Este martes continuó la reunión plenaria de comisiones que pasara a cuarto intermedio el pasado miércoles, y tras escucharse las opiniones de juristas, representantes de entidades empresarias y de organizaciones de defensa del consumidor, el oficialismo aprobó con modificaciones los tres proyectos en estudio, los que se tratarán en el recinto el próximo miércoles 3 de setiembre.
Se trata de los siguientes proyectos:
298/14 – Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE Nº 1250/14 ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS RELACIONES DE CONSUMO.
299/14 – Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1251/14 Y PROYECTO DE LEY CREANDO EL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS.
300/14 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE Nº 1252/14 Y PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO UNA NUEVA REGULACION DE LAS RELACIONES DE PRODUCCION Y CONSUMO.
Los invitados expusieron en el Salón Azul ante los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Presupuesto y Hacienda; de Justicia y Asuntos Penales; de Derechos y Garantías; y de Industria y Comercio.
Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, apoyó la creación del nuevo fuero judicial, lo que en su opinión constituye “un momento histórico para la defensa de los derechos del consumidor”.
En el mismo sentido Héctor Polino, Presidente de la Asociación Consumidores Libres adelantó su adhesión al proyecto de creación de un foro judicial para los reclamos de los consumidores, pero respecto a la reforma a la Ley de Abastecimiento señaló que difícilmente solucione los problemas de fondo, que son la inflación, la enorme concentración y extranjerización de la economía argentina. Sin perjuicio de ello, admitió que la ley de abastecimiento vigente es mucho más drástica y severa que la que propone el PEN.
Mucho más contundente en su apoyo fue Osvaldo Bassano titular de la Asociación de Defensa de los Derechos del Consumidor (ADDUC), quien negó el intervencionismo que se le atribuye a estas normas, señalando que Brasil y la Unión Europea “tienen las mismas regulaciones que la ley de abastecimiento”. El Estado debe contar con “herramientas fuertes”, concluyó.
La hora de las críticas
En cambio el representante de la Asociación Será Justicia, Guillermo Lipera, sentenció que el proyecto de ley de abastecimiento “regula toda la libertad de comercio, afectando el derecho a la propiedad y violando el artículo 28 de la Constitución Nacional”. Asimismo señaló que al menos “genera incertidumbre”, por lo que nadie invertirá “si tiene que preguntar a la Secretaría de Comercio si puede vender o cuánto puede vender”.
En el mismo sentido Alberto Morelli, titular de la de la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA) señaló que la ley de abastecimiento “se basa en principios opuestos a los de la Constitución”
La Unión Industrial Argentina, representada por Daniel Funes de Rioja, reiteró su total rechazo a la reforma de la Ley de Abastecimiento dado que otorga “facultades discrecionales” al Poder Ejecutivo y genera “inseguridad jurídica”. Es “inconstitucional, inconveniente, inoportuno”, por lo que será cuestionado judicialmente, concluyó.
También el diputado nacional (m/c) Ricardo Gil Lavedra expresó sus críticas explicando que lo que está en discusión no son las facultades regulatorias del Estado sino los límites y alcances de las mismas. “Esto no cumple con el artículo 76 de la Constitución. Va a ser invalidado por los tribunales”, concluyó.
Por ello pronosticó que la ley de abastecimiento será declarada inconstitucional.
Las modificaciones aceptadas por el oficialismo
Tras diversas reuniones con los representantes de la Secretaría de Justicia de la Nación, el oficialismo introdujo modificaciones al proyecto original de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” para excluir a las pymes, eliminar las clausuras definitivas y facultar al PEN para que determine la autoridad de aplicación, que en el texto original era la Secretaría de Comercio.
Julián Álvarez también aceptó cambios en el expediente 298, con los cuales en este caso sí logró el apoyo de la oposición. El principal es el reconocimiento de la competencia provincial en la conciliación, salvo en lo que respecta a sanciones aplicadas por la secretaría de Comercio. También el domicilio del demandado será suficiente para entablar jurisdicción, suprimiendo el del consumidor.
