Por Miguel Córdoba
El video difundido por el gobierno con motivo de cumplirse otro aniversario del último golpe de estado cívico militar (los de 2001 fueron civiles), pretende reabrir algunos viejos temas de nuestra historia reciente. Podemos adentrarnos en esas cuestiones, sin dejar de advertir que no es más que otra maniobra de distracción. Desvío de la atención de los serios problemas que la sociedad atraviesa en la actualidad.
Para empezar, debemos señalar que estas cuestiones huelen a viejo. El setentismo de derecha no es mejor que el de izquierda. Estos debates no atraen a casi nadie menor de 65 años.
Dicho esto, analicemos brevemente el spot. Lo que más destaca es la cuestión del número. Desestimar la cifra de 30.000 no es un hallazgo, dado que los propios organismos oficiales dan cuenta de alrededor de 10.000 casos registrados (https://datos.gob.ar/ko_KR/dataset/justicia-registro-unificado-victimas-terrorismo-estado–ruvte-). Hurgando un poco más, descubriríamos que casi 20.000 desaparecidos, o no tenían familia, o sus familiares no se enteraron de la indemnización que les corresponde por ley. Poco verosímil.
La pregunta pertinente es si no es tan atroz la desaparición o asesinato por parte del estado de 10.000 personas, que de 30.000. Pero el gobierno sabe el valor simbólico de los 30.000 y por eso elige provocar. Previsible.
También provoca el retorno a la teoría de los dos demonios, a la idea que hubo una guerra con dos enemigos igualmente monstruosos y equiparables. Otra controversia absurda superada hace décadas por nuestra jurisprudencia. Que la justicia haya puesto mayor celo en la persecución de los crímenes de estado que en otros crímenes de lesa humanidad, es otro tema.
Luego el corto hace hincapié en la falta de reconocimiento para las víctimas de organizaciones terroristas. No solo moral –como señala la hija de Viola- sino fundamentalmente económico, como convenientemente propone el terrorista arrepentido. Como si todo, al fin y al cabo, pudiera resolverse con plata.
La etapa previa al golpe
El video oficial menciona el hecho que la violencia comenzó años antes, desarrollándose fuertemente durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Y hace bien en no llamarlo democrático, dado que nadie había votado a esa ignota mujer, ni a López Rega y demás ministros. Mucho menos a la tenebrosa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que, para desagrado del peronismo, fue habilitada por el propio Perón.
Desde el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, aquella organización paraestatal secuestró, torturó y asesinó a cientos de personas sindicadas como marxistas, en una guerra que como las organizaciones que la protagonizaban, era clandestina.
Para 1976, hacía más de dos años se desarrollaba una creciente ola de secuestros y asesinatos de dirigentes políticos, estudiantiles, gremiales, empresariales y militares.
El 14/9/75 la presidente había sido recluida por razones de salud en una colonia de vacaciones de la Fuerza Aérea en Ascochinga, Córdoba. Curiosamente la acompañaron durante 32 días las esposas de los comandantes de las tres fuerzas, que meses después integrarían la Junta Militar de gobierno.
La escalada de precios y la caída del salario real afectaban el humor social. A esta situación debe agregarse los continuos e incesantes paros y protestas sectoriales.
Mientras se sucedían numerosos cambios de gabinete en el gobierno (38 ministros en 18 meses), el 7/2/76 la UCR advertía la gravedad de la situación institucional y el diputado nacional por el FREJULI, Luis Sobrino Aranda, reclamaba la renuncia de la presidente. Pedidos que se multiplicaron en el Congreso los días siguientes mientras crecían los rumores de un inminente golpe de estado.
El 16/2 el Ejecutivo clausuró las sesiones extraordinarias en el Congreso y al día siguiente, el decreto Nº 642 restringía el derecho de habeas corpus y de expatriación bajo el estado de sitio.
El 18/2 la presidente anunció que no renunciaría y dos días después publica el llamado a elecciones presidenciales para el 12 de diciembre, mientras se desarrollaba una nueva reunión de mandos de ejército durante once horas.
Al mismo tiempo Ricardo Balbín (UCR) declaraba por Radio del Plata: “No sé si el gobierno está buscando el golpe, pero está haciendo todo lo posible para que se lo den. Las actitudes contradictorias ya están definiendo un gobierno sin rumbo, de modo que no sé si es intencionado o hecho por ignorancia”.
El 26/2, diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y del “Grupo de Trabajo” (fracción del Frejuli), reclaman Asamblea Legislativa para tratar la inhabilidad de la presidente. Esta alternativa debe haber sido considerada seriamente porque una semana después, el presidente provisional del Senado, Ítalo Luder, desestimó un llamado a Asamblea Legislativa y propuso una reunión multipartidaria. El 8/3 Luder declaró que la inhabilidad presidencial debía resolverse por juicio político.
Estando vigentes desde 1975 los tristemente célebres decretos de aniquilamiento del accionar subversivo, con los que el gobierno comenzó a legalizar el accionar represivo -antes ejercido por la Triple A- (observar la firma del entonces ministro de trabajo, Carlos Ruckauf), el 16/3 el Ejecutivo envió al Congreso proyectos de ley que instituían el juicio sumario para enfrentar a la subversión. Tres días más tarde anunció que enviaría un nuevo proyecto de ley que incluía la pena de muerte por imposición del Código Militar. Pero el Congreso estaba casi desierto ante los rumores de un inminente golpe de Estado, por lo que nada se pudo tratar.
El 23/03/76 las tropas del ejército patrullaban las calles de las principales ciudades del país mientras Deheza(1) se reunía nuevamente con los comandantes de las tres fuerzas, para luego declarar que no hablaron de golpe sino de la seguridad en las próximas elecciones.
Ya consolidada en el poder la dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Roberto Viola, dictó el 17 de diciembre de 1976 una orden secreta que modificaba las órdenes dictadas por los decretos del gobierno constitucional derrocado, eliminando toda referencia a la «neutralización» y estableciendo que la orden de aniquilación no debía ser del «accionar subversivo», como establecían los decretos de 1975, sino de las personas mismas consideradas como «subversivas».
(1) José Deheza, Ministro de Defensa Nacional desde el 11/3 (en reemplazo de Ricardo Guardo), era un abogado con fuertes vínculos castrenses. Estaba casado con Marta Lonardi, hija del general Eduardo Lonardi, a quien acompañó como jefe de la secretaría privada de la presidencia como primer gobernante de la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Juan Perón en 1955. Con el peronismo nuevamente en el poder, entre 1973 y 1974 se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio del Interior que conducía Benito Llambí (uno de los creadores de la Triple A). Ya en la presidencia de María Estela Martínez de Perón, entre enero y marzo de 1976 estuvo al mando del Ministerio de Justicia.