DICTAMEN FAVORABLE AL PROYECTO QUE RECUSA A JUECES CON FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

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Se trata de una iniciativa de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) que propone modificar artículos de los Códigos Procesal Penal Nacional y Federal y de la Ley de Protección Integral para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a favor de la perspectiva de genero.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales a cargo del senador por Neuquén, Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) , se reunió hoy para tratar y dictaminar un proyecto que busca modificar distintas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

La iniciativa de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), establece en su texto que «los y las jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones».

Luego de agradecer a sus compañeros y compañeras del Bloque Frente de Todos «por venir a trabajar y poner el cuerpo a esta iniciativa», Fernández Sagasti, expresó que «este proyecto es necesario, urgente y oportuno ya que, el pasado 25 de noviembre, marchamos por una reforma judicial feminista, entre otros reclamos».

«Entiendo que este proyecto no es una solución a la hora de denunciar y buscar una sentencia pero si es una forma de sentirnos protegidas y hacer efectiva la garantía de imparcialidad como lo enuncia la Constitución Nacional», explicó.

La senadora mendocina recordó que «la principal garantía que queremos para las mujeres y los movimientos LGBTIQ+ es la imparcialidad y una sentencia debe tener perspectiva de género y no ser discriminatoria» y luego ejemplificó con diferentes casos judiciales paradigmáticos en donde no fueron respetados tales derechos.

El proyecto en cuestión contiene tres artículos con modificatorias de los Códigos Procesal Penal Federal y Nacional, y la Ley de Protección Integral para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Y, asimismo, determina una nueva causal para la recusación de magistrados.

También establece que «un juez o jueza que no lleva adelante capacitación en perspectiva de género», como lo establece la Ley 27.499 o Ley Micaela, «se manifiesta públicamente en contra de la aplicación».

Y extiende la causal a quienes hacen «uso de discursos y prácticas de odio y prejuicio», según enuncia el proyecto.

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