Entre otras importantes leyes, sancionaron beneficios fiscales para comercios y la adhesión al protocolo para aborto legal

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Alivio fiscal para comercios y servicios

A propuesta de la Jefatura de Gobierno, se sancionó la eximición del pago de cuotas del impuesto inmobiliario la tasa de ABL. Simplifican trámites de habilitaciones y verificaciones. Regulan repartos a domicilio.

Los locales comerciales dedicados a la venta de bienes o prestación de servicios de servicios quedarán exceptuados de pagar el impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL correspondiente a los meses de junio y julio de 2020, según determinó este jueves una ley sancionada por los diputados porteños por iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Déjase sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, de los meses Junio y Julio de 2020”, dice el primer artículo de la norma de excepción fundada en la crisis por la pandemia de Covid 19.

Abarca a los titulares de dominio, los usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los locales comerciales que desarrollan actividades de venta de bienes muebles y prestaciones de servicio. También alcanza a los locales de actividades gastronómicas (restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías, casas de comida, heladerías, “fastfood”, etc.).

El beneficio se extiende a los inmuebles donde se desarrollan las actividades hotelera, alojamiento, pensiones, geriátricos, albergues transitorios y moteles. Del mismo modo, alcanza la excepción a quien por contrato se hizo cargo del pago de esos tributos en su condición de locatario o comodatario.

No están comprendidos en el beneficio los comercios o servicios que fueron considerados “esenciales” por los decretos de necesidad y urgencia ratificados y que refieren a medidas de prevención sanitaria por la pandemia

También quedan excluidos de esta condonación de alícuotas los locales de actividades financieras y de empresas dedicadas al cobro de contribuciones y servicios.

A quienes tramiten el otorgamiento de esta condonación se les requerirá tener las habilitaciones correspondientes a sus actividades y será la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) la autoridad de aplicación encargada de la reglamentación pertinente.

Quienes efectuaron o efectuaren los pagos de Inmobiliario y ABL de junio y julio 2020 tendrán un crédito a favor para cancelar futuros obligaciones fiscales ante la AGIP, “no dando lugar a reintegros o repeticiones”, aclara la ley. Cuando el contribuyente hubiera optado por el pago anual, el crédito a su favor será equivalente a dos doceavas (2/12) partes de la cuota anual.

De manera similar, se condonan las cuotas con vencimientos en junio y julio a los responsables del pago de Gravámenes por Uso, Ocupación y Trabajos en el Espacio Público (Superficie, Subsuelo y Espacio Aéreo), con puestos de venta ambulante por cuenta propia o de terceros y con vehículos gastronómicos.

La ley se sancionó con 55 votos positivos, y la oposición o abstención de los cuatro diputados de izquierda.

Sobre Habilitaciones y Verificaciones

Se sancionó este jueves una ley que introduce amplias modificaciones a los textos del Código de Habilitaciones y Verificaciones, con el propósito de hacer más ágil y menos onerosa la tramitación de comerciantes, transportistas y prestadores de servicios diversos, eliminando viejas ordenanzas ya en desuso, actualizando las prescripciones en otros casos y procurando reducir el peso administrativo o burocrático sobre las actividades productivas.

Tales fueron las premisas planteadas en el trabajo conjunto de los legisladores porteños con funcionarios del Poder Ejecutivo, en la comisión de Desarrollo Económico, donde se tomó la iniciativa original del diputado Gonzalo Straface (VJ) como base para una minuciosa revisión de las disposiciones y sus sistemas de control.

Se trata de “la abrogación, derogación y unificación de un universo de leyes y ordenanzas tendiente a la reducción de cargas administrativas y simplificación normativa”, como señaló el dictamen de mayoría de la comisión legislativa.

“Es preciso controlar los costos regulatorios a nivel local para mejorar la eficacia productiva mediante la reducción de costos innecesarios, en particular para las micro, pequeñas y medianas empresas” sostuvieron los impulsores de la ley sancionada.

Se incorporó normativa relativa al transporte de sustancias peligrosas y al transporte colectivo del pasajeros y cargas. Se modificaron requisitos vinculados con gimnasios, alojamientos turísticos, se deroga norma obsoletas sobre venta de preservativos.

Por un lado se derogó la ley de Libreta Sanitaria pero, a la vez, se estableció la obligatoriedad de capacitación al personal involucrado en la manipulación de alimentos, entre otras estipulaciones.

Los cambios también refieren a horarios y lugares habilitados o vedados para la venta de bebidas alcohólicas, la elaboración y venta de sándwiches, golosinas, playas de estacionamiento, peluquerías y afines, locales de tatuajes y perforaciones a personas, alquiler de automóviles, servicios de salud y educación, entre muchos otros ítems.

La aprobación fue por 55 votos a favor y 4 en contra de la izquierda.

Marco regulatorio para repartidores a domicilio

Motociclistas y ciclistas que distribuyen mensajería o alimentos a escala minorista tienen nueva legislación en la Ciudad, que también enmarca a prestadoras de servicios y operadores digitales.

Lo sancionó este jueves la Legislatura porteña mediante una ley que modifica y agrega textos a tres grande instrumentos normativos: los códigos de Tránsito y Transporte, de Contravenciones y el Régimen de Faltas.

Tras el debate, se aprobó con 39 votos positivos de VJ, PS, Gen, CF y UCR-Ev, 4 votos negativos de FY y AyL y 17 abstenciones del FdT.

Las definiciones de la actividad y de los actores enmarcados en las nueva ley son: mensajería urbana, reparto a domicilio de sustancias alimenticias, los prestadores de esos servicios (personas humanas o jurídicas), los repartidores en motos o bicicletas y el “Operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros: persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio”.

Para prestar los servicios se deberá obtener la correspondiente habilitación en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias” (RUTRAMUR). Los motovehículos también deberán ser registrados y tener verificación técnica.

Los repartidores deberán aprobar cursos específicos de capacitación en seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten. Los operadores de plataformas digitales deberán proveer los seguros detallados en la ley: ART, seguro de vida, de responsabilidad civil y de accidentes personales.

La ley tipifica anomalías e infracciones y cuantifica sus sanciones o puniciones. Las multas parten desde 100 unidades fijas ($ 2.140) para el repartidor o mensajero que circule sin habilitación y llegan a montos de entre 4.000 a 20.000 u.f. (desde $ 85.600 hasta $ 428.000) para operadores de plataforma digital o prestadores de servicio que organicen y realicen estas actividades sin estar registrados.

Sancionan ley para promover la donación de plasma

Los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionaron este jueves una ley que declara “de Interés Sanitario” a la donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 “para fines de investigación y para ser usado como potencial agente terapéutico en el tratamiento de esta enfermedad”.

La aprobación de la norma -consensuada entre todos los bloques de la Legislatura porteña- implica que el Gobierno porteño deberá desarrollar “acciones para promover y apoyar los ensayos clínicos que tengan por objeto evaluar la seguridad y eficacia del uso del plasma de pacientes recuperados, como así también otras investigaciones clínicas sobre Covid-19, fortaleciendo las áreas de promoción y gestión de la investigación en salud para la red pública de la Ciudad”.

El Ministerio de Salud deberá arbitrar los medios para reglamentar un régimen de acceso al plasma para los efectores de salud (hospitales y equivalentes) pertenecientes al Gobierno de la CABA, “a los fines de armonizar criterios de inclusión y exclusión, modalidad de administración, dosis, control y distribución de las unidades de plasma sanguíneo donados”.

La ley estipula que se “deberá llevar a cabo una campaña de difusión por medios masivos y redes de comunicación para brindar información adecuada a toda la población sobre la donación de plasma sanguíneo, en relación a procedimientos, metodología, derechos y riesgos posibles”.

A los efectos del cumplimiento de esta ley, se facultó al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que correspondan.

Tras la sanción de la norma por unanimidad de 57 diputados presentes y una abstención, el presidente de la Legislatura, Diego Santilli, expresó que “es importante concientizar y promover la donación de plasma en todas aquellas personas que hayan contraído Covid 19 y la importancia de este acto solidario para salvar miles de vidas”.

“Agradecemos a nuestro personal de Salud, médicos y enfermeros, y a los donantes y pacientes recuperados, por ser parte de este proyecto tan humano. Cada donación es importantísima”, enfatizó Santilli.

Adhesión a protocolo sobre aborto legal

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, actualización contenida en la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud nacional”, dice el artículo único de una ley aprobada por los diputados locales.

El tema fue propuesto por la legisladora Patricia Vischi (UCR) para tratar sobre tablas y alterando el orden del día, ambas cosas aprobadas por dos tercios de los legisladores presentes. Tras lo cual se inició un extenso debate con posturas diversas.

Vischi, que preside la comisión legislativa de Salud, argumentó que su proyecto en consideración tenía “apoyo transversal de todas las fuerzas políticas”, dijo tener el “respaldo institucional de mi partido” y que se trata de “una política de Estado para beneficio de la población”.

Guillermo González Heredia (VJ) fue uno de quienes planteó la postura opositora y señaló que la Ciudad ya tiene su protocolo sancionado en 2012, que se aplica en los efectores de salud que dependen del Gobierno. Cuestionó que se impida a sanatorios privados hacer objeciones de conciencia. Claudio Cingolani (VJ) también consideró una error jurídico sancionar una ley para adherir a una resolución ministerial que, entre otros detalles, establece que el protocolo no puede ser judiciable, “atribuyéndose potestades que solo tiene la Corte Suprema de Justicia”.

Laura Velasco (FdT) expuso a favor y sentenció que “es una causa de derechos humanos, de salud pública y de justicia social”.

También participaron del debate Ofelia Fernández y Victoria Montenegro (FdT), Manuela Thourte y Leandro Halperín (UCR-Ev); Lucía Romano, Paola Michielotto, Natalia Fidel, Esteban Garrido, M. Luisa González Estevarena, Sol Méndez, Victoria Roldán Méndez, Carolina Estebarena, Ana Bou Pérez y Claudio Romero (VJ); Gabriel Solano y Alejandrina Barry (FI), Hernán Arce (PS).

Sobre 60 diputados presentes, 50 votaron a favor de la adhesión al protocolo de ILE, 7 de VJ lo hicieron por la negativa y hubo tres abstenciones.

Personalidades destacadas

Con sendos despachos de la Comisión de Cultura, los legisladores aprobaron tres declaraciones de Personalidades Destacadas de la Ciudad.

Se trata de la museóloga Zulema Mabel Cañas (propuesto por Mercedes De las Casas – VJ), el historiador urbano Adrián Gorelik (Agustín Forchieri – VJ) y el actor Rudy Chernicoff (Juan Valdes – FdT).

Preocupación por haberes jubilatorios

A propuesta de la bancada Vamos Juntos, se aprobó sobre tablas una declaración por la cual la Legislatura de la Ciudad “manifiesta su profunda preocupación ante el dictado del decreto 542/2020 del Poder Ejecutivo Nacional por medio del cual se prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241” (fórmula para la movilidad de las jubilaciones y pensiones).

También se cuestiona la interrupción de la labor de la comisión que debe proponer modificaciones a las actualizaciones de los beneficios previsionales especiales. Con el decreto presidencial “se vulneran los derechos de mies de jubilados”, sostienen los fundamento de la declaración.

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