La comisión de Legislación Penal que preside la diputada Patricia Bulrich (PRO-CABA), recibió la visita del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Dr. Gustavo Bruzzone; el diputado nacional (mc) Dr. José Ignacio Cafferata Nores (quien participó de la redacción del código procesal de la Pcia. de Córdoba) y el Dr. Germán Garavano (ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires), quienes expusieron sobre las modificaciones al código procesal penal. Todos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una “oralidad real” y no ficticia durante todo el proceso penal, de forma tal de dar eficacia y celeridad al proceso.
Cabe señalar que la comisión analiza 18 proyectos presentados por distintos legisladores, habiéndose tomado como base de análisis, la estructura del presentado en 2010 por el ex diputado Albrieu y otros, para un nuevo CPP.
El Dr. Garavano destacó la necesidad de un sistema adversarial con un código procesal acusatorio. En base a su experiencia en la confección del código procesal de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que la implementación de un nuevo CPP debe ser gradual –en al menos 6 meses- dado que significan un cambio total en el modo de trabajar. Asimismo opinó que además de un cambio legal, es necesario un cambio cultural. En otro orden de cosas solicitó ser cuidadosos respecto de las detenciones y las libertades anticipadas. Finalmente defendió la oralidad absoluta del proceso; la necesidad de instrumentar herramientas de notificación y comunicación digitales; así como los juicios abreviados y otros mecanismos similares.
El Dr. Bruzzone coincidió con lo expresado por su colega y tras realizar una breve reseña de las distintas modificaciones que los CPP experimentaron a lo largo de la historia, concluyó en que será necesario un profundo cambio cultural para “sacarse de encima el sistema inquisitivo”. Respecto a los juicios, sostuvo que los mismos podrían aliviar el 70% del trabajo de un tribunal penal.
El ex diputado Cafferata Nores explicó que el CPP cordobés tiene un modelo semi acusatorio, distinto al modelo acusatorio en que los fiscales investigan y acusan y los jueces juzgan. Señaló que en su opinión el modelo cordobés otorga excesivas atribuciones a los fiscales dado que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, además de investigar pueden disponer la prisión preventiva de los acusados.
Finalmente destacó la importancia de la incorporación del juicio por jurados, señalando que se trata más de una institución política que jurídica, dado que el poder de condenar o absolver lo tienen los ciudadanos.
El Dr. Garavano explicó que en general, la libertad puede ser afectada en circunstancias de flagrancia o cuando la persona está libre y, acusada de un delito, el fiscal considera que debe detenérsela. En el primer caso la persona ya fue detenida por la fuerza policial y actualmente el secretario del juzgado o el juez deben ser avisados de la detención. La policía pide los antecedentes y si no tiene, se libera el detenido mientras dure el proceso. Al respecto señaló que sería conveniente prever un mecanismo similar al de la CABA, donde el detenido es trasladado a la fiscalía, donde se decidirá si se lo libera o si se solicita al juez la prisión preventiva u otras medidas que afecten su libertad, de forma de quitar a la policía la facultad de decidir sobre detenciones preventivas. Posteriormente admitió que para esta reforma, debería adecuarse la estructura edilicia de las fiscalías.
A raíz de diversas consultas efectuadas por el diputado Luis Petri (UCR- Mendoza), el Dr. Cafferata Nores propuso para los casos que no impliquen delitos graves o gravísimos, la creación de mecanismos que no ingrese acusados al sistema carcelario o que los expulse rápidamente, para poder focalizarse en delitos graves y gravísimos, dado que los juicios orales son lerdos y costosos.
Por su parte Bruzzone opinó que el Ministerio Fiscal debería pertenecer al Poder Ejecutivo y que no está de acuerdo con la policía judicial. En cambio el Dr. Garavano se opuso a cambios en el Ministerio Fiscal, agregando que en lugar de una policía judicial, es preferible un cuerpo de investigadores judiciales como en el ámbito de la CABA, con civiles especializados y elegidos por concurso que ayudan a los fiscales a investigar y operan como nexo con las fuerzas de seguridad.
Finalmente Garavano propuso eliminar la feria judicial y las restricciones horarias en lo que a la justicia penal compete.
El debate continuará el 13 de mayo con expositores invitados a exponer sus experiencias en las provincias de Santa Fe y Neuquén. La comisión resolvió asimismo realizar cuatro audiencias públicas: el 3/6 en La Plata (Bs As), el 3/7 en Córdoba, el 8/8 en Rosario (Sta Fe) y el 9/8 en CABA.
