Sindicatos, cooperativas y ong’s opinaron sobre Argentina Digital

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La Comisión de Sistemas, Medios e Comunicación y Libertad de Expresión que preside Liliana Fellner (FpV – Jujuy); recibió este jueves a diversas organizaciones para escuchar sus opiniones sobre el proyecto del Ejecutio para una nuea ley de telecomunicaciones.

Asistieron a la reunión Rafael Sánchez, de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL); Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre; Guillermo Defays, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; David Iud de la Universidad Tecnológica Nacion al; Fernando Blanco Muiño, Presidente de la Unión de Consumidores Argentinos; Héctor Polino de la Asociación Consumidores Libres; Miguel Fortuna, del Movimiento de Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente; Gerardo Millman, Director de la AFSCA; Graciana Peñafort, ex Directora de Asuntos Legales de la AFSCA; Enrique Alonso de la Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur (FECOSUR) y Juan Manuel Valdez, Director de Telecomunicaciones de la Subsecretaría de Derechos Políticos y Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rafael Sánchez de FECOTEL, entidad que nuclea a más de 250 cooperativas telefónicas, manifestó que hay puntos en la nueva ley que son beneficiosos para el sector, mientras que otros como los referidos a la Au toridad de Aplicación; la apertura de accesos y desagregación de las redes; la eliminación de la larga distancia y la definición de servicio universal, deben analizarse con mayor detenimiento.

Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre, compartió la necesidad de una nueva ley de telecomunicaciones, pero caracterizó al proyecto como “pletórico de buenas intenciones. En especial cuestionó lo referente a neutralidad de la red, cuya definición en el texto es de una “pobreza franciscana”, señaló.

Por su parte Guillermo Defays propuso la creación de un Observatorio Nacional de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones, mientras que David Lud expresó su apoyo a la declaración de servicio público y a garantizar la accesibilidad a la población.

Fernando Blanco Muiño tabién avaló la iniciativa en general, pero opinó que esta nueva ley no puede aprobarse de “manera express”, habiendo cuestiones a debatir tales como que el proyecto sólo declara servicio público a lo que es el uso y acceso a redes para licenciatarios y deja el resto como servicios “de interés público”, por lo que las empresas podrían disponer subas injustificadas.

Sobre este punto, Héctor Polino señaló que se declara servicio público a una etapa, que es la relación entre las empresas mayoristas, pero no entre las empresas y los usuarios, por lo que en su opinión “es un absurdo, que una parte de la empresa sea servicio público y otra parte no”. Finalmente adirtió que “Telecom y Telefónica van a poder aumentar sus tarifas, porque dejarán de ser servicio público” y lamentó que el proyecto no disponga la creación de un organismo de control.

Gerardo Millman comenzó su interención repudiando el procesamiento del periodista Sosa y sugirió derogar el artículo del Código Penal que obliga a los periodistas a develar sus fuentes, ya que viola los tratados internacionales. Seguidamente manifestó sus dudas respecto a que el proyecto favorezca a los usuarios. Señaló que se desarticula a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al exceptuar de las condiciones de admisibilidad para la titularidad de las licencias de comunicación audiovisual a las empresas telefónicas, en claro beneficio de Telefónica y Telecom, las cuales, según denunció “están conformadas en su capital accionario por Fondos de Inversión, asociados a los Fondos Buitre”.

EMF_Fellner01Enrique Alonso en cambio resaltó la importancia de la desagregación de la red local, ya que es sumamente difícil para las cooperativas -las que poseen las licencias más antiguas- lograr el nivel de inversión que pueden llegar a hacer las grandes empresas.

Cabe recordar que en la primera reunión del martes, en la que los funcionarios del gobierno defendieron el proyecto, opositores como Gerdo Morales (UCR-Jujuy) ya había adertido que “nadie nos garantiza que las telefónicas no se coman a las PyMes y a los cable operadores regionales”.

El propio presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (FpV-Rio Negro) había realizado una dura crítica a la lamentable política de desinversión de Telefónica en nuestro país, afirmando que las empresas españolas se han destacado por no invertir en la Argentina.

Llamó la atención que Picheto reclamara a los miembros del PEN modificaciones tendientes a impedir que aquellas empresas que no hayan invertido puedan quedarse con un gran negocio.

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