Fracasó la sesión especial pedida por la oposición

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Sin haber alcanzado el quórum reglamentario para llevar adelante una sesión especial, diputados de la oposición plantean en el recinto expresiones en minoría sobre tres temas por los que se había solicitado la sesión: el decreto sobre las funciones de las Fuerzas Armadas; el referido a los diferenciales incluidos en Asignaciones Familiares y un proyecto sobre “emergencia de las pequeñas y medianas empresas”.

Las expresiones en minoría se iniciaron con una intervención del diputado Hugo Yasky, quien propuso un minuto de silencio por los dos integrantes de la comunidad educativa de Moreno que fallecieron la semana pasada como consecuencia de una explosión ocurrida en la Escuela 49 de ese distrito.

Los diputados Jorge Taboada (Chubut) y Alejandro Snopek (Jujuy) plantearon severos cuestionamientos al decreto 702/18 sobre adicionales en asignaciones familiares que se abonan en la Patagonia y el norte del país. Coincidieron en considerarlo “injusto y arbitrario” y lo calificaron como “un ajuste sobre los sectores más vulnerables”. Es “una medida perversa”, afirmó el diputado Taboada. “Trata como iguales situaciones diferentes, lo cual es profundamente injusto”, dijo el diputado Snopek.

En el mismo sentido, Pablo Kosiner, del bloque justicialista, manifestó su postura: “La suspensión de las asignaciones es otra técnica de prueba y error con la que nos están gobernando. Al momento de tomar decisiones hay que tener en cuenta los derechos y el desarrollo de los argentinos que viven en zonas vulnerables”, sentenció.

Desde el mismo bloque, el diputado Diego Bossio sostuvo que “el Estado prioriza pero en contra de los más débiles. Ahora los decretos son para sacar derechos”, concluyó.

Desde el Frente para la Victoria, los diputados Darío Martínez, Ana María Llanos Masa y Santiago Igón se manifestaron “preocupados por la situación actual de la región Patagónica”. “La quita de asignaciones afecta al consumo interno, al turismo y a los comerciantes”, subrayaron. “El ajuste brutal en relación a las condiciones del Fondo Monetario Internacional empieza en la Patagonia”, afirmó Martínez..

Araceli Ferreyra, del Peronismo para la Victoria, sostuvo que los dos decretos (el de FF AA y el de asignaciones familiares) son “nulos e inconstitucionales”. “Las provincias del interior pagamos los costos del ajuste y esta medida viene a ratificar eso”, afirmó.

En el mismo sentido, Nathalia González Seligra, desde el Frente de izquierda, sostuvo: “La orientación social del gobierno es ajustar a millones de familias trabajadores y beneficiar a las patronales”.

Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos, expresó: “Si el Estado no está, aparece el narcotráfico. Si les sacan los beneficios a los que menos tienen, el narcotráfico avanzará cada vez más”.

FUERZAS ARMADAS

La diputada Graciela Camaño reprochó la falta de quórum y puso el acento, en su exposición, sobre el decreto referido a las funciones y tareas de las Fuerzas Armadas. Lo calificó de “absolutamente inconstitucional”, afirmó que “no fue hecho a través del diálogo ni de la búsqueda de consenso” y consideró que “propone un giro de 360 grados, que en definitiva no cambia nada”. Sostuvo, además, que “buscan desmantelar las Fuerzas Armadas y quedarse con sus tierras”.

Nilda Garré, desde el FPV-PJ, expresó que “el decreto sobre las FF.AA no respeta las facultades del Congreso de la Nación y el Presidente se ha extralimitado en las funciones que tiene respecto a la defensa nacional”.

Desde el Frente de izquierda, el diputado Nicolás del Caño se opuso “a la utilización de las FF.AA en la Defensa interior”, y manifestó su postura: “Quieren usarlas para la represión hacia el pueblo trabajador y la militarización hacia el control social”.

“Creo en el rol de las fuerzas armadas a partir de la memoria, la verdad y la justicia”, expresó Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social. “Necesitamos una ley de Fuerzas Armadas fuertes y profesionalizadas y con nuevos criterios de defensa nacional”, concluyó.

El diputado José De Mendiguren expuso sobre la situación de las PyMes y reclamó la suspensión de embargos de la AFIP sobre esas pequeñas y medianas empresas, “al menos mientras dure la recesión”. Describió lo que a su juicio es “una caída brutal en los niveles de actividad” y afirmó que la AFIP dispone embargos “por cuestiones formales o muy pequeñas cantidades”.

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