Media sanción para la“Ley Micaela”, nueva herramienta contra la violencia de género

0

Fue por 171 votos a favor, contra uno en contra. Establece para funcionarios de los tres Poderes del Estado una capacitación obligatoria en esta materia. Ahora será girada al Senado

La Cámara de Diputados aprobó por 171 votos afirmativos contra un voto negativo, un proyecto de ley que aportará una nueva herramienta legal contra la violencia de género. Se trata de la llamada “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado nacional. Ahora será girada al Senado para su sanción definitiva.

La ley lleva el nombre de Micaela García, en memoria de la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Los padres de Micaela estuvieron presentes durante la sesión (ver fotos). El proyecto fue incluido en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, publicado el pasado lunes en el boletín oficial mediante el decreto 1135/18.

La iniciativa, impulsada por las diputadas Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y Analía Rach Quiroga (FPV-PJ), entre otros legisladores, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Como miembro informante del proyecto, Alejandra Martínez (UCR), presidenta de la Comisión de Familia, mujer, niñez y adolescencia, recordó a víctimas de femicidios: “No queremos tener que llorar dos veces a Micaela García, a Lucía Pérez, a Paulina Lebbos”.

“Estamos atravesando una verdadera revolución cultural en Argentina, impulsada por mujeres de todos los ámbitos que han decidido no callarse más y luchar en contra de un sistema de valores y un sistema de distribución del poder”, dijo durante su discurso.

En el recinto, Rach Quiroga reivindicó al movimiento de mujeres, que impulsó la iniciativa: “Sin la hermandad y la sororidad, esto no sería posible”. “Es urgente la capacitación en el Poder Judicial, sentenciar sin perspectiva de género está mal”, añadió y recordó el fallo sobre el caso de Lucía Pérez.

“Pero no sólo es la justicia el problema, son los tres poderes del Estado los obligados a capacitarse. La dinámica de trabajo en esta Cámara también debe ser interpelada y revisada desde la obligada perspectiva de género”, manifestó Rach Quiroga.

En tanto, De Ponti dijo que la ´Ley Micaela´ es “un primer paso; esta ley forma parte de un paquete de prevención de la violencia machista, trabajemos para que el resto de los proyectos también se conviertan en políticas públicas”.

“Este tiempo nos está pidiendo una sociedad más igualitaria, el Estado tiene que estar al frente de ese cambio”, añadió. “Micaela era mi compañera del Movimiento Evita. Se lo prometemos a Micaela: vamos a construir el mundo que vos soñaste”, cerró De Ponti.

Desde el oficialismo, la diputada Silvia Lospennato, del PRO, remarcó que capacitar con perspectiva de género a los empleados públicos “es un mandato constitucional” y destacó que la ley tuvo el acuerdo político de todos los bloques.

El proyecto se presentó el 30 de mayo de 2017, cuando la Fundación Micaela García, con la presencia de sus padres, Néstor García y Andrea Lescano, presentó un paquete de 13 proyectos de ley que apuntaban a establecer un marco normativo que fortalezca la instancia preventiva en casos de violencia de género y femicidio.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2018, en el plenario de las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda, se aprobó un dictamen de consenso a la iniciativa que crea el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”.

El proyecto busca capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, entendido no como una mera elección de preferencia personal sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nues¬tro país al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que tiene como objetivo elaborar políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia.

Micaela García tenía 21 años y era estudiante de educación física, además de una activa participante del #Niunamenos, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. Fue reportada como desaparecida el 1 de abril de 2017, y su cuerpo fue hallado sin vida una semana más tarde.

Por el hecho fue apresado Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua por “abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género”. También sentenciaron a cinco años por “encubrimiento” a su ex patrón, Néstor Pavón.

Wagner es un ex convicto por delitos de violación que había sido condenado a 9 años de prisión, pero gozaba del beneficio de libertad condicional a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban taxativamente.

Se sancionó definitivamente el Acuerdo de Complementación Económica entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Chile

Fue por 113 votos positivos, 44 negativos y 4 abstenciones. La iniciativa busca la creación de un mercado más “abierto, seguro y predecible” con el país vecino.

El Acuerdo de Complementación Económica N° 35, rubricado el 4 de enero de este año en Montevideo, República Oriental del Uruguay, consolida una serie de puntos destinados a “profundizar los lazos especiales de amistad y cooperación; ampliar el comercio y propender a su desarrollo armónico; potenciar una mayor cooperación internacional y fortalecer las relaciones económicas” entre los países.

Además, “promueve el desarrollo sostenible, la protección y conservación del medioambiente; y la incorporación de la perspectiva de género en el comercio Internacional, alentando la igualdad de derechos, trato y oportunidades entre hombres y mujeres en los negocios, la industria y el mundo del trabajo, propendiendo al crecimiento económico inclusivo para las sociedades de ambos países”.

Durante la sesión el diputado Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, puso reparos al acuerdo comercial y criticó que este tipo de convenios “establecen condiciones de privilegio para las empresas multinacionales”. “El rechazo es el camino de la responsabilidad”, resumió.

El diputado Axel Kicillof, del mismo bloque, también argumentó en contra del acuerdo internacional: “Nadie está diciendo si esto nos va a dar más trabajo, más producción”.

Desde el Frente Renovador, Alejandro Grandinetti observó que “el aislamiento del Ejecutivo se ve en este tratado y en su apuro para tratarlo”, no obstante adelantó que su bancada acompañaría el texto.

Martin Lousteau, de Evolución Radical, consideró que “Argentina no pierde ninguna potestad regulatoria” y lo calificó como “un acuerdo inocuo”. “Pero no nos gusta esta metodología para discutir, necesitamos saber cuál es el mercado que le abrimos a las pymes chilenas, necesitamos rigurosidad”, reclamó el diputado.

Por otra parte, la diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, dijo que el acuerdo “es para los patronales, no hay ningún beneficio para los trabajadores”.

Previo a la sesión especial, las Comisiones de Mercosur y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Cornelia Schmidt Liermann, respectivamente, emitieron dictamen favorable sobre el proyecto de ley venido en revisión del Senado de la Nación.

Al comienzo de la reunión conjunta, la diputada Liermann expresó que “es un acuerdo sumamente importante y hace a las relaciones ancestrales que mantenemos con Chile”. “Seguimos construyendo integración y eso también nos genera paz con un país con el que hemos tenido conflictos pasados”, afirmó la diputada de Cambiemos.

En el plenario, el director Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Cancillería Argentina, José María Arbilla, sostuvo que este acuerdo “implica establecer nuevos instrumentos jurídicos para lograr que, por ejemplo, los procedimientos aduaneros sean más claros”.

En la misma línea, el director de Política y Negociaciones Comerciales Externas del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Federico Lavopa, analizó la “profundización y ampliación de los acuerdos con Chile”, en el marco de la reinserción inteligente de Argentina al mundo y señaló que “Chile es un mercado importante para Argentina”. “Queremos profundizar la balanza comercial favorable que tenemos”, aseveró.

Luego, el secretario del sector de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), José Luis Lopetegui, manifestó: “Con este acuerdo es todo virtuoso”, ya que “tenemos que generar una cultura exportadora en las pymes”. “Hay que exportar con y a Chile, como una manera de venderle al mundo”, argumentó.

REPUDIO A EXPRESIONES SOBRE MALVINAS DEL EMBAJADOR ARGENTINO EN GRAN BRETAÑA

La Cámara aprobó una declaración que cuestiona al diplomático por haber definido como “las máximas autoridades de las islas” a funcionarios británicos

Expresiones del embajador argentino en Gran Bretaña, Carlos Sersale, derivaron en una declaración de repudio aprobada por la Cámara de Diputados, en la que se le exige, además, una retractación. Se le reprocha al diplomático haber hecho referencia, en su cuenta de Twitter, a “las máximas autoridades de las Islas Malvinas” en relación a dos funcionarios ingleses.

La expresión del embajador Sersale despertó severos cuestionamientos tanto desde bloques opositores como desde el interbloque oficialista. La diputada Elisa Carrió avaló una declaración de repudio y propuso, además, que fueran citados a dar explicaciones en la Cámara el propio diplomático y el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie.

“Colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas: Eduardo Eurnekian fue recibido por las máximas autoridades de las islas”. Ese fue el texto del tuit atribuido al embajador argentino en Londres, que luego fue borrado.

La primera cuestión de privilegio la planteó el diputado justicialista Pablo Kosiner, quien instó a “no avalar institucionalmente desde el Congreso los dichos ilegítimos del Embajador; algo muy grave para la política exterior de nuestro país”.

En el mismo sentido, el diputado Alejandro Gandinetti, desde el Frente Renovador, condenó lo que definió como una “actitud irresponsable” y reclamó, además, el “inmediato cese” del funcionario en su cargo, “por no representar los intereses argentinos”, sentenció.

El diputado Guillermo Carmona (FPV-PJ) calificó como “lamentables los dichos de Carlos Sersale”, y criticó que los funcionarios del Poder Ejecutivo no hayan rectificado las palabras del Embajador.

“Nunca un funcionario argentino en la historia se refirió a las autoridades de las islas sin agregarle ‘las ilegítimas autoridades’”, fustigó el diputado Daniel Filmus.

Desde Cambiemos, las diputadas Carrió y Cornelia Schmidt Liermann coincidieron en remarcar “la gravedad” de la situación. “Por ser un funcionario de carrera se agravan los dichos”, aseveró Carrió. “Desconocer a cualquier autoridad (de las islas) que no sea argentina es de vital importancia”, agregó Schmidt Liermann.

Los diputados consensuaron una declaración que fue votada, a mano alzada, por diputados de todos los bloques.

El proyecto contra barrabravas vuelve a comisión

El proyecto de ley que contempla un régimen penal para combatir a los barrabravas, volverá finalmente a comisiones después de que surgieran desacuerdos en el tratamiento de cada uno de los artículos. La iniciativa se había aprobado en general, casi por unanimidad: fueron 201 votos afirmativos y 3 abstenciones. Pero más tarde, al ser debatido en particular, surgieron desacuerdos que desembocaron en la decisión de reenviarlo al ámbito de las comisiones. De esta manera, el proyecto deberá volver al recinto para un nuevo tratamiento.

En la búsqueda de los consensos necesarios para su aprobación, el texto del Ejecutivo había sido modificado antes de la sesión. A la hora de la discusión en particular surgieron nuevas diferencias y los bloques no llegaron a un acuerdo sobre las penas en materia de reventa de entradas y tenenencia de localidades falsas. Esto motivó el pedido del diputado Martin Lousteau, de Evolución Radical, para que el proyecto vuelva a Comisión y sea nuevamente debatido su articulado. La moción fue aprobada por 115 votos afirmativos, contra 84 negativos y dos abstenciones.

El proyecto de ley prevé penas para quienes porten armas en espectáculos futbolísticos, alteren el desarrollo de un partido, provean entradas a barras, vendan entradas sin autorización y ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio, entre otras medidas (ver subtítulo). Fue incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso a pedido del Poder Ejecutivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que “es importante generar una ley penal alrededor del fútbol; nos falta poder combatir los delitos que ocurren y encuadrarlos como delitos penales y no sólo como contravenciones”.

Durante las más de cinco horas que duró el debate, los legisladores reclamaron medidas de prevención y coincidieron en la compleja trama política, judicial y policial en la cual actúan las barras del fútbol argentino.

En la apertura del debate, la miembro informante, diputada Gabriela Burgos, explicó que luego del dictamen de mayoría se introdujeron modificaciones consensuadas. Destacó “la participación de la mayoría de los bloques, que realizaron aportes que enriquecieron el proyecto original”.

La diputada Burgos aludió a la imposibilidad de haber jugado en el país la final de la Copa Libertadores entre Boca y River: “La violencia y algunas organizaciones fueron cercenando espacios ocupados por la sociedad, por las familias que disfrutaban de los clubes de futbol”, afirmó.

“Este proyecto ha sido modificado sustancialmente porque hemos recibido aportes relacionados con medidas preventivas”, afirmó Burgos. Se trata de “medidas que establecen un registro de base unificada de datos y antecedentes relativos a espectáculos de fútbol”, explicó.

También indicó que “introducimos nuevos tipos penales, como por ejemplo la falsificación de entradas”. Asimismo, en el sentido de “mantener un equilibrio coherente dentro de nuestro sistema penal”, se establece un aumento de penas.

En el mismo sentido, explicó que “se introduce la figura del arrepentido porque consideramos que dentro de los espectáculos deportivos existen bandas delictivas y queremos desarticularlas, así como también la figura del juicio abreviado porque no queremos más puertas giratorias”.

Por su parte, el diputado Daniel Scioli anticipó que el Frente para la Victoria “va acompañar en general esta iniciativa” aunque reconoció que “hemos firmado un dictamen en minoría porque tenemos diferencias sobre cómo erradicar la violencia”.

“El dictamen de mayoría apunta a aumentar las penas en los eslabones más débiles de la cadena, sin atacar lo que está detrás, es decir sin ahondar en la problemática. Nuestra propuesta, en cambio, se basa en la prevención”, afirmó Scioli.

Como presidente de la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Scioli propuso que en el debate en particular se incorpore la “creación de una base de datos de antecedentes penales, y la ratificación y delimitación del consejo de seguridad de los espectáculos deportivos”, además de “delimitar el derecho de admisión”.

El diputado cordobés Héctor Baldassi, a su turno, consideró que “es una gran oportunidad para erradicar los violentos del fútbol y recuperar ese espacio para la familia argentina”.

El diputado Fabio Quetglas, por su parte, admitió que “va acompañar esta iniciativa” que lucha contra las barras a las que definió como “un modo organizacional complejo que condiciona el fútbol y constituye una verdadera epidemia”. Instó a asumir “compromisos compartidos” y afirmó que “la lucha contra la violencia debe ser un punto de encuentro”.

A la hora del cierre del debate, el diputado Luis Petri, de la Unión Cívica Radical, consideró que “esta ley es el instrumento que le tenemos que dar a jueces y fiscales para que sancionen y castiguen a los violentos, y al Poder Ejecutivo para generar las políticas de prevención”.

Petri detalló los pormenores del proyecto de ley, con especial hincapié en “cortar el circuito del dinero de las barras”. “Es una buena señal agravar las penas a los empresarios y dirigentes que los protegen”, añadió, antes de calificar a las barras como “mafias enquistadas en el fútbol, verdaderas asociaciones ilícitas”.

LAS PENAS

La ley, de exclusiva aplicación en eventos futbolísticos, prevé penas para quienes entre otras acciones introduzcan o porten armas o elementos usados para intimidar, violentar o agredir (dos a seis años de prisión), alteren el desarrollo de un partido (uno a cuatro años), provean entradas a barras (uno a tres años), vendan entradas sin autorización (uno a tres años), ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio (un mes a cuatro años), entorpezcan los medios de transporte afectados al espectáculo (seis meses a tres años) y provoquen una avalancha (uno a tres años).

El proyecto prevé la prohibición de acceso a estadios para quienes cometan delitos en el marco del espectáculo futbolístico y la clausura del estadio cuando se incumpla con la restricción.

Las penas se agravan cuando los delitos previstos sean cometidos en grupo. En caso de que el condenado sea funcionario público, se lo inhabilitará para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Además, incrementa un tercio las penas para delitos como homicidio, robo, lesiones, daños, incitación a la violencia y resistencia a la autoridad en partidos de fútbol.

El proyecto también establece penas para los miembros de comisiones directivas o subcomisiones de clubes y asociaciones que se hayan enriquecido ilícitamente desde la toma de su cargo y hasta dos años después de cesar su mandato, por sí mismos o a través de testaferros. De demostrarse el delito serán penados con dos a seis años de prisión, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

En el ámbito de las comisiones, el denominado “Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos” obtuvo dictamen de mayoría en Legislación Penal y Deportes.

En paralelo al texto del Ejecutivo, también se analizaron iniciativas de los diputados Daniel Scioli (FpV-PJ), Ivana Bianchi (Unidad Justicialista), Hugo Marcucci (UCR), Cornelia Schmidt Liermann (PRO), Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal), y Julio Solanas (FpV-PJ).

Según los fundamentos, en el espíritu del proyecto de ley “subyace la férrea voluntad de terminar específicamente con lo que se conoce comúnmente como ´barrabravas´”. El objetivo del proyecto apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos a fin de imposibilitar su accionar.

COMPARTIR:

Los comentarios están cerrados.