitamos esto para trabajar”.

Propuso “dar un curso de preparación para los que lleguen a las ternas porque trabajamos con carencias de recursos” y que “los jueces se comprometan a dar sus datos para hacer un seguimiento adecuado”.

Asimismo reconoció que “es buena la decisión de los concursos anticipados” y consideró que “los jurados deberían ser elegidos por materia, sobre todo para tener jurados expertos en temáticas”.

Gabriela Vázquez, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces del Poder Judicial de la Nación, planteó la falta de perspectiva de género y  explicó que el proyecto “carece de lenguaje inclusivo e invisibiliza a las mujeres”.

“El mapa de género en cuanto al Poder Judicial confirma empíricamente que la mayor parte que ejerce la justicia somos mujeres, somos el 56%, y la presencia femenina en cargos jerárquicos es menor”, ejemplificó.

En este sentido, Vázquez propuso una “incorporación equilibrada de mujeres y hombres, también en la ternas y en la asignación de puntajes”, así como también reclamó por “el lenguaje inclusivo en el texto de la ley”.

Por último, Julio Piumato, secretario general del Sindicato de Empleados de la Justicia Nacional, dio un planteo ideológico sobre el Consejo: “La Justicia es el único poder cuya administración lo hace otro poder del Estado”.

“La cabeza del Consejo debe estar en manos de la Corte Suprema, discrepamos con el proyecto en la medida en que plantea que el integrante de la Corte sea rotativo, nos parece un disparate”, criticó.

En cambio, reivindicó “la representación de los trabajadores que debería estar en la ley, como existe en algunas provincias, con una experiencia positiva”.

La iniciativa del Poder Ejecutivo -enviada en noviembre de 2017 al Congreso- prevé ampliar la composición del Consejo a 16 miembros- actualmente son 13, se suma un integrante por parte del Poder Judicial, y dos abogados civiles. Además, los consejeros sólo pueden acceder a una reelección consecutiva.

Por su parte, será prohibida la entrada al Consejo para condenados por delitos de lesa humanidad y/o corrupción, como así también aquellos que hayan cometido delitos dolosos en los últimos 20 años o sanciones administrativas, disciplinarias o condenas por delitos dolosos en los últimos 10 años.

A su vez, se establece que deberán cumplir los mismos requisitos que se requieren para ser ministro de la Corte, un mínimo de ocho años de ejercicio como abogado (con matrícula federal) y al menos 30 años de edad, con seis o más de residencia en la Argentina.

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