Repercusiones del «vacuna gate»

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Una importante consultora de opinión pública ha medido el impacto del escándalo del «vacunatorio VIP» en el Ministerio de Salud, mientras que la oposición impulsa la creación de una comisión investigadora.

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A cotinuación se transcribe el texto del proyecto presentado por el bloque de Juntos por el Cambio:

ARTÍCULO 1 ° .- Créase la Comisión Bicameral Especial Investigadora del proceso de contratación, aprobación y seguimiento del plan de vacunación contra el Covid-19
en todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 2 ° .- La Comisión Especial Investigadora estará integrada por cinco (5) diputados nacionales y cinco (5) senadores nacionales, designados por los presidentes de cada Cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de
ambas Cámaras legislativas. La Presidencia de la Comisión será ejercida por un representante de los bloques de la oposición.
ARTÍCULO 3 °.- Para el cumplimiento de su misión, la Comisión Bicameral Especial Investigadora tendrá las siguientes facultades:
1. Requerir información o documentación al Ministerio de Salud, la ANMAT, al Ministerio de Defensa, Ministerios de Salud de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo otro organismo en lo que resultare pertinente, conforme a sus competencias específicas, respecto de la contratación, aprobación y distribución de la vacuna, como así también respecto de la ejecución del plan de vacunación, la que deberá ser suministrada con carácter de urgente y de manera prioritaria.
2. Ordenar la citación de funcionarios públicos y representantes de los laboratorios contratantes y todo tercero interviniente en la adquisición, contratación y/o distribución de la vacuna con el Estado Nacional.
3. Solicitar a organismos públicos nacionales y/o provinciales, universidades e instituciones científicas u organismos internacionales, la realización de peritajes y/o estudios científicos, jurídicos y/o contables relacionados con el objeto de la investigación.
4. Denunciar penalmente ante todo hecho u omisión, surgido de la investigación, que pudiera constituir delito.
ARTÍCULO 4°.- La Comisión Bicameral podrá acceder a documentación e información confidencial, relativa a los contratos celebrados por el Gobierno Nacional con los laboratorios contratantes, terceros intervinientes u otros estados, para la adquisición, transporte, distribución e implementación del Plan de Vacunación contra el Covid-19, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 27.573.
ARTÍCULO 5°.- La Comisión deberá verificar, así mismo:
1.- Los términos de celebración de dichos contratos, en el marco de lo
preceptuado por los artículos 4, 5, 8, 9 de la ley 27.573.
2.- Las condiciones de contratación, cantidades de vacunas adquiridas, plazos de entrega y su correspondencia o no con las condiciones establecidas en otros países para la adquisición.
3.- El precio pagado por el Estado Nacional por las mencionadas vacunas a los laboratorios y a todo otro interviniente en la contratación y su ajuste o no a los precios internacionales de adquisición por otros Estados de las mencionadas vacunas.
4.- Avances y alcances del Plan de Vacunación conforme a los tipos de vacunas adquiridas por el Estado Nacional, porcentaje de personas alcanzadas y condiciones médicas para acceder a dichas vacunas.
5.- Cantidad de vacunas enviadas a cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y criterios para la determinación de las partidas, garantizando una distribución equitativa.
6.- Toda otra información que resulte de interés a los fines del cumplimiento del cometido de la Comisión.
ARTÍCULO 6°.- La Comisión Bicameral Investigadora concluirá su tarea con un Informe Final, concluido el Plan de Vacunación contra el Covid-19, sin perjuicio de ello, deberá emitir informes semestrales respecto a su cometido, en particular lo establecido en el artículo 5 de la presente ley. Tanto los informes semestrales como el informe final serán obligatoriamente públicos.
ARTÍCULO 7.- De forma.
Luis Petri
Alfredo Cornejo, Carmen Polledo, Fernando Iglesias,
Waldo Wolff, Claudia Najul, Luis Juez, Pablo Tonelli,
María Lujan Rey, Graciela Ocaña, Jorge Enriquez,
Omar de Marchi, Francisco Sanchez, Alvaro Lamadrid,
Ximena García

FUNDAMENTOS
Por el presente proyecto de ley propiciamos la creación de una Comisión Bicameral Especial Investigadora de todo el proceso de contratación, aprobación y seguimiento del Plan de Vacunación contra el Covid-19 en todo el territorio nacional, ante la ausencia de información, la falta de transparencia, los múltiples interrogantes y
sospechas que rodean la adquisición de vacunas por el Estado Nacional.
Esta situación ha generado un manto de dudas en la población, que
necesariamente deben ser despejadas, a fin de posibilitar que el Plan de Vacunación próximo a desplegarse sea exitoso, tenga un alto nivel de acatamiento -teniendo en cuenta el carácter voluntario del mismo- y se garantice que las calidades y cantidades de las vacunas, como así también que los procesos de aprobación a las que fueron
sometidas y los contratos de adquisición celebrados por el Gobierno, cumplan con los más rigurosos estándares internacionales en la materia y la legislación vigente, atento a estar en juego la salud de toda la población.
Por ello, resulta imprescindible dotar a este proceso de los máximos controles y la mayor transparencia, entre los cuales, el control parlamentario debe estar necesariamente presente de forma especializada, haciendo un seguimiento en tiempo real de todas las vicisitudes que rodean a la adquisición, distribución y ejecución del
Plan de Vacunación desarrollado por el Gobierno.
A facultades excepcionales -como las otorgadas por la Ley 27.573 de Vacunas, sancionada por este Congreso en fecha 29 de octubre del presente año que, entre otras cosas, consagra cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción y aprobación exprés de las vacunas adquiridas por el Estado Nacional- es imprescindible establecer controles excepcionales, no resultando suficiente lo preceptuado por el artículo 11 de la mencionada ley, para cumplir acabadamente con dicho control parlamentario.
Desde el comienzo de la pandemia, la expectativa mundial se centró en el desarrollo de una vacuna que inmunice a la población frente a este contagioso y letal virus. Ante esto, diversos laboratorios, con sede en diferentes países, comenzaron la investigación científica de vacunas contra el coronavirus Covid-19, muchas de las cuales han sido desarrolladas, testeadas en sus diferentes fases y aprobadas en tiempo récord, a fin de mitigar los efectos en la salud y vida de la población mundial.
Recordemos que previo a la llegada del virus a nuestro país, el día 23 de enero, el Ministro de Salud de la Nación manifestaba que «no hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina». Días más tarde, 7 de febrero de este año, Gonzalez García, al ser consultado por la llegada del Covid-19, dijo que “tengo que reconocer
que hoy en Argentina me preocupa más el dengue». El día 3 de marzo, el SARS COVID-19 llegó a la Argentina.
Posteriormente, el 12 de marzo, se dictó el DNU 260 que ampliaba la
emergencia pública en materia sanitaria por el plazo de un año y, además, suspendía los vuelos provenientes de “zonas afectadas”. Ya el 19 de marzo, se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que se fue prorrogando durante 9 meses.
Es necesario tener en cuenta que la improvisación y falta de planificación, por parte del Gobierno Nacional, fue una constante a lo largo de toda la pandemia y se manifestó desde sus primeros momentos.

En lo que refiere específicamente al desarrollo de vacunas contra el Covid-19, el 6 de mayo, la OMS advertía que “la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, actualmente hay al menos 43 en desarrollo”.
El 27 de junio, el Ministro de Salud explicó a un medio de comunicación que:
“por indicación del Presidente, el país está abierto a que el que quiera trabajar acá en el desarrollo de una vacuna, pueda hacer pruebas clínicas en la Argentina”.
El 10 de julio, Argentina fue seleccionada para probar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. La misma ya había sido autorizada para avanzar en pruebas de eficacia por la Administración Federal de Drogas (FDA) -agencia del gobierno estadounidense encargada del control de los medicamentos- y se estimaba que el estudio comenzaría en nuestro país a principios de agosto.
Por otro lado, el 23 de julio, el Presidente recibió a directivos del laboratorio AstraZeneca que desarrollan una vacuna junto a la Universidad de Oxford. Más tarde, según las previsiones del Gobierno, dicha vacuna iba a comenzar a producirse en septiembre en territorio argentino e iba a estar lista en el primer trimestre de 2021. Un mes después, Alberto Fernández confirmaba que en la Argentina cada dosis tendría un costo de entre tres y cuatro dólares, y que se producirían 250 millones de dosis que podrían estar listas a principios del próximo año. De este anuncio aún nada se sabe respecto de su concreción.

El 4 de agosto, el Gobierno ruso anunció que había registrado la primera vacuna del mundo contra el Covid-19. Sin embargo, una semana después, las principales autoridades sanitarias a nivel global manifestaron sus reservas sobre su efectividad y seguridad, dado que “no ha cumplido con los protocolos que deben seguir los ensayos clínicos debidos para vacunas”. Además, días después, se conoció
un informe que advertía que “no se conoce la eficacia del producto, desaconseja su aplicación a menores de 18 años y mayores de 60”, información que necesariamente debe ser clarificada por el Gobierno.
El 25 de agosto, sumándose al programa mundial “Velocidad de la luz” miles de los voluntarios argentinos fueron inoculados para probar la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer y BioNtech, con la expectativa de que el país tuviese prioridad en la provisión de vacunas y se transfiriese la tecnología para la fabricación de las mismas en territorio argentino.
A mediados de octubre, el Gobierno Nacional declaró que la obtención de una vacuna de forma masiva se puede contemplar “recién en marzo” pero, según informaron desde el Ministerio de Salud, “lo que sí está definida es la obligación de vacunarse de cada ciudadano”. El 1 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández, destacó que la vacunación del 25% de la población se efectuaría entre enero y marzo de 2021, y que a partir de marzo, se buscará inmunizar al resto de los argentinos, además, en esta ocasión, destacó que la vacuna “será gratuita pero no obligatoria: cada uno decide tomarla o no”.
Las contradicciones sobre la obligatoriedad de la vacunación también fueron plasmadas en los dichos de la Secretaria de Acceso a la Salud, la Dra. Vizzotti, quien aseguró que “Argentina cuenta con un marco legal, que dice que es gratuita porque es un signo de equidad y porque el Estado nacional provee las vacunas para que la población acceda más allá de su condición. Y es obligatoria porque es un bien social que está por sobre el beneficio individual. Si yo decido no vacunarme, no solo yo puedo enfermarme sino que puedo propagar la enfermedad». Al día siguiente, Vizzotti manifestó que “Ninguna vacuna contra el coronavirus será obligatoria”.
El 2 de noviembre, confirmaron que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. Por otro lado, Alberto Fernández, en declaraciones a la agencia SputnikNews, adelantó que las primeras 10 millones llegarán al país en diciembre y las restantes en los primeros días de enero. En ese entonces aseguraba que “el día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser Presidente. Pero obviamente que si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá por supuesto que me la daría”.
Días después, el 6 de noviembre, el presidente aseguró que “si todo va bien, podríamos vacunar a 10 millones de personas sobre finales de diciembre”. Además explicó que podrían llegar al país en diciembre otras 750 mil vacunas de la empresa Pfizer. También confirmó que se firmaron acuerdos para recibir las vacunas producidas por Astrazeneca-Oxford y por China a partir de marzo.
El 10 de noviembre, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 27.573 que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por esa enfermedad. Esta ley fue parte de la exigencia y
negociación con los laboratorios como lo manifestara el Subsecretario en Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo en oportunidad de su debate en comisiones, que tuvo un tratamiento exprés en el Congreso de la Nación y fue sancionada el 29 de octubre.
El 24 de noviembre, el ministro de Salud no quiso confirmar cuándo
comenzará la campaña, aunque sí brindó una nueva estimación: “La primera quincena de enero”. Además detalló: “Tenemos contratos firmados con el mecanismo Covax (9 millones de dosis) y con Oxford AstraZeneca (22 millones) y tenemos a la firma el contrato de Pfizer, que tiene logística difícil por la temperatura de conservación, pero con la ventaja que sería entregaba antes».
El Presidente anticipó que el 9 de diciembre firmaron los contratos con Rusia y antes de fin de año vacunarán a 300 mil personas. Además, aseguró: “No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme”.
El 15 de diciembre, González García explicó por qué no se pudo cerrar la negociación con Pfizer y argumentó que: “En la negociación se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley salió. Después, desde la casa central de Pfizer en EEUU decían que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley, y además que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente; son condiciones un poco inaceptables”.
El 17 de diciembre, el Ministro de Salud, había admitido «dificultades con los aviones» para la llegada de la vacuna rusa, mientras desde Moscú, Vizzotti y Nicolini hacían gestiones de último momento con la Cancillería rusa. El contrato que se firmó con el fondo soberano ruso (RDIF), fijaba la entrega de 300.000 dosis dobles endiciembre, 5 millones en enero y otros 5 millones en febrero. «La fecha contractual es el 23 de diciembre», dijo a infobae un alto funcionario del Gobierno.
Ese mismo día, el Presidente Ruso Vladimir Putín confesó que no se aplicó la Sputnik V porque aún no fue probada en mayores de 60 años, sector etáreo más vulnerable a los efectos del virus. Al día siguiente, el líder ruso, según publica la agencia oficial Sputnik, afirmó: «una de las opciones que tenemos es crear la denominada vacuna ‘light’ del Centro Gamaleya. Es decir, se administrará solo una inyección que funcione durante un plazo más corto y que tenga un nivel reducido de protección pero que igual alcance el 85% de eficacia, pese a ello, se podrá aplicarla a decenas de millones de personas”.
El 18 de diciembre, según indicó Infobae, el gobierno negocia con Beijing para adquirir 15 millones de vacunas que aún están bajo prueba científica. La negociación de la vacuna China es protagonizada por el Ministro de Salud, Ginés González García, y las empresas asiáticas Sinopharm, Cansino Biologics y Sinovac. Cada vacuna china está cotizada en 20 dólares y su acceso comercial se calcula para mediados de 2021.
Sumado a la improvisación y falta de transparencia en el manejo de la pandemia, se añade el carácter confidencial respecto al primer viaje realizado por parte de funcionarios del gobierno nacional a Rusia, acompañados por representantes del laboratorio “HLB Pharma Group”, el cual se especuló sería el auspiciante de la vacuna rusa. Finalmente, este vínculo fue descartado debido a los cuestionados antecedentes de la empresa.

El 21 de diciembre, Alberto Fernandez explicó en Olivos a periodistas que:
“Pfizer nos pidió una Ley de Vacunas, y nosotros cumplimos. Y ahora nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales, si las vacunas causan daños físicos. Esa inmunidad jurídica no se la vamos a dar. Ellos son responsables de las vacunas. No es el Estado Nacional. El Estado compra y ellos venden. No entiendo por qué tenemos que darle una norma que los pone al margen de las responsabilidades civiles y penales”. Por su parte, Pfizer explica que no hubo acuerdo porque la Argentina se negó a pagar los costos del transporte que ejecutaría DHL. La vacuna tiene dos dosis y su valor de mercado es cercano a los 20 dólares. A ese precio debe sumarse el costo de DHL como transportador autorizado del consorcio farmacéutico norteamericano/alemán, explicaron a Infobae voceros de Pfizer en el exterior.
Idas y vueltas, anuncios incumplidos o rectificados, desinformación, falta de transparencia, dudas respecto de la eficacia, las cantidades que recibirá finalmente el país y los plazos en que se dará, interrogantes respecto de los laboratorios con los que finalmente contratará la Argentina, las condiciones en que los contratos han sido
firmados o están siendo negociados, así como los organismos intervinientes en la aprobación de las vacunas. Lo recientemente mencionado hace imprescindible la conformación de una Comisión Investigadora del proceso de contratación, aprobación y seguimiento del Plan de Vacunación contra el Covid-19 en todo el territorio nacional que, entre otras cosas, verifiquen: los términos de celebración de dichos contratos, en el marco de los preceptuado por los artículos 4, 5, 8, 9 de la ley 27.573; las condiciones de contratación, cantidades de vacunas adquiridas, plazos de entrega y
su correspondencia o no con las condiciones establecidas en otros países para la adquisición; el precio pagado por el Estado Nacional por las mencionadas vacunas a los laboratorios y a todo otro interviniente en la contratación y su ajuste o no a los precios internacionales de adquisición por otros Estados de las mencionadas vacunas; los avances y alcances del Plan de Vacunación conforme a los tipos de vacunas adquiridas por el Estado Nacional, porcentaje de personas alcanzadas y condiciones médicas para acceder a dichas vacunas; y las cantidad de vacunas enviadas a cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y criterios para la
determinación de las partidas, garantizando una distribución equitativa.
Argentina ha sufrido 1.541.285 contagios y 41.813 personas fallecidas, pese a padecer la cuarentena más larga del mundo. No hay más margen para la improvisación, los errores y el descontrol en el manejo de la pandemia. El Congreso debe hacer su aporte para salvaguardar la salud de todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

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