LA BICAMERAL ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA CITÓ AL MINISTRO DUJOVNE

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La Comisión ratificó sus autoridades y pidió citar al titular de Hacienda para exponer sobre la evolución del endeudamiento

La comisión bicameral permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación ratificó sus autoridades y reeligió como presidente al senador José Mayans (FPV-PJ). El diputado Eduardo Amadeo (PRO) ocupará el cargo de vicepresidente. Las secretarías quedaron en manos del diputado Axel Kicillof (FPV-PJ) y del senador Ernesto Felix Martínez (PRO).

Además, a través de una propuesta formulada por representantes del PJ, el diputado Javier David pidió citar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para que brinde información ante los senadores y diputados sobre la situación actual de la deuda externa y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El crédito ha sufrido distintas modificaciones, y se ha convertido en una deuda pública muy importante que ha asumido nuestro país”, sostuvo el diputado David.

En ese sentido, el pleno de la comisión apoyó el pedido y coincidió en la necesidad de “convocar al Ministro para exponer sobre el estado y condiciones de la deuda externa”.

El diputado Axel Kicillof añadió: “La citación tendría que ser extensiva al secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y al presidente del Banco Central, Guido Sandleris”.

Finalmente, el presidente Mayans consideró “realizar dos reuniones separadas: una con Dujovne y otra con el titular del Banco Central”.

Luego, en el salón Eva Perón del Senado de la Nación, se analizó un expediente reservado.

Respecto al “Informe actualizado de deuda”, el senador Mayans indicó que “manejar cierta información implica responsabilidad”, por lo tanto, resaltó: “Cada legislador va a tener un informe real del estado de la deuda”, pero aseveró: “El momento que está pasando el país reclama responsabilidad de sus representantes”.

El presidente de la Bicameral entregó una “copia certificada de un expediente confidencial”, relacionado con el endeudamiento público y los holdouts. Y en ese sentido, se refirió a “la confidencialidad y responsabilidad que requiere tener cierto tipo de información”.

Al respecto, los legisladores dialogaron sobre la posibilidad de confeccionar “cláusulas de confidencialidad”, debido a la importancia de los datos y ante la necesidad de tener “información en tiempo real sobre el estado de la deuda”.

Por su parte, el diputado Marco Lavagna destacó que “la última información que tenemos de deuda es del tercer trimestre del 2018”.

En tanto, el diputado Luciano Laspina explicó que “existe un protocolo de confidencialidad entre la Oficina de Presupuesto del Congreso y la secretaría de Finanzas o el ministerio de Hacienda para el tratamiento de los datos”. Por eso, aseguró que “eso nos plantea una discusión interna de cómo tratar algunos de los datos a los cuales vamos a acceder dentro de un marco de confidencialidad”.

Sobre los informes de deuda, Laspina afirmó: “Nosotros, probablemente, tenemos acceso a esa información antes de que sea pública y esté en el mercado”, por eso –resaltó- “es una información que suele ser muy sensible, por lo cual nos obliga a todos a extremar los recaudos”.

Finalmente, el diputado del FPV Rodolfo Tailhade coincidió con sus pares “en la necesidad de tener información precisa, otorgada por los funcionarios del gobierno, sobre las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Además, el pleno de la comisión analizó los expedientes PE-608/18 y PE-636/18. Ambos son comunicaciones del Poder Ejecutivo Nacional. El primero “remite informe elaborado por el ministerio de Hacienda respecto a la competencia de la oficina nacional de crédito público y a los avances en la normalización de los servicios de la deuda pública, en el marco de la ley 27.249 (deuda pública). El segundo “remite informe trimestral previsto en el art. 38 de la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018, relativo a las tratativas y acuerdos celebrados para la normalización de los servicios de la deuda pública”.

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