Comenzó el tratamiento sobre la extinción de dominio de bienes malhabidos

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Los integrantes de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico iniciaron el tratamiento sobre la extinción de dominio y resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 7 de agosto en procura de unificar criterios para emitir un solo dictamen consensuado y superador.

La reunión se desarrolló con la presidencia compartida por los senadores justicialistas entrerrianos, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath quienes, tras escuchar a los interlocutores de los tres bloques con diferentes proyectos, decidieron interrumpir el encuentro por dos semanas con el propósito de alcanzar un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

El salteño Rodolfo Urtubey explicó inicialmente los alcances de la iniciativa elaborada por los integrantes del bloque del Partido Justicialista que encabeza Miguel Angel Pichetto; luego hizo lo propio la santafesina María de los Angeles Sacnun en representación del Frente Para la Victoria y finalmente habló el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, informando cuál era la iniciativa del oficialismo.

Las  tres intenciones tenían mayoritariamente coincidencias entre sí aunque presentaban algunas diferencias que fueron expuestas por los voceros de los bloques y algunos otros senadores de las distintas bancadas.

Luego que el senador cordobés Ernesto Martínez (PRO) se convirtiera en punta de lanza para tratar de llegar a un entendimiento general, ya que según dijo de lo contrario “con tres dictámenes se volvería al disparate o al mamarracho” de la iniciativa que llegó de Diputados en el 2016 con media sanción, las autoridades del plenario dispusieron la concreción de un cuarto intermedio.

Existe acuerdo en que el decomiso y desapoderamiento de los bienes de origen ilícito  se concrete “en el inicio del proceso cautelar” pero por ejemplo Sacnun pidió que se incorporen “todos los delitos” a la extinción de dominio, como por ejemplo “los de cuestiones económicas, financieras, el manejo de la bolsa, la información privilegiada, las empresas offshore para esconder bienes productos de delitos como lavado de activos, evasión fiscal o  narcotráfico”.

“Los bienes adquiridos antes de que se llegue a la función pública deben ser apartados de la extinción de dominio”, reclamó el rionegrino Pichetto mientras que el porteño Pinedo se pronunció para que “solo sea para el caso de delitos complejos como son los de narcotráfico, financiamiento de terrorismo, trata de personas y algunos hechos de corrupción que generen provecho”.

Asimismo hubo reclamos para que no sea el Procurador General del Tesoro el que disponga de los bienes que “reciba el Estado a través de una agencia” luego de retirárselos a quienes admitan que los obtuvieron con fondos producidos por delitos.

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