Se reunieron las comisiones de Cultura; de Defensa del Consumidor; de Mercosur; de Vivienda y de DD.HH
La Comisión de Cultura avanzó con el tratamiento y aprobación de varios proyectos de ley, declaración y resolución.
Al comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión de Cultura, diputada Silvana Ginocchio (UxP), señaló: “Buscamos avanzar en proyectos para fomentar la cultura con perspectiva federal”. Además, informó que “se cursó la invitación al secretario de Cultura Nacional, Leonardo Cifelli”, para que venga a la comisión a exponer sobre la situación actual de la cultura en nuestro país.
Desde el bloque de la UCR, la diputada Natalia Sarapura sostuvo que «es necesario ratificar el carácter esencial de la cultura», por lo cual consideró «esencial», la presencia de Leonardo Cifelli, en el marco de la Comisión.
Por su parte, el diputado Hernán Lombardi (Pro) aseveró que “es importante el financiamiento de la cultura”, así cómo también -remarcó- “el federalismo”, por lo cual sugirió que quizás pueda consensuarse “una ley de financiamiento federal de la cultura”.
En otro sentido, se ratificaron dos proyectos de ley que cuentan con media sanción del Senado por el cual se aprueban dos acuerdos de Cooperación: En Áreas de Cultura y Educación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Serbia, suscripto el 26 de noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro, entre la República Argentina y la República Popular de China para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, rubricado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28 de noviembre de 2018.
Luego, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), autora del proyecto que modifica el Artículo 1° de la Ley N° 24.633 de Circulación Internacional de Obras de Arte, sobre incorporación fotografías, video Arte, Arte electrónico y digital y expresiones de Arte conceptual, se refirió a su iniciativa: “Esta norma permite un flujo muy importante de las obras, pero está desactualizada, ya que -puntualizó- “al momento de su aprobación no existían artes conceptuales y digitales”.
En otro sentido, Damián Arabia (Pro) se expresó sobre su proyecto de Resolución que “declara de interés de la Cámara de Diputados de la Nación, la publicación del libro aniversario por los 50 años de la Fundación Universitaria del Río Plata (FURP)”, y en ese sentido dijo que “el objetivo es “reconocer a una institución de la sociedad civil que lleva más de cinco décadas trabajando en el intercambio de ideas y en programas de formación”.
Además, durante la reunión se dio tratamiento a varias declaraciones de interés cultural de varias publicaciones de libros, entre los que se incluye un proyecto del diputado Eduardo Valdés (UxP), por el cual se declara de interés el libro “Somos Sobrevivientes”. “Son historias de abusos sexuales de menores. Estas historias pudieron resolverse por el trabajo colectivo con una asociación civil”, informó el legislador.
En tanto, el diputado Hernán Lombardi (Pro) expuso su mirada: “Todos los libros merecen un beneplácito, salvo los que tienen ideologías autoritarias».
Por otra parte, el proyecto de Monumento Histórico Nacional al monumento que rememora el Izamiento del Pabellón Nacional en Puerto Argentino, emplazado en la antigua Casa de Gobierno en la ciudad de Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur volvió a asesores para continuar con su análisis.
Durante la reunión de comisión, además, los diputados Silvana Ginocchio (UxP) y Hernán Lombardi (Pro) pidieron que se conforme la Comisión Especial Administradora del Edificio del Molino, que oficia como un órgano de representación, dirección y administración de la emblemática confitería.
Por otra parte, también, se analizaron distintos proyectos de resolución relacionados con Pedidos de Informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
DEFENSORES DEL PUEBLO DE DIVERSAS PROVINCIAS EXPUSIERON SOBRE SERVICIOS Y TARIFAS ENERGÉTICAS
Presidida por la diputada Carolina Yutrovic (UxP), la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, recibió a representantes federales nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina –ADPRA–
A modo introductorio, Bernardo Damián Voloj, secretario General de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y Defensor del Pueblo del Chaco, afirmó que “acceder a energía eléctrica es un derecho inherente a la persona”. “Apostamos a consumidores y usuarios bien informados, con una consagración de derechos real y efectiva, pero fundamentalmente que no se ponga al usuario y consumidor siempre como el último eslabón, que tiene que pagar los costos”, analizó.
Coincidiendo con su antecesor en el uso de la palabra, Claudia Bard, Defensora del Pueblo de Chubut, hizo hincapié en la “relevancia que tiene para el interior del país el nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación, porque las provincias quedamos totalmente desprotegidos ante este tipo de subas de tarifas”. Al respecto, expresó la inquietud que tienen todos los defensores respecto al aumento de servicios públicos. “No le sirve al ciudadano, ni a la clase gobernante y tampoco a las empresas, porque dejan de ser operativos a medida que la gente se va bajando del sistema”, remarcó.
Luego, Analía Woloszczuk, de Bariloche, explicó la relación de cercanía con la ciudanía. “Nosotros tenemos al vecino en nuestra institución al que contenemos, escuchamos, asesoramos y acompañamos. En el caso de las tarifas, lo que nos toca es derivar a las autoridades decisorias de todas las acciones que se deben llevar adelante”, manifestó al tiempo que instó a que “las tarifas sean justas, razonables y proporcionadas; la gente necesita poder calefaccionarse y usar los servicios esenciales”.
El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn, planteó que “la situación es absolutamente compleja” donde los usuarios -a su entender- están siendo corridos del sistema de los servicios públicos. En esa línea, agregó: “El análisis tiene que ser con los ciudadanos de Santa Fe, sobre todo con los sectores más desprotegidos, adentro”.
Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de Formosa, expuso que “no queremos con nuestros planteos quebrar al estado, pero se nos hace muy difícil en los últimos meses trabajar, comprender, entender y contener a los consumidores y usuarios”. “Necesitamos que las políticas públicas contemplen la diversidad y la situación de demanda, y que sean realmente federales”, sostuvo.
Para concluir, Roberto Daoud, en representación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), quien mostró preocupación por la situación de los electrodependientes. En otro aspecto, informó que le dejó la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) “un proyecto de ordenanza que se ha ido replicando en distintos ámbitos de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el sobreendeudamiento para analizar y trabajar en conjunto”.
LA COMISIÓN DE MERCOSUR APROBÓ UNA SERIE DE ACUERDOS Y PROTOCOLOS INTERNACIONALES
Además, los diputados acordaron una agenda de trabajo para el año parlamentario con el objetivo de avanzar en la integración con los países del Mercosur.
En el marco de la reunión, el titular de la Comisión de Mercosur, diputado Roberto Mirabella (UXP), explicó la importancia del Mercosur para nuestro país, y sostuvo que “es la parte fundamental, comercial, que tiene la Argentina”. “Es necesario lograr la integración de nuestro país con los países del Mercosur”, enfatizó.
Además, se refirió al armado de una agenda de trabajo para el año parlamentario que tenga como temas centrales “mantener encuentros” con Cancillería Argentina, con representantes argentinos del Parlasur, así como también con Embajadores en nuestro país de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En otro orden, obtuvieron respaldo cinco proyectos que cuentan con media sanción del Senado por el cual se aprueba la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de servicios del Mercosur, el Acuerdo para la protección mutua de las indicaciones geográficas originarias en los territorios de los estados parte del Mercosur, y el Acuerdo sobre facilitación del comercio del Mercosur, firmados en la ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2019; el Protocolo de contrataciones públicas del Mercosur, suscripto en la ciudad de Brasilia (Brasil), el 21 de diciembre de 2017; y el Acuerdo sobre comercio electrónico del Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo (Uruguay), el 29 de abril de 2021.
Al respecto, el diputado Santiago Cafiero (UxP) indicó: “Vamos a acompañar los proyectos”. “Es necesario encarar nuevos desafíos para posicionar y fortalecer el Mercosur”.
Por su parte, el diputado Fernando Iglesias (Pro) respaldó las iniciativas al asegurar que “es fundamental garantizarle a nuestro país Acuerdos internacionales para lograr una eficiencia administrativa del Estado”.
En otro orden, pasaron a la firma dos proyectos de resolución por los cuales se “declara que el Parlamento del Mercosur (Parlasur) es un instrumento fundamental de la integración regional, la construcción de ciudadanía, la consolidación de la democracia y el desarrollo de los Estados” y otro que “expresa beneplácito por la conmemoración del día del Mercosur que se celebra el 26 de marzo de 2024 de cada año”.
En ese sentido, el diputado Fernando Iglesias (Pro) adelantó: “He elaborado un proyecto, que cuenta con el consenso del Gobierno Nacional, y propone modificaciones al Parlamento de Mercosur”. “Mi iniciativa propone crear una vía parlamentaria pura”, ya que -remarcó- “está trabado en sus capacidades legislativas”. Y añadió: “El Mercosur es un objetivo común que atraviesa a todas las fuerzas políticas”.
ORDENAMIENTO URBANO: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DISERTARON SOBRE EL ACCESO A LA VIVIENDA
En el marco de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que dirige el diputado Leandro Santoro (UxP), ONGS brindaron su mirada acerca de la accesibilidad a la vivienda, vivienda sustentable, gestión nacional del suelo urbano y tierra pública, y barrios populares.
En el inicio de la reunión, el diputado Santoro aclaró que “la intención es elaborar un informe que sirva como agenda para articular de manera más eficiente los distintos proyectos que vayan surgiendo y orientar el trabajo de las comisiones y con asesores”. Al mismo tiempo, adelantó que habrá tres reuniones: “la primera que es ésta, con organizaciones; la segunda con especialistas; la tercera con sector privado, sector público y sindicatos”.
La primera en exponer, en nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguens, consideró que “la mayor deuda social que tiene nuestra democracia es la posibilidad de que tengamos un lugar digno donde vivir, no sólo hablo de vivienda, hablo de un barrio donde poder acceder a los servicios mínimos, a la salud, a la educación, al trabajo; la vivienda es mucho más que una casa”. También se refirió al déficit habitacional como “un problema estructural, incluso en ciclos de crecimiento económico no ha habido nunca una mejora real, estructural, consolidada de vivienda para los que vivimos en Argentina. Cada vez más personas acceden a la vivienda en alquiler”.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Paula Cesnovar, disertó acerca de la ley aprobada en 2018, ley 27.453 de Integración Socio-urbana de barrios populares y el Fondo de Integración Socio-urbana. “De acuerdo a estudios se hicieron 1200 obras en 300 municipios de todo el país. A junio del 2023 se ejecutaron casi 20 mil lotes de servicios y alrededor de 50 mil mejoras de vivienda destinada a mujeres con el programa “Mi pieza”, dijo. “Estos números no implican únicamente las mejoras de las viviendas y barrios donde se realizan las obras sino también la creación directa de empleo a través de los convenios con cooperativas de trabajo y también empleo indirecto”, manifestó luego de denunciar la “desfinanciación de una política pública que contó con el apoyo unánime de todo el Congreso”.
Fernando Álvarez de Celis, De Tejido Urbano, aportó investigaciones sobre el desarrollo del hábitat y la vivienda. “El último censo muestra un crecimiento de 4 millones de viviendas”, indicó, y aportó que el Estado realizó el 7% de esas viviendas, los permisos de construcción dados por el mercado rondan el 43% y el 50% restante no fue hecho por el mercado ni Estado.
“La expansión urbana sin normativa conlleva el déficit en el hábitat en equipamiento barrial estos emprendimientos no tienen en cuenta la cuestión urbana, escuela, hospitales y también la falta de servicios. La política habitacional tiene que ser integral”, fundamentó.
En representación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Nicolás Fermé, sumó un “punto interesante el tema de la eficiencia energética de las viviendas no solamente por cuestiones ambientales que representa un 12 % total de gases de efecto invernadero”. A su vez, planteó cinco “grandes recomendaciones”, en “necesitamos que Argentina tenga lineamientos claros para el crecimiento de sus ciudades”; reactivar una política habitacional anclada en el territorio tanto para sectores formales e informales; continuidad de la política de integración socio-urbana; el etiquetado como lineamiento para potenciar algunos estándares mínimos de eficiencia energética; y fortalecer las capacidades de monitoreo.
Celeste Fisch, representante de la Fundación Vivienda Digna, ofreció su “experiencia en cómo solucionar todos estos aspectos de déficit que atraviesa nuestro país desde hace tantos años, hace 30 años que trabajo en la fundación, el déficit era de 3 millones, ahora es de 4 millones”, dijo. “Nuestro aporte es en cuanto al hacer, el tema del suelo es existencial conseguir un terreno que tenga una zonificación adecuada, la subdivisión y finalmente la escritura. Es una aventura que puede durar 20 años”. En cada una de las provincias y municipios no se facilita para el privado ni para el estado.
En tanto, Fernando Bercovich, del Centro de Estudios Metropolitanos , habló sobre la “desregulación total del mercado que aumentó la oferta de alquileres” y de las condiciones de desregular el alquiler en el que “las normas son contratos de 1 año con actualizaciones trimestrales, lo cual es un carga mental muy pesada para las familias”. Luego de hablar de aumentos por “encima de la inflación” expresó que es “importante que haya una regulación, pero también, es importante que el Estado intervenga activamente solamente porque con regular el mercado inmobiliario no alcanza.”
Araceli Ledesma, Fundación Techo, manifestó que: ”Nosotros empezamos a ser reconocidos y que esto pueda mejorar no tiene que ver con ningún gobierno de turno, tiene que ver con seguir sosteniendo una ley que implica que vivamos mejor”.
Nicolás Maggio, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISE), sostuvo que las estimaciones indican que “el 20% del problema de las viviendas del déficit habitacional es cuantitativo y el 80% es cualitativo. Eso quiere decir, viviendas que existen pero que funcionan mal, no tienen acceso a servicios o a todo lo que tiene que tener una vivienda justa, correcta y adecuada”. Y en ese sentido, añadió “Tenemos que generar políticas públicas de mejoramiento habitacional y hoy tiene que ser sustentable, contemplando el cuidado del medio ambiente, de los recursos, de las energías, sobre todo los demás derechos asociados a la vivienda”.
Participaron, además, las organizaciones Hábitat para la Humanidad; Madre Tierra; Habitar Argentina; Colectivo Hábitat PBA; Proyecto Habitar; Universidad de General Sarmiento; FTV – HIC; Polo Obrero; ENAC; Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas Miguel; Mesa Nacional de Barrios Populares.
Quedaron pendientes, para una siguiente exposición, las asociaciones: San Miguel de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Proyecto 7; Vecinos Sin Techo y por una Vivienda; Hipotecados UVA; Inquilinos Agrupados; MOI; Federación de Cooperativas Todos Juntos; Organización Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias; Cooperativa de viviendas 5 de septiembre; OPHAU; Asociación Civil la Amistad; Confederación Cooperativa de la República Argentina COOPERAR; Movimiento Evita, rama Mujeres; Mujeres por La Boca; y FOL.
VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA PANDEMIA EXPUSIERON EN DIPUTADOS
Se dio en el marco de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside la diputada Sabrina Ajmechet (PRO)
Durante una nueva reunión de la Comisión sobre la temática expusieron María Soledad Laciar, madre de Blas Correa, asesinado el 6 de agosto de 2020 por la policía; y Silvia Orecchia, madre de Héctor Gabriel Quintana, quién murió el 31 de julio 2020 por abandono del sistema de salud.
En primer término, María Soledad Laciar afirmó que “lo que ocurrió con Blas excede lo partidario”. “Hace casi cuatro años que hago política, porque estar sentada acá es hacer política; me han ofrecido formar parte, pero hoy siento que desde este lugar sumo más”, reflexionó. “Esta lucha cuesta un montón, cuesta emocionalmente mucho”, expresó. Y, agregó: “Vengo a hablar por mi hijo que no está, a hablar por aquellos que no tienen vos, que también los escuchen”.
Luego, hizo un resumen de lo sucedido el día del asesinato de su hijo Blas. Sobre el proceso judicial, Laciar remarcó que “hemos dado un gran paso con esta sentencia ejemplar que tuvimos el año pasado, que fue de los trece policías que estaban imputados, once con condena, por encubrimiento de omisión de deber de funcionario, y dos con perpetua, que fueron los que dispararon”, detalló.
Asimismo, les solicitó a los legisladores que lean el proyecto de ley Blas, y sus fundamentos, el cual busca agravar los crímenes de integrantes de las fuerzas de seguridad y militares. Para finalizar, emocionada, María Soledad resaltó que “vine acá para que justicia por Blas se convierta en un nunca más”.
En segundo, y último lugar, hizo uso de la palabra Silvia Orecchia, quien describió lo sucedido con su hijo. Durante su relato sostuvo que “no soy experta en derecho, pero creo que tengo derechos, y mi hijo también los tenía, y mis otros cuatro hijos también porque son también víctimas”. «Estoy muy contenta que por fin alguien me escuchó», concluyó.