Se sancionó por unanimidad la nueva “Ley Justina” de Trasplante de Órganos

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LA “LEY JUSTINA” Y LA “LEY BRISA”, OBTUVIERON SANCIÓN DEFINITIVA POR UNANIMIDAD.  TAMBIEN OBTUVIERON MEDIA SANCIÓN LA URBANIZACIÓN DE BARRIOS POPULARES Y UN REGIMEN PARA LA DONACIÓN DE ALIMENTOS, ENTRE OTROS PROYECTOS.

Tras obtener 202 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por unanimidad la nueva Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, conocida como “ley Justina”.

La iniciativa dispone que todas las personas mayores de edad pasen a ser donantes, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario. El texto había obtenido media sanción en el Senado el pasado 30 de mayo, Día del Donante de órganos.

La norma, elaborada en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), lleva el nombre en honor a Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció en noviembre pasado mientras esperaba un corazón para ser trasplantada.

Como miembro informante, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO) consideró que la temática “es de altísima sensibilidad y también es de esperanzas” y recordó que “esta ley nació a partir de Justina, una niña que puso en valor lo que significa la donación de órganos en Argentina”.

“Tuve la posibilidad de compartir con su familia parte de la internación; compartí ese momento de angustia de todo padre cuando su hijo está internado”, rememoró y dijo que la ley busca “darle respuestas a los miles de chicos que están esperando un trasplante”.

“Este proyecto es una mejora, impulsado por el senador Juan Carlos Marino, de la ley actual y genera acciones directas y eficaces para facilitar el trasplante de órganos”, puntualizó Lipovetzky. “Le debemos esta ley a Justina y a los miles de argentinos que esperan un trasplante. Esta ley es futuro, estamos cumpliendo el mandato popular para mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

La diputada Carmen Polledo (PRO) también respaldó la media sanción, al considerar que “moderniza la regulación del marco legal y establece requisitos para profesionales e instituciones médicas”.

“Tuvo un enorme consenso en el Senado y entiendo que también lo tiene entre nosotros”, dijo Polledo, como un anticipo a la votación afirmativa. “Es un agilización eficaz en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria”, resumió.

La diputada María Gabriela Burgos (UCR) dijo que esta ley “produce un cambio de paradigma, expresa el respeto por la autonomía, la equidad y la autosuficiencia”. “Elimina todas las trabas burocráticas, queremos que Argentina se convierta en un país líder en materia de trasplantes”, añadió Burgos.

En tanto, la diputada María Fernanda Raverta (FPV-PJ) respaldó la iniciativa pero consideró que “no es suficiente en un modelo económico que recorta en salud pública”. Igualmente ponderó el rol de los padres de Justina, “quienes están dando un paso fundacional, están haciendo historia”.

En una emotiva intervención, el diputado Pablo Kosiner, presidente del bloque Justicialista, relató una experiencia de su vida personal y recordó que también perdió a un hijo mientras esperaba un trasplante.

“Tenemos que hacer cumplir la presunción de donación de órganos desde el momento de nuestro nacimiento; si lo hacemos como política de Estado le vamos a cambiar la vida a millones de personas”, sostuvo Kosiner.

Asimismo, el diputado Fernando Brügge (Córdoba Federal) mencionó que “en el INCUCAI tenemos más de 7 mil casos en espera”. “Hay que aprobar esta ley porque es profundamente humanista y va a mejorar el nivel de solidaridad de los argentinos”, sumó.

La titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, resaltó el rol del INCUCAI. “Hemos tenido un alto nivel de decencia médica. El INCUCAI ha sido una institución que nos permite defender el trasplante enfáticamente, es una de las instituciones más trasparentes de la democracia”, aseveró.

Desde el Peronismo para la Victoria, la diputada Lucila De Ponti aseveró que “en ningún caso la burocracia o la ineficiencia estatal pueden ser las causas por las que se pierden vidas” y envío un mensaje solidario a los padres de Justina: “Sólo el amor convierte en milagro el barro”.

El proyecto modifica la actual ley, introduciendo una serie de cambios con los que se busca dar respuesta a las personas que actualmente se encuentran en lista de espera para un trasplante de órganos o tejidos.

Además de incorporar principios bioéticos que protegen a los donantes y los receptores, la iniciativa promueve la autosuficiencia del sistema. Prevé la donación cruzada (entre dos parejas de donante/receptor no relacionadas, pero compatibles) para los trasplantes de riñón sin intervención judicial y obliga a los profesionales a notificar al INCUCAI la indicación de diálisis o trasplante renal.

El texto promueve la incorporación en los centros de salud de profesionales entrenados en la promoción de la donación y la detección de potenciales donantes.

El debate se inició a las 17, después de más de cuatro horas de sesión en las que se plantearon homenajes, decenas de cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento de reglamento. En ese contexto, legisladores de la oposición plantearon reclamos y posiciones sobre los despidos en la agencia Télam, el acuerdo con el FMI y la situación económica del país, entre otros temas.

En el inicio de la sesión, el cuerpo realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Gema Gardiner de Monzó, madre del presidente de la Cámara, Emilio Monzó.

Con la presencia de 137 diputados, la sesión se inició a las 12:10. Fue presidida por Monzó, quien recibió el acompañamiento y reconocimiento de todos los bloques por haber presidido la sesión el mismo día del sepelio de su madre.

URBANIZACIÓN DE BARRIOS POPULARES

REGULARIZA EL DOMINIO DE MÁS DE 4.000 BARRIOS POPULARES Y BENEFICIARÍA A 3.5 MILLONES DE PERSONAS. AHORA LA INICIATIVA SERÁ GIRADA AL SENADO.

Tras recibir 194 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el oficialismo que estipula la expropiación de terrenos para urbanizarlos, mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial. La iniciativa también fue votada en particular, donde tuvo modificaciones consensuadas.

La media sanción se produjo a las 02.30 de la madrugada, sobre el cierre de una sesión especial que se extendió por más de 14 horas. Durante la jornada, la Cámara baja también aprobó la “ley Justina” de trasplante de órganos, la “ley Brisa” de reparación económica para hijos de víctimas de femicidio y un régimen para la donación de alimentos.

Motorizado desde el ministerio de Desarrollo Social y defendido por organizaciones sociales, el texto de urbanización de barrios populares fue presentado en el mes de abril por los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (PRO) y beneficiaría a 3,5 millones de personas, equivalente a 850 mil familias.

Como miembro informante, el diputado Pablo Tonelli (PRO) explicó que el propósito “consiste en regularizar el dominio de más de 4.000 barrios populares, significa que van finalmente a ser dueños de la propiedad que ocupan y contribuye a la mejora del hábitat”.

“La integración urbana está orientada al acceso a los servicios, a la eliminación de las barreras urbanas, a un fortalecimiento de los espacios. Es una mejora sustancial de vida de los que están en situación vulnerable”, dijo Tonelli.

Además, recordó que “se suspenden los desalojos que pueden estar en curso” en barrios populares.

Fabio Quetglas (UCR) mencionó que “en menos de 20 años se instalaron el 45% de las villas existentes” y recordó la elaboración de un registro de barrios populares que “constituye una herramienta para hacer política pública”.

“Todo el esfuerzo que hagamos por mejorar el hábitat de los ciudadanos está justificado. La vivienda es el acceso a un paquete de derechos”, resumió el legislador radical.

La diputada Mayra Mendoza (FPV-PJ) dijo que este proyecto “no resuelve gran parte de los proyectos de los habitantes de los barrios populares” y pidió incorporar una nueva definición de integración socio-urbana.

Asimismo, Mendoza inquirió al oficialismo: “Dudamos de la intención que tiene el gobierno, porque hacen uso de los más humildes. Están ahogando al pueblo argentino”. Sin embargo, adelantó que su bancada acompañaría el texto con modificaciones.

Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, valoró “el enorme trabajo de campo del relevamiento” y definió la iniciativa como “una restitución de derechos para familias que están esperando que el Estado les dé condiciones para una vida digna”.

En tanto, Leonardo Grosso, del Peronismo para la Victoria, reivindicó el trabajo de las organizaciones sociales en el relevamiento y adelantó el acompañamiento a la iniciativa.

“Pero no se confundan, los movimientos populares no queremos propinas ni dádivas. Queremos derechos. Vamos a pelear por cada peso que les están sacando a los pobres. Queremos tierra, pan, techo y trabajo”, dijo Grosso en el recinto.

Héctor Flores, de la Coalición Cívica, advirtió que “es una oportunidad inédita para cambiar la historia de estos barrios sin ley, para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de salir de las condiciones estructurales de pobreza”.

Desde el bloque del Frente para la Victoria –PJ, Agustín Rossi, titular de la bancada, calificó a la ley como “un punto de partida” y estimó que “el Estado tendrá que arbitrar los medios y el esfuerzo económico”.

“No es lo mismo efectuarla en medio de un fuerte ajuste del Estado nacional, es un punto de contradicción en lo que estamos viendo hoy”, denunció Rossi.

Como titular del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), remarcó el valor de “dos años sin choques, sin ideologizar, el trabajo entre el Estado y las organizaciones sociales”.

La iniciativa dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), creado por decreto 358/2017 con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y que obtengan los servicios básicos.

También propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones que se realicen, cuyos fondos serán establecidos en la ley de presupuesto de 2019.

En el debate en el plenario de comisiones, una de las modificaciones introducidas al texto original radica en la cláusula que autorizaba a la Nación a proceder a la expropiación, aún en caso de falta de acuerdo con las provincias y municipios.

En consecuencia, se necesitará el acuerdo de las tres partes. También se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del ministerio de Desarrollo Social.

REPARACIÓN ECONÓMICA A HIJOS DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

OBTUVO UNA ADHESIÓN UNÁNIME EN EL RECINTO. ES UN AVANCE EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Luego de conseguir 203 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó hoy por unanimidad la “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

La diputada Alejandra Martínez (UCR) fue la encargada de explicar los alcances del proyecto. “El femicidio pone en evidencia la violencia de género más estructural que ocurre en nuestro país. Además de las víctimas directas, están las víctimas colaterales. Es el momento en que más necesitan del Estado”, dijo.

“Ponemos el nombre de un caso emblemático, el de Brisa, pero es una situación que se repite de a cientos en el país. Es una ley impulsada por familiares y por el gran empuje que le dio ‘La Casa del Encuentro’”, narró Martínez, titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Brisa tiene 5 años y su padre está condenado por haber matado a su madre en 2014. Vive en la localidad bonaerense de Moreno con sus hermanos mellizos, sus tres primos y sus tíos. Su dolorosa historia fue tomada por la asociación civil La Casa el Encuentro para reclamar e impulsar la ley aprobada hoy.

“Estamos aquí con esta posibilidad de dar respuesta, con una reparación económica fundamental ante el desamparo de la víctima. Hemos decidido dar una lucha contra la violencia de género y hacernos cargo como estado de lo que esa violencia genera”, dijo la diputada Martínez.

En tanto, Cristina Álvarez Rodríguez (FPV-PJ) recordó que “no hay ámbito privado en la violencia de género. No siempre la justicia actúa como tiene que actuar en estos casos”.

“Hoy es un día muy especial, porque estamos legislando para una niña que tuvo una tragedia enorme, pero que refleja a todos los que están en ese mismo lugar. En la prevención no podemos esperar más, porque el Estado llega tarde con esta pensión”, alegó la diputada.

Desde el bloque Justicialista, María Carolina Moisés sostuvo que se trata de un “una reparación de parte del Estado, que no llega a prevenir estas situaciones. Esto no es un beneficio social, son políticas que parten del dolor de la gente”.

“Tenemos que fortalecer el rol del Estado y que sea más presente en beneficio de los más vulnerables”, añadió.

Igualmente, la diputada Cecilia Moreau, del Frente Renovador, evidenció que esta “ley no resuelve el problema de fondo, tiene cosas que se podrían haber mejorado”.

“Cuando un niño pierde a su mamá de manos de un femicida, no hay retorno, y no hay reparación económica que alcance. Por eso esta ley viene a poner el foco en las víctimas colaterales de los femicidios. Y tiene que ser parte de un plan de lucha sistemática contra la violencia de género”, resumió Moreau.

El proyecto propone que se cree un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio contra su otro su progenitora.

Según la iniciativa, para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.

La reparación económica establecida en la presente ley debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y se la considera de atención integral compatible con las asignaciones familiares.

Además, dispone la cobertura integral de salud la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica, garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo.

REGIMEN PARA LA DONACIÓN DE ALIMENTOS

Por 145 votos a favor, 48 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envío al Senado un proyecto que propone crear el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos e incorpora el artículo 9 a la Ley 25.989, de Régimen Especial para la Donación de Alimentos en buen estado (DONAL), sobre responsabilidad de los donantes.

La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), impulsora de la iniciativa, mencionó que “se pierden 16 millones de toneladas de alimentos en la Argentina; hay un 27 % de personas pobres y los países más desarrollados del mundo tienen bancos de alimentos”.

“Hablamos de donación de alimentos no vencidos, con control bromatológico por parte de las municipalidades. Con 6 millones de estas toneladas se podría garantizar la comida. La lucha contra el hambre es un escándalo moral, no podemos tener población con hambre cuando se desperdician alimentos en estado de uso”, sostuvo Carrió.

En tanto, la titular del bloque de la CC recordó que “hay muchísimos bancos de alimentos” y reconoció que aunque “no cubre todo el hambre, forma parte de generar políticas de responsabilidad social”.

El diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador, reconoció que “tenemos un problema en materia de donación de alimentos, uno de los motivos es que no está claramente expresado la limitación del donante”.

“Es central dejar claro su limitación. Esto no significa darle un cheque en blanco, sino delimitar la responsabilidad del donante, sin extenderla al periodo posterior al de la entrega de los alimentos”, añadió Lavagna. “Tenemos que mejorar la reglamentación, que es lo que estamos haciendo hoy, pero también necesitamos el compromiso del Estado para que se lleven a cabo”.

El diputado explicó que el dictamen incorpora que “la responsabilidad quede supeditada al daño, al perjuicio, que puedan producir por culpa o dolo en la acción del donante”.

Desde el Frente para la Victoria–PJ, Adrián Grana criticó con dureza el proyecto: “No está pensando en cómo se termina con el hambre, nos parece una real porquería, producto del cinismo del gobierno”. “El hambre se resuelve con más políticas del Estado, no con programitas de dádivas”, añadió.

La titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, lo calificó como un “proyecto viejo”, que data del año 2001, en situación de crisis alimentaria. No obstante, pidió “utilizar los recursos que tenemos”, como los bancos de alimentos, para enfrentar la problemática del hambre.

La diputada Araceli Ferreyra, del Peronismo para la Victoria, reclamó por la ley de emergencia alimentaria, “porque la responsabilidad real frente al hambre es del Estado”. “No me como el cuento de los empresarios buenos que donan; disponer qué hacer con estos alimentos les genera incluso un costo”, dijo.
“El hambre está creciendo, no puede ser que nuestra solución sea la donación de alimentos”, añadió Ferreyra, pese a que adelantó su respaldo al proyecto.

El titular del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, sostuvo que “este Congreso tiene que dar una respuesta más sofisticada, no lo que les sobra a las empresas; hay que proponer aumentar la AUH, la jubilación mínima”.

“Pongan a las empresas retenciones, esto no resuelve el hambre, hay que ponerles retenciones y asignarlos a la AUH. La película atrasa, tenemos que dar una respuesta acorde a lo que es hoy la Argentina; (el proyecto) adolece de una cantidad de inconvenientes; no quiero legitimar una acción que tiene que ver con el 2001”, consideró Rossi.

La ley establece un “régimen especial para la donación de alimentos en buen estado” que permite a las personas y empresas donar productos alimenticios a instituciones públicas o privadas para ser distribuidas entre la “población económicamente más vulnerable”.

Asimismo, especifica que los alimentos deben cumplir “con las exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino”. Pero admite “que puedan contener una falla que no afecte las exigencias antes mencionadas, tales como defectos en la rotulación, en el contenido neto, en el aspecto externo del envase o incumplimiento de alguna cualidad secundaria del producto”.

La novedad es que el proyecto agregó un artículo que fija que “el donante queda liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por las cosas donadas o por el riesgo de las mismas, salvo que se traten de hechos u omisiones que degeneren en delitos de derecho criminal”. La diputada Carrió enfatizó que “de ninguna manera esto habilita la donación de mercadería vencida; lo que hace es no adjudicar responsabilidad al donante por demoras en la distribución o el consumo”.

El proyecto fue aprobado en general y en particular.

REGULACIÓN DE LA CRUZ ROJA EN VÍNCULO CON EL ESTADO

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de regulación del vínculo entre la Cruz Roja Argentina y el Estado Nacional por 185 votos afirmativos y una abstención.

Como miembro informante, el diputado Carlos Castagneto (FpV-PJ) recordó que “hoy por hoy, no teníamos una regulación respecto de la Cruz Roja Argentina”.

“Quiero destacar la tarea de la Cruz Roja, por su perseverancia, por su trabajo y su compromiso con una sociedad civil donde el objetivo es el bien común, salvar vidas, estar al lado de los más necesitados en los momentos más difíciles”, recalcó.

El diputado Marco Lavagna (Frente Renovador), autor del proyecto unificado, explicó que el texto reúne el consenso de todos los bloques. “Hace 60 años que Argentina tiene una deuda en materia de normativa, y hoy le damos las herramientas jurídicas que necesita para llevar adelante sus actividades”, explicó.

Nuestro país no cuenta con una norma que regule el estatus jurídico de la Cruz Roja, como lo hacen muchos Estados de la región y del mundo, como Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, México, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, entre muchos otros.

El texto busca otorgar un sustento legal a las operaciones de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, en reconocimiento a la importancia de su labor. Básicamente, le reconoce carácter jurídico y contempla, además, los siguientes puntos principales:

*) Protege el nombre y el emblema de la Cruz Roja.
*) Establece un marco para el funcionamiento y la capacitación del voluntariado.
*) Contempla beneficios impositivos para la compra de equipamiento.

ACTUALIZAN MULTAS POR ESTUPEFACIENTES Y CREAN PARQUES NACIONALES

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 185 afirmativos, 17 negativos y 4 abstenciones una actualización de montos de penas y de multas en el Código Penal y la ley de estupefacientes.

La diputada Gabriela Burgos (UCR), presidente de la comisión de Legislación Penal, explicó que el objetivo es “unificar las multas establecidas”. “La narco criminalidad es uno de los flagelos más graves de la Argentina. Además de leyes para que actúe la Justicia es necesario políticas públicas que las lleven a cabo”, añadió.

El objetivo de este proyecto es, según Burgos, “unificar el criterio de la aplicación de multas, readecuando también el volumen de las penas para darle congruencia con el resto de las multas definidas en las últimas modificaciones”.

Desde el Frente para la Victoria, la diputada Gabriela Cerruti observó que “estamos votando la modificación de una ley que es mala, que penaliza y coarta las libertades individuales”. “Lo único que estamos haciendo es cambiar algo técnico, pasando de australes a pesos”, añadió.

En tanto, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) sostuvo que hay “dos caminos” para enfrentar la problemática del narcotráfico: “Persiguiendo al dealer y a las personas con problemas de salud, o perseguir la ruta del dinero, porque casi siempre se termina en un banco que lava dinero”.

En otro orden, se sancionó la construcción del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán, luego de aceptar las modificaciones introducidas por el Senado.

El diputado Walter Santillan (FPV) explicó que el Parque “es muy importante porque aporta a la preservación de la flora y fauna de nuestra provincia”. “Es donde nacen las cuencas hídricas de nuestra región. Y con este proyecto vamos a estar preservando el futuro de nuestras generaciones”, dijo.

La diputada Ávila Beatriz, del Partido por la Justicia Social, sostuvo que “representa el 90% del origen de los ríos de Tucumán”. “Cederlo a Parques Nacionales es una verdadera política de Estado”, consignó.

En este sentido, la Cámara baja también aprobó la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires.

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