Es Ley el nuevo Código Procesal Penal de la Nación

0

Entre otros temas la Cámara convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal Federal que le da mayor poder a los fiscales; dio media sanción a la iniciativa que modifica la regulación del papel prensa y se aprobó una contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales

REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

La Cámara de Diputados aprobó la reforma del Código Procesal Penal que rige en la órbita federal. El proyecto obtuvo 134 votos a favor y 55 en contra. Fue impulsado por el oficialismo y contó con el apoyo, entre otros sectores, del Frente Renovador y el interbloque Argentina Federal. El Frente para la Victoria lo rechazó.

La reforma está orientada –según sus fundamentos- a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales. Incorpora, con ese objetivo, herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado en general. Se pasa de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Eso implica que los fiscales asuman un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones. También incorpora nuevos sistemas de administración de justicia con la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas. Apunta –según se detalló- a lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso.

La titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), valoró el cambio de un sistema judicial inquisitorio a uno acusatorio y explicó que una reforma del código sancionada en 2014 debió ser suspendida en diciembre de 2015 porque “no estaban dadas las garantías necesarias para su aplicación”.

“El código aprobado en 2014 era incompleto porque no contemplaba la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó la diputada Burgos.

Por último, remarcó el trabajo legislativo de los últimos años que resultó en la aprobación de leyes como la de flagrancia, la ley del arrepentido y de responsabilidad penal empresaria.

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), dijo estar convencida de la necesidad del cambio de paradigma en el servicio de justicia, e intentó explicar la dimensión de la reforma. “Estamos hablando de un procedimiento confuso y enredado. Ir de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mejorará el servicio de justicia. Imagínense lo que significa transferirle estas facultades al Ministerio Público desde algo tan mínimo como lo edilicio o el personal”, especificó Camaño.

Desde el Frente para la Victoria, el diputado Martín Doñate manifestó el rechazo de su bloque al proyecto y pidió contextualizar las reformas a la justicia.

“El gobierno quiso nombrar jueces de la Corte Suprema en comisión, le quitó las escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal para dárselas a la Corte y armó una ingeniería judicial para perseguir a Cristina Kirchner y a todo lo relacionado al gobierno anterior”, afirmó Doñate.

Por último, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, sostuvo que “más allá de cuestionamientos particulares, el proyecto representa un avance en el sistema penal”, y en esa línea señaló que “hoy se demanda a la justicia mayor rapidez y es imposible responder sin un sistema procesal moderno”.

Los impulsores del proyecto afirman que la reforma “implicará un mejor servicio de justicia para la ciudadanía, mediante la resolución de las causas en menor tiempo. Para eso se pasa a un sistema de oralidad y publicidad”.

El nuevo Código incorpora reformas aprobadas por el Congreso en los últimos dos años: ley de juicios unipersonales (que permite resolver las causas de menor gravedad con la intervención de uno solo de los tres jueces del tribunal); ley de flagrancia (que imprime un procedimiento abreviado para los casos en los que el imputado es sorprendido mientras comete el delito) y ley de derechos de la víctima de delitos (que le otorga participación a la víctima durante el proceso, incluso al momento del cumplimiento de la pena).

El nuevo Código también incorpora, para la investigación de delitos complejos, las figuras del imputado colaborador o arrepentido, el informante policial, el agente encubierto y el agente revelador.

El proyecto había sido aprobado en abril por el Senado. Fue elaborado por una comisión bicameral, con activa participación de especialistas en la materia. Con la aprobación en Diputados queda convertido en ley y empezará a regir después de su promulgación.

Los legisladores dieron tratamiento, además, al proyecto de Ley por el cual se sustituye la rúbrica “Recursos de Casación, de Inconstitucionalidad y de Revisión”, con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias. Con 132 votos positivos, 53 negativos y 3 abstenciones, se aprobaron cambios al régimen recursivo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la iniciativa fue girada al Senado.

En ese sentido, el miembro informante Daniel Lipovetzky sostuvo: “Esta ley que proponemos derogar es el último eslabón de procesos con trabas”.

REGULACIÓN SOBRE PAPEL PRENSA

Obtuvo 127 votos afirmativos y 66 negativos. La norma deroga diversos artículos de la Ley 26.736 sobre fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa de papel para diarios.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que propone derogar una serie de artículos de la ley que regula la cantidad, producción y comercialización de pasta celulosa y papel para diarios. Es una iniciativa que, según sus fundamentos, apunta que la industria “pueda desarrollarse al máximo de la capacidad instalada, reconvirtiéndose a la producción de nuevos productos complementarios que permitan mantener los puestos de trabajo con perspectivas de mercados crecientes y sustentables a largo plazo”.

Según sus fundamentos, el proyecto, que obtuvo dictamen de la comisión de Comercio, tiene por objeto “corregir ciertos efectos negativos en la aplicación plena de la Ley N° 26.736 por medio de la cual se regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios”. Subraya, por ejemplo, que “la regulación del precio único y público, terminó operando en contra de condiciones equitativas de mercado, perjudicando a pequeños compradores asociados en cooperativas que, con anterioridad, negociaban sus compras con importantes descuentos”.

El diputado Diego Bossio, autor del proyecto, hizo hincapié en “la tendencia a la baja en la producción de papel y consumo de diarios”, al remarcar que “ante los cambios tecnológicos, este sector tiene un gran desafío”. “Se venden menos diarios y se vive un proceso recesivo no sólo por el deterioro de la economía sino por el avance de las tecnologías”, describió.

El legislador manifestó la necesidad de introducir algunos cambios. “Garantizar el arancel cero durante 10 años a la importación de Papel Prensa y no discriminar entre accionistas y no accionistas”, detalló.

Desde la izquierda, manifestaron su rechazo. “Es un rescate de la empresa monopólica Papel Prensa”, acusó Romina Del Plá, al tiempo que aseveró: “Contribuye con la política de hundir a la competencia”.

Desde el FPV, Marcos Cleri criticó el “el debate exprés” del proyecto. Asimismo, el diputado indicó que el precio sería regulado por la propia empresa, mientras que de acuerdo a la ley sancionada en 2011 se fija un precio único para todos los compradores de papel.

“Están sancionado una ley ilegitima que perjudica a los medios del interior y no resuelve el problema de los trabajadores”, resumió.

El diputado Leopoldo Moreau (FPV) afirmó que “este no es el único sector que está en recesión en la Argentina”, y agregó: “Con esto se vuelve a ejercitar monopólicamente la distribución de diario en nuestro país”.

Por su parte, el presidente del bloque del FPV, Agustín Rossi, expresó su desacuerdo con la norma y señaló: “Papel Prensa es una sociedad de Clarín y es la única empresa que hace esto en la Argentina, por lo cual tiene una posición dominante. Es una ley para favorecer a los socios privados de Papel Prensa”, asintió.

Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño sostuvo: “Nosotros creemos que esta situación se tiene regularizar”, al señalar que “no estamos afectando a la libertad de expresión con nuestro voto”.

Finalmente, desde el Pro, el diputado Nicolás Massot sostuvo que la ley en discusión “fija un precio único respecto a los valores de importación”. Luego afirmó que “con esta modificación no estamos beneficiando al Grupo Clarín”.

 

CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE EL CAPITAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley por el cual se crea una contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de ahorro, de crédito y/o financieras y de seguros y/o reaseguros, cuyo antecedente directo es el artículo 126 de la Ley de Presupuesto 2019.

Con 174 votos afirmativos y ningún voto en contra, la norma girada al Senado se aplicará en todo el territorio de la Nación y regirá por los cuatro primeros ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2019.

El diputado Luciano Laspina (PRO) manifestó que “la iniciativa propone la creación de una contribución extraordinaria de carácter transitorio”, de manera tal de “contribuir al esfuerzo fiscal y reducir la carga sobre el sector”.

Entre los fundamentos, el proyecto sostiene la necesidad de “una distribución justa y equitativa de los esfuerzos fiscales en función de la capacidad contributiva de los ciudadanos, los sectores económicos y las corporaciones alcanzados en este proceso”.

En la misma línea, el diputado Eduardo Cáceres (Pro) señaló: “Sabemos el esfuerzo que realizan hoy muchos sectores de la economía –tal es el caso de las cooperativas-“, al tiempo que expresó: “Es una ley importante para el desarrollo de nuestras cooperativas, de modo tal de quedar protegidas de estos gravámenes”.

En tanto, Martín Doñate (FPV) manifestó el apoyo a la iniciativa aunque marcó algunas disidencias. Por su parte, desde el mismo bloque, Julio Solanas expresó: “Hoy estamos rompiendo el principio de la solidaridad con la que trabajan estas cooperativas”.

Finalmente, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) se mostró a favor del proyecto al afirmar que “no se pueden gravar con ganancias a las cooperativas y mutuales”.

CÉDULA ESCOLAR NACIONAL

La Cámara de Diputados aprobó la creación de la Cédula Escolar Nacional (CEN) en el ámbito del ministerio de Educación de la Nación. Fue con 193 votos a favor y 4 en contra, pero ahora volverá al Senado porque se introdujo una modificación en el tratamiento en particular.

Según los fundamentos del proyecto, la Cédula Escolar “es un programa integral de inclusión social, educación y salud que consiste en la implementación de un registro digitalizado con los datos personales, institucionales, del entorno físico y social, salud y desempeño escolar de los estudiantes que concurran a establecimientos educativos de todo el país”.

El Programa “permite saber quién abandona la escuela o cambia de escuela o de jurisdicción, y monitorear la trayectoria escolar. Asimismo, posibilita el control y evolución del cumplimiento de la libreta de salud, como también conocer las condiciones de vida del estudiante”.

Desde la UCR, la diputada Brenda Austin celebró este proyecto, ya que -consideró- “es una herramienta fundamental para el seguimiento de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”. Según la diputada, “monitorear a cada uno de los alumnos y obtener un relevamiento de toda la población escolar”, son algunas de los objetivos de la norma.

En contraposición, Romina Del Plá rechazó la creación de la Cédula Escolar Nacional al sostener que “no resuelve el problema de la deserción escolar”.

Desde el FPV, los diputados Daniel Filmus y María Lucila Masin manifestaron “su acompañamiento en general a la propuesta”, al asegurar que “creemos en el paradigma de la educación e inclusión social”.

“Pedimos que este programa se lleva a cabo con un estricto cumplimiento de la ley de protección de datos personales y de los Derechos del niño, niñas y adolescentes”, señaló Masin.

Luego, la legisladora del Frente Renovador Rosa Muñoz afirmó: “Es una herramienta importante para lograr la permanencia de niños en el sistema educativo”, aunque subrayó: “Esto no se corresponde con la realidad actual ya que la situación de la educación hoy es crítica”.

En tanto, Daniel Arroyo, de Red por Argentina, dijo que “es un avance la creación de un sistema de información escolar”, pero apuntó al “deterioro de sistema educativo” y a la “ausencia de políticas públicas” llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el diputado Federico Zamarbide (UCR) defendió el proyecto impulsado por el senador nacional Julio Cobos y añadió “es un puntapié inicial para establecer políticas de estado en argentina”. “La educación es el único camino para el desarrollo”, ponderó.

AUTORIZACIÓN DE ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL PAÍS

Con un tratamiento en conjunto, la Cámara debatió dos proyectos de ley por los cuales se autorizan las entradas de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones, a realizarse desde el 1° de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019 y en el del 10 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018, respectivamente.

La primera iniciativa fue aprobada con 131 votos positivos y 43 negativos, mientras que el proyecto con fecha 10 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018, volverá a comisión por acuerdo de los bloques.

Al respecto, el diputado Carlos Fernández aseguró que -de este modo- “se autoriza a las Fuerzas Armadas Argentinas a la realización de entrenamientos e integración con Fuerzas de otros países”. “Nuestras Fuerzas tienen que estar preparadas ante el contexto mundial”, aseveró el diputado radical, al tiempo que explicó: “Esto nos permite acceder al funcionamiento de primera mano y prepararnos para las misiones de paz”.

Por su parte, desde el FPV Nilda Garré sostuvo: “Objetamos la realización de estos ejercicios porque incumplen los principios de la normativa legal”.

En tanto, Romina del Plá (Frente de Izquierda) añadió: “Estos entrenamientos deben ser rechazados por su finalidad”, ya que aseguró “se le asignan funciones de seguridad interior a las Fuerzas Armadas”.

CÓNSULES HONORARIOS PROPUESTOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS

En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó con 95 votos afirmativos y 48 negativos, la autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios propuestos por gobiernos extranjeros.

Al respecto, la diputada y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cornelia Schmidt Liermann, indicó que los cónsules honorarios “no gozan de inmunidad ni privilegios personales, sino sólo de aquellos relacionados con los actos y funciones que ejerce en su cargo”.

El diputado Guillermo Carmona, del FPV, consideró que “esto requiere un tratamiento más intensivo” al considerarlo “un privilegio judicial”. Además, solicitó al Poder Ejecutivo “el envío de cada una de las 32 personas para analizar caso por caso, con sus respectivos antecedentes, entre otros”. Carmona cuestionó la inclusión de Nicolás Caputo como cónsul honorario de Singapur.

COMPARTIR:

Los comentarios están cerrados.