LA COMISIÓN BICAMERAL DE TRÁMITE LEGISLATIVO AVALÓ DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

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SE TRATA DE SIETE DNU, CINCO FIRMADOS POR EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ Y RESPALDADOS POR LA COMISIÓN. MIENTRAS QUE LOS OTROS DOS, DE DE LA GESTIÓN ANTERIOR, OBTUVIERON DICTAMEN DE RECHAZO POR PARTE DEL OFICIALISMO.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de la Cámara de Diputados se reunió en forma remota, para analizar decretos de necesidad y urgencia suscriptos por el presidente Alberto Fernández y otros pendientes de la gestión de gobierno de Mauricio Macri.

Entre los DNU analizados, lograron dictamen favorable los decretos firmados por el actual presidente, Alberto Fernández. Se trata del decreto 487/2020, que prorroga la prohibición de efectuar despidos; y el 488/20 que establece un precio para la facturación de entregas de petróleo crudo en el mercado local.

Respecto al DNU 487/2020, el Senador Daniel Lovera (Frente de Todos) expresó que en el marco de la pandemia “protege a los trabajadores ante la crítica situación que atraviesa nuestro país” porque “el trabajo es un derecho humano fundamental para garantizar a las familias una vida digna”.

En tanto, sobre el DNU 488/2020 denominado como «barril criollo» se expresó el diputado Pablo González (Frente de Todos) y dijo que “lo vienen solicitando las provincias petroleras hace mucho tiempo y trata de morigerar el impacto que causa en las provincias productoras la alta volatilidad del precio de referencia que se toma para liquidar los barriles de petróleo crudo y liquidar las regalías de las provincias productoras”.

También dictaminaron a favor del DNU 52/2019 de la actual gestión, por el cual se dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables. Por este decreto se nombró como interventora de la AFI a Cristina Caamaño.

En tanto, el oficialismo emitió un dictamen de rechazo para los dos decretos del gobierno anterior. Se trata del DNU 256/2015, por el cual se transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A su vez, el otro DNU rechazado es el 102, de febrero de 2017, que modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos jueces penales con rango de juez de Cámara.

En ese sentido, el presidente de la Comisión, Marcos Cleri (Frente de Todos),  manifestó que sería «importante que el Congreso declare inválidos» esos decretos porque «no se puede modificar la ley de inteligencia por un decreto de necesidad y urgencia, sino que solo se puede establecer por una ley”.

Al respecto, el diputado Pablo Tonelli (PRO) pidió el apartamiento de estos decretos del temario y advirtió que ambos decretos ya lograron “dictamen y no alegaron caducidad” por lo que “sería un sinsentido reiterar su tratamiento”.

A su vez, otros legisladores de Juntos por el Cambio apoyaron el planteo de Tonelli pero sin lograr apoyo del resto de la comisión, se retiraron de la comisión remota.

El diputado Pablo González (Frente de Todos) declaró que el decreto 256/2015 del anterior gobierno es “inconstitucional” y, en el mismo sentido, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) dijo que “el objetivo del macrismo con un DNU adornado de legalidad era designar a jueces de la mesa judicial del macrismo”.

Asimismo, otros decretos aprobados por la comisión fueron el DNU 391/2020 y el 404/2020, vinculados con la reestructuración de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Desde la presidencia comunicaron que se unificaron en un mismo dictamen.

Al respecto, la senadora María Teresa González (Frente de Todos) dijo que este decreto otorgaría “un punto de partida y una herramienta necesaria y fundamental para manejar las negociaciones con acreedores e incentivar un acuerdo para el canje de deuda» y aclaró que “las condiciones y limitaciones están expresamente previstas en este DNU”.

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