El Aporte Solidario Extraordinario lo pagarán menos de diez mil personas, según la AFIP

0

La cifra surge de un informe que hizo llegar la titular de la Administración Federal de Inresos Públcios, Mercedes Marcó del Pont a la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que pospuso la firma del dictamen hasta este viernes, a efectos de introducirle nuevas modificaciones. Antes de conocerse la voluntad del oficialismo de incorporar a los no residentes en el país, la oposición ya había adelantado su total desacuerdo.

El proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario sobre las grandes fortunas impacta en menos de diez mil personas, y la mitad de esa recaudación será abonada por los 253 contribuyentes con patrimonios que superan los 3.000 millones de pesos, según se desprende de un informe de la AFIP que se presentó este lunes ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Al iniciar la reunión, el presidente de ese organismo, Carlos Heller, leyó un estudio enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marco Del Pont, que señala esa proyección, aunque aclaró que aún no se puede dar un número definitivo de los contribuyentes alcanzados porque están el proceso de verificación las presentaciones de Bienes Personales.

Heller indicó que con los datos recabados hasta el momento, es «posible» que el universo alcance a alrededor de 9.298 personas, que se conformaría con 7.438 que ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1.860 que posiblemente pueden ser incluidos

En el informe de la AFIP, se considera que la recaudación puede alcanzar los 307 mil millones de pesos y que las 253 personas que tienen fortunas superiores a los 3.000 millones aportarán el 50 por ciento de la recaudación.

Posteriormente, el titular de la Comisión consideró algunas modificaciones al proyecto original. Entre los cambios, mencionó que se agregará el término “obligatorio” a la definición del aporte, se tendrá en cuenta la entrada en vigencia de la ley como fecha inicial del tributo y se incluirá a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas en el país.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Alejandro Cacace (UCR) criticó que “el tributo no es coparticipable, cuando hoy la mayoría de los gastos en la lucha contra la pandemia lo llevan las provincias”. “Ya tenemos un impuesto existente a los bienes personales y este aporte está creándose de manera análoga”, agregó.

En el mismo sentido, Luis Pastori (UCR) pidió conocer la redacción final para analizar “la constitucionalidad” del texto.

En representación del PRO, la diputada Carmen Polledo coincidió en que “esto no es un aporte solidario, esto es un nuevo impuesto”. Además, dijo que “esta ley es una invitación para que distintas empresas se sigan yendo de la Argentina”.

Por su parte, desde el Frente de Todos, la diputada Fernanda Vallejos le habló a la oposición y preguntó: “Si se rechaza la posibilidad de que el 0,02% privilegiado contribuya solidariamente a morigerar la situación del resto de la sociedad, ¿cuáles son los intereses que se están defendiendo?”.

La diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, recordó que su bloque presentó un proyecto “para que el sector realmente ponga en función de lo que tiene” y lo diferenció de la iniciativa del oficialismo, la que consideró como “un impuesto que aparece cada vez más devaluado”.

El proyecto que analiza la comisión de Presupuesto establece un aporte solidario a las grandes fortunas superiores a los 200 millones de pesos que pagarán una tasa del 2 por ciento, con el fin de recaudar más de 300 mil millones de pesos para destinar a planes sanitarios y al sistema productivo, tras la crisis originada por la pandemia del coronavirus.

Otro punto clave del proyecto es el que establecía como base para la determinación del pago del aporte las declaraciones de Bienes Personales, al 31 de diciembre del 2019, y que, ahora, fijará como base las presentaciones efectuadas hasta la promulgación de la ley, según señaló Heller.

Sobre el final del encuentro, obtuvo dictamen el proyecto de ley que establece la prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, de autoría del diputado Pablo Carro (Frente de Todos).

COMPARTIR:

Los comentarios están cerrados.