Graciela Camaño adelantó la oposición de su bloque a la expropiación de Vicentín

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Respecto a la Intervención de la concursada empresa VICENTIN SAIC por parte del Gobierno Nacional, la Diputada Nacional Graciela Camaño (Consenso Federal) señaló: «No advertimos que existan fundamentos para que las acciones realizadas por el gobierno nacional,  constituyan una razón de gobierno que ¨procure el bien común¨.
«Esto de ninguna manera implica o significa avalar lo actuado por el grupo empresario que esta siendo investigado por la justicia, ademas de tener su empresa en Concurso Preventivo.
Consideramos que el Concurso Preventivo establecido en la ley 24.522 resguarda como ley de orden publico las acreencias de todos.
Asimismo creemos que el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa con la participación de cooperativas, pequeños y medianos productores y los propios trabajadores que cuentan con créditos en el Concurso.
Resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas», concluyó.
El presidente Alberto Fernández anunció ayer la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentin y anticipó que remitirá al Congreso (según trascendió ingresará por Senado) un proyecto de ley de expropiación para «declararla de utilidad pública» y afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

El Presidente precisó que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.

«Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción», explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró, «le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario»,

“Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, afirmó el mandatario al describir «un mundo post pandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión».

Fernández señaló que la decisión busca «aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF» y resaltó el rol que tendrá en el análisis de situación de la empresa el nuevo Ceo de la petrolera nacional, Sergio Affronti, quien se encontraba presente al momento del anuncio.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

Otras opiniones

Funcionarios, sindicalistas, dirigentes sociales, políticos y parlamentarios del oficialismo y la oposición se manifestaron con posturas opuestas en torno a la intervención del Grupo Vicentin anunciada el martes por el presidente Alberto Fernández, quien remitirá próximamente un proyecto de ley de expropiación al Congreso para que el Estado se haga cargo de la empresa.

Fernández afirmó que la intervención «es excepcional» por la «naturaleza estratégica» de la compañía y que «no está en la cabeza» del Gobierno «andar expropiando empresas», al tiempo que sostuvo que la decisión se tomó para «preservar» una firma «muy importante del mercado cerealero» y mantener «la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores».

El Presidente adelantó que «todos los activos del grupo van a formar un fideicomiso gestionado por YPF o el Banco Nación; y el gerenciamiento por YPF Agro con aportes del Tesoro».


La senadora y vicepresidenta del bloque Frente de Todos en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, defendió la iniciativa y dijo que «beneficiará a los precios de los alimentos porque ya no estarán sujetos a la especulación financiera».

En cambio, la titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló que «ahora la deuda de Vicentin es de todos los argentinos» y sostuvo que la medida implica un «verdadero abuso de poder» debido a que la constitución dice que «lo privado es privado».

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando «Chino» Navarro, opinó que «no está mal oponerse pero hay que hacerlo desde la racionalidad y no hablando de chavismo o comunismo».

El diputado Alejandro «Topo» Rodríguez, de Consenso Federal, consideró por su parte que «hay que tener cuidado con la litigiosidad que puede traer al Estado, dado que Glesentin es socio de algunos campeones globales de litigiosidad» y recordó que «ya hubo una experiencia similar con la estatización de YPF y no debería repetirse».

El subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez, destacó que la determinación «será fundamental para poder cuidar los precios de los alimentos» y afirmó que «sin dudas es una excelente noticia».

También el ex presidente Eduardo Duhalde consideró «loable el propósito del Gobierno», pero argumentó que «la forma abrupta en que se hizo genera un conflicto innecesario con el campo» en un contexto en el que «ya hay demasiados problemas como para generar nuevos».


«Repara una situación heredada del gobierno anterior, de los ricos para los ricos, en la que el principal aportante de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia se benefició con créditos otorgados por el gobierno anterior, utilizados en maniobras especulativas y para eludir impuestos», apuntó el diputado del bloque oficialista Hugo Yasky.

A las críticas de la oposición se sumó el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien dijo que «hay que salvar a las pymes y no socializar un problema de una empresa: si sobra un peso, hay que usarlo para las pymes».

«Es una medida importante para Santa Fe», consideró el diputado nacional de esa provincia Marcos Cleri, al afirmar que la medida otorga «previsibilidad a los proveedores y productores», además de «garantizar las fuentes laborales».

Además, su colega en la bancada del Frente de Todos en la Cámara baja Juan Carlos Alderete opinó que la determinación oficial «es un triunfo del pueblo y una medida histórica por la magnitud y la importancia de la empresa».

La diputada nacional Graciela Landriscini y el titular la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, también destacaron que la iniciativa «permite crear un Estado mucho más fuerte».

«El Estado puede ganar una posición estratégica en el comercio exterior de granos y en los puertos, algo que no ocurría desde 1973», resaltó el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer.

Por otra parte, el titular de Uatre, Ramón Ayala, dijo que «es correcta» la decisión del Gobierno dada la situación financiera de la cerealera y el riesgo que corren «más de 4.000 trabajadores».

«Regulará el mercado y hará que nuestro productos favorezcan el desarrollo de economías regionales, mercado interno y comercio exterior», ponderó el diputado del Parlasur Gastón Harispe.

También se manifestó a favor el secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Angel Borello, al mencionar que Vicentin será «de carácter estratégico hacia el desarrollo económico y ejercicio de la soberanía».

«La medida es histórica y enorme y reafirma la decisión del Estado de construir soberanía alimentaria e involucrarse en el principal negocio del país, el complejo agroexportador», destacó el titular de la Corriente Nacional Martín Fierro, Nahuel Beibe.

Por último, el titular del partido Miles, Luis D’Elía, destacó que la iniciativa «es la mejor medida que se haya tomado para el sector agropecuario en los últimos 50 años».

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