CONTINUÓ EL DEBATE SOBRE EL TRASPASO DE LA POLICÍA FEDERAL A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

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SENADORES ANALIZARON HOY DURANTE CASI CUATRO HORAS EL CONVENIO DE TRASPASO DE LA POLICÍA FEDERAL A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda mantuvieron una segunda reunión en la semana, conducida por la senadora por Santa Fe María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos), para escuchar las exposiciones de tres funcionarios del ministerio de Seguridad de la Nación y cinco constitucionalistas. Mañana a partir de las 13hs se continuará con el debate que pasó a un cuarto intermedio.

En primer término se avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que aprueba el «convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires»,   firmado el 5 de enero del 2016.

La reunión comenzó con una exposición de Daniel Fihman, secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia institucional del ministerio de Seguridad de la Nación, quien consignó que el costo del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad en 2016 fue de casi 8.047 millones de pesos

De inmediato, Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del ministerio de Seguridad, ratificó la cifra que brindó su antecesor y precisó que se transfirieron «19.953 hombres y mujeres, de los cuales 1642 eran oficiales superiores o jefes, el resto era personal subalterno, y esa es la integración lógica e histórica».

A su turno Gabriel Fucks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, remarcó que «se busca la ratificación estricta del convenio que firmaron el expresidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el 5 de enero de 2016».

Fucks consideró que la Policía de la Ciudad «tiene actualmente una suma no menor de 29 mil efectivos y puede estar en los 32 mil, cuando con 9 mil estaría satisfaciendo la seguridad para los 3 millones de habitantes por la superficie que tiene y con 20 mil estaría bien si se tiene en cuenta el ingreso de otras 3 millones diarias, si se tiene en cuenta la recomendación de la ONU que habla de 300 efectivos cada 100 mil personas».

Aclaró que el gobierno nacional «no tiene ninguna animosidad, no hay una mirada negativa» con la Ciudad de Buenos Aires ya que «hay un contexto de respeto» entre ambas jurisdicciones, a punto tal que destacó el trabajo que realiza la policía de la Ciudad «en el marco de la pandemia».

Las exposiciones de los tres funcionarios del ministerio de Seguridad de la Nación fueron rebatidas puntualmente por los dos senadores del Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri y Martín Lousteau, quienes se preguntaron si desde la Nación «¿quieren menos policías en la Ciudad o quieren que se les pague menos?».

Posteriormente pasó a tratarse el proyecto de ley que establece que la participación que corresponde a la ciudad de Buenos Aires se fija en un coeficiente al 1,4 por ciento sobre el total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la ley 23.548 y sustituyendo el artículo 7 de la ley 24.588 -garantía de los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires- respecto de su competencia en materia de seguridad

El constitucionalista Daniel Sabsay criticó el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández por el que se le disminuye la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires al entender que representa «un despojo arbitrario e incongruente» y considerar que «hay una manía revisionista que destruye la seguridad jurídica y se viene repitiendo en diversos campos».

Sabsay juzgó que, a través del decreto que decide llevar «al 1,4 por ciento» la coparticipación para la ciudad «lo cual es menor a lo que se le otorgaba antes de la transferencia de la policía», el presidente «se transforma en un emperador, porque decide a quien le saca y al que se lo otorga, en una suerte de monarquía».

Al término de su alocución varios legisladores le realizaron diversas preguntas y el senador por Neuquén Oscar Parrilli (Frente de Todos) pidió la palabra para expresar su «desagrado por dos expresiones de Sabsay, que acusó al presidente de ser monarca y antidemocrático. Me parece de muy mal gusto que venga a expresar estas manifestaciones».

Sabsay respondió: «Parrilli insiste en criticar a un invitado. Yo se que quien es maltratado, maltrata. A mí no me maltrata nadie. No le voy a permitir que me trate de ese modo, para tratar de desprestigiarme y hablar mal de mi».

Posteriormente hablaron el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el exdiputado nacional Antonio María Hernández quienes se refirieron al federalismo y a la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

«Este convenio viene a concretar una política de estado en aras de consolidar la autonomía de la Ciudad y es el Congreso el ámbito natural para que estas cuestiones que involucran al federalismo se concrete», dijo Gil Domínguez.

En cambio el ex legislador cordobés Hernández advirtió que «el decreto es inconstitucional y violatorio» de disposiciones, entendió que las cuestiones de coparticipación deben decidirse a través «del consenso  y acuerdos» entre la Nación y las provincias. «No puede seguir este grado de arbitrariedad en la materia, ahora se trata de beneficiar a la provincia de Buenos Aires, antes fue Santa Cruz y antes fue La Rioja», agregó

De inmediato, Federico Pinedo, expresidente provisional del Senado, remarcó que para la coparticipación federal «debe haber un acuerdo de voluntades y nadie puede modificarla unilateralmente», puntualizó que «la Nación no tiene ninguna facultad para quitarle coparticipación a una provincia, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es equiparable a las provincias».

Citando un fallo de la Corte Suprema sobre una situación registrada en la provincia de Entre Ríos, Pinedo subrayó que «la Corte dice que si no hay acuerdo, no puede haber modificación» de la coparticipación y por otra parte aclaró que lo firmado oportunamente por el ex presidente Macri «está avalado por 8 leyes».

Finalmente el especialista en derecho constitucional, Carlos Balbín, dijo que el decreto de Macri «es un acto legítimo» mientras que «el de Alberto Fernández parte que el de Macri fue ilegítimo» y puntualizó que «si una asignación es legítima debe reverse con la participación de la jurisdicción beneficiaria, y si ha sido ilegítima debe ser a través de una decisión judicial».

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