PARTICIPARON 16 EXPOSITORES ENTRE JURISTAS, SINDICALISTAS Y ESPECIALISTAS. BRINDARON SUS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL PROYECTO DE LEY ENVIADO POR EL PODER EJECUTIVO. TRAS MÁS DE 5 HORAS DE DEBATE, SE PASÓ A UN NUEVO CUARTO INTERMEDIO HASTA EL PRÓXIMO MARTES
El proyecto de ley de reforma judicial que el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación continuó siendo analizado hoy en el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presidido por la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun (FdT).
La fundadora de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, abrió la cuarta reunión para tratar la iniciativa que busca la reorganización de las competencias de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.
Tras agradecer «por darme la oportunidad de hablar sobre esta reforma y sobre la oportunidad de aplicar el sistema acusatorio en el sistema federal de justicia consideró que «nuestro sistema judicial federal es el más atrasado de Latinoamérica» y que «hubo 5 intentos fallidos de reforma». «Los sistemas procesales van junto con los sistemas políticos. Nos merecemos un sistema acusatorio en el sistema federal de justicia», agregó.
Sostuvo que «originalmente el fuero contencioso administrativo y el fuero civil y comercial federal -que el proyecto unifica-, eran un solo fuero. Nacieron juntos, tienen el mismo código de fondo. Tampoco quita recursos de un fuero en perjuicio de otro».
Explicó que «hasta que no se sancione la ley no se puede hablar de equipamientos, eso es poner el carro delante del caballo. Sin embargo no estamos evaluando esto como un gasto, ya contamos con todos los recursos».
El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle compartió «la necesidad de realizar una reforma integral del sistema judicial».
No obstante señaló que «no podemos darle un trámite express que fracase en el futuro» y consideró que «una reforma de esta magnitud debe ir acompañada de una reformulación de la integración del Consejo de la Magistratura».
El titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariz manifestó que «queremos que en este proceso se tome en cuenta cómo impacta la relación de la competencia federal en las justicias ordinarias de todas las provincias».
«No es posible que haya asimetrías como las que hoy se verifican, donde un magistrado de una jurisdicción tiene grandes diferencias con los recursos de otro en otra región», apuntó.
Luego el Juez de la Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín sostuvo que «el proyecto no cumple con las finalidades que se plantea».
Señaló que «se necesita una reforma más de fondo» y «hacer hincapié en un cambio en la organización del poder judicial y en las estructuras».
«La ley debiera incluir criterios claros y objetivos en cuanto a la evaluación de postulantes al cargo de juez y reforzar la mirada del derecho público y no privado», añadió.
El presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rolero Santurián hizo hincapié en que «en este tiempo la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha completado su desarrollo y se ha especializado, es decir, cuenta con personal altamente capacitado. Frente a este nuevo esquema resulta fundamental que la transferencia se realice con los recursos correspondientes».
Al hacer uso de la palabra, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación Julio Piumato lamentó «no haber sido convocados a participar de la discusión previa».
Consideró que «es necesaria una reforma judicial integral que convoque a todos los sectores de la comunidad organizada judicial» y que «no es prioritario en medio de una pandemia tratar la reforma judicial, en ningún lugar del mundo un Parlamento está discutiendo esto en un momento así».
Asimismo aseguró que «hace falta un plan estratégico» y explicó que «el sistema acusatorio requiere más personal en fiscalías y unidades de trabajo que hoy están colapsadas. La Magistratura no cumple las sentencias que favorecen a los trabajadores, y se van a ver afectados los que están con sobrecarga de trabajo».
La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta consideró que «una reforma al sistema de justicia es necesaria» al sostener que el actual «está atravesando una crisis profunda de legitimidad y de ineficiencia, con carencia absoluta de perspectiva de género».
Aseguró que «el verdadero cambio viene con la implementación del sistema acusatorio la cual es una herramienta adecuada para avanzar en la transparencia del sistema de justicia».
A su turno, la jueza de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Magdalena Laiño Dondiz sostuvo que «la redacción del proyecto genera más incertidumbres que certezas para nuestro fuero y sobre todo para los usuarios, que son la ciudadanía en general».
El vocal de la Cámara Federal de Apelaciones Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Provincia de Bs. As. Aníbal Segura señaló que «el proyecto crea nuevos juzgados penales y desdobla los que tenían multifueros. Si se aprueba la reforma la justicia federal de San Justo va a seguir manteniendo los dos juzgados penales y la de San Martín va a tener 15, lo que es una manifiesta incoherencia».
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU- CABA), Juan Manuel Rotta Escalante celebró «que con el proyecto se intente concluir con el proceso de transferencia de competencias del fuero penal pero consideramos que hay que preparar el sistema de manera integral a los efectos de garantizar el servicio de justicia».
La secretaria general de SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales), Marieta Urueña Russo se expresó «a favor de esta reforma porque entendemos que es necesario que el Poder Judicial sea independiente, de cara al pueblo y no utilizado para perseguir y violar garantías constitucionales».
Más tarde, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó el proyecto de reforma judicial al sostener que «el Consejo que se propone es monocolor, no tiene especialistas en cuestiones de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas que les toque decidir y por otro lado, encuentro conflicto de interés en el caso de Beraldi y Arslanián».
El camarista Omar Florencio Minatta consideró que «en el tema de la transferencia de la justicia ordinaria nacional a la órbita del poder judicial de la CABA existe un claro mandato constitucional».
La abogada y académica María Gattinoni de Mujía expresó que «el proyecto puede dar un paso más y transferir todas las jurisdicciones y hacer convenios interjurisdiccionales bien planificados, con carga de trabajo y un trabajo conjunto entre los 3 poderes».
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones manifestó su deseo de que «la implementación del Código Procesal Penal Federal fuera lo más rápido posible, dos años me parece mucho para la justicia federal de la Capital Federal».
Por último, brindó su perspectiva el abogado Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia). Sostuvo que «una reforma judicial es necesaria» y que el «primer desafío es la necesidad de romper las relaciones promiscuas entre jueces, poderes políticos, empresarios y servicios de inteligencia».