Consideraciones sobre el alegato de CFK

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Por Miguel Córdoba

CFK reapareció en el Senado para –con la ayuda de la impericia de Michetti- montar el circo de su victimización por el delito que le imputa el Juez Bonadío y por el cual ha solicitado su desafuero para proceder a la prisión preventiva.

Con la tranquilidad de la postura adelantada por Pichetto, jefe de la primera minoría opositora en el Senado, y de la imposibilidad y desinterés del oficialismo en impulsar su desafuero, la Senadora Cristina Fernández copó el inicio de la última sesión del año y el interés de todos los medios. Mediante una cuestión de privilegio –cuya duración se triplicó gracias a la permisividad de la Presidencia- hizo un extenso alegato, fiel a su estilo, mezclando un poco de todo.

Dejando de lado muchos de los conceptos de su exposición, en lo que a su defensa compete, volvió a remitirse a lo resuelto por el doctor Daniel Eduardo Rafecas cuando desestimó la denuncia del  fiscal Nisman por inexistencia de delito. “La negociación, suscripción y aprobación del memorando son cuestiones políticas no  justiciables, siendo la negociación internacional una  facultad privativa y excluyente del Poder Ejecutivo Nacional”, sostiene CFK. Parece raro que la ex presidente insista con una tesitura que ya fuera desestimada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en diciembre de 2016 y por la Suprema Corte, cuando en setiembre de este año desestimó el recurso de queja interpuesto por el ex ministro Timerman.

La comparación que la senadora hizo con el acuerdo que la vicepresidente Gabriela Michetti firmó con Qatar en representación del actual gobierno, no sería un gran argumento. El Acuerdo firmado por Michetti podrá ser horrible pero no constituye un ilícito, a menos que las malas decisiones de un gobierno comiencen a ser consideradas traiciones a la Patria.

Es que si bien en lo formal el Memorándum con Irán constituyó un acto de gobierno lícito, las 150 pruebas que pondera Bonadío, apuntan a demostrar objetivos no explicitados en el acuerdo y ahí residiría el delito.

Veamos lo que dice la imputación:

Este documento (el Memorándum) fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y  políticamente por el gobierno de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ al momento de su firma y durante el trámite  parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa A.M.I.A., cuando en verdad se procuraba la normalización de las relaciones con la República Islámica de Irán, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina y en contraposición a los artículos 18, 109 y 116 de la Constitución Nacional, toda vez que al establecer la “Comisión de la Verdad”, con la facultad de revisar la  prueba de la causa, promover otras hipótesis de investigación significaba en la práctica exculpar al Gobierno de la República Islámica de Irán.

(…)Estos funcionarios del Estado Nacional (CFK, Héctor Timerman y demás imputados), abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados, participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la A.M.I.A. y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados, siendo que por el artículo 7° se le daba operatividad autónoma al proceso de aprobación del Memorando”.

El hecho que el Memorándum haya recibido ratificación parlamentaria y que por ese motivo también deberían estar imputados todos los que lo votaron, tampoco parece un argumento de defensa muy convincente. A menos que aparezcan pruebas en contrario, los legisladores podrán aducir que votaron de buena fe, convencidos de los argumentos con los que el Ejecutivo elevó el Memorándum para su aprobación.

El propio Bonadío señala en el fallo: “Finalmente, es menester señalar que este proceso que comenzara en septiembre de 2010 y finaliza en enero de 2013 fue realizado con absoluta prescindencia de los más importantes miembros del gabinete nacional, o de los líderes parlamentarios oficialistas como surge de las distintas testimoniales rendidas en la presente causa (…)”

No deja de sorprenderme que legisladores bien formados y experimentados hayan votado la aprobación de semejante adefesio. Confieso que nunca había leído el Memorándum hasta que escribí estas líneas y luego de sentir una enorme vergüenza por mi desinformación (leer una carilla con disposiciones rudimentarias que bien podría haber escrito un estudiante de nivel secundario, no representa un gran esfuerzo para nadie), me invadió una enorme vergüenza ajena.

Pero volviendo a lo importante, es sabido que los legisladores muchas veces han votado leyes claramente inconstitucionales. Por ello nuestra Constitución es sabia y le otorga a la Corte el control de constitucionalidad. El Memorándum era sin dudas inconstitucional porque desde el principio representaba una intromisión del Poder Ejecutivo en una causa en trámite, lo que está expresamente vedado por el artículo 109 de la CN.

El lector podrá preguntarse por qué un acuerdo como el firmado representa una intromisión por parte de un Poder Ejecutivo que tiene facultades constitucionales para conmutar penas o indultar (art. 99, inc.5 de la CN). Si bien existe un principio general por el cual “quien puede lo más, puede lo menos”, el derecho a la defensa es mucho más importante dado que garantiza el derecho a demostrar la inocencia.

Claro que no todos tienen el mismo interés en demostrar su inocencia. Tal vez porque no puedan.

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