Se reunieron las comisiones de Acción Social y Salud Pública; de Deportes; de Ciencia y Tecnología; de RR.EE.; de Vivienda; y de Peticiones, Poderes y Reglamento
DIPUTADOS ANALIZÓ EN COMISIÓN EL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE
En el marco de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, especialistas y referentes del sector expusieron sobre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).
En la reunión informativa, el ex secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENAF), Gabriel Castelli, expuso los lineamientos principales del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) que funciona desde el 2018. “El objetivo es reducir la tasa de embarazo no deseado en adolescentes y jóvenes”. “Este programa nos permitió un acertado diagnóstico sobre la importancia que tenía en la vida de los adolescentes esta problemática”, expresó.
Al respecto, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, diputado Pablo Yedlin (UxP), informó que “hay algunos expedientes acerca del Plan ENIA” y “la posibilidad de instituirlo por Ley”. “Argentina ha mostrado en este tema una respuesta muy buena de parte del Estado. Hemos disminuido al 50% la cantidad de embarazos no intencionales adolescentes”, argumentó.
Por su parte, Paula Zingoni, subsecretaria de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio de Salud de la Nación, señaló que “se trata de una política pública que trasciende a tres Gobiernos”, al aseverar que “le estamos dando continuidad a este Plan ya que lo consideramos importante porque centra a los adolescentes en el marco de una mirada de salud integral, inclusiva, e implica mejoras para el desarrollo de la sociedad”.
Asimismo, la funcionaria de la Cartera de Salud puntualizó: “Una política requiere de la sinergia y colaboración de todos los sistemas, aun no existiendo un marco normativo que nos obligue a esto”. Y añadió: “Estamos buscando abarcar de una manera lo más integral posible la salud de los adolescentes».
Por otra parte, respecto a la implementación del programa ENIA, Federico Paruelo, director de Niñez y Adolescencia de la Dirección Provincial de Salud Comunitaria de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud de la Provincia de Buenos Aires, consideró que “el embarazo adolescente es una problemática que, entre otras cuestiones, “profundiza la desigualdad social y aleja a las adolescentes de la escuela”.
Luego, Marisa Graham, responsable de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, ponderó la importancia del plan ENIA, aunque remarcó que “los planes nacionales si no tienen proyección en las provincias, están en el aire». “El financiamiento de este plan debe ser nacional y federal”, especificó.
Además, pidió hacer foco en “el embarazo infantil”, y “su vínculo con el delito de abuso sexual”.
REPRESENTANTES DE CLUBES Y ENTIDADES NACIONALES DEPORTIVAS EXPUSIERON EN DIPUTADOS
La Comisión de Deportes, cuya titular es la diputada de Unión por la Patria, Magalí Mastaler, recibió a referentes de clubes de barrios y actividades deportivas para analizar la situación actual del deporte.
En ese sentido, Marina Lesci, vicepresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrios, dijo que “la visibilización en la situación que estamos los clubes de barrio es trascendental”. “Los clubes de barrio son la red federal más grande de todo el país, en muchas ciudades, pueblos -dependiendo las particularidades- puede haber un comité, una unidad básica, una biblioteca, un comedor pero en todo pueblo hay un club de barrio”. “Los clubes de barrio complementan el rol del Estado, uniendo aún a aquellos vecinos que tengan una diferencia partidaria, porque en estos clubes se construye comunidad”, aseguró.
En tanto, Daniel Pacín, secretario de la Confederación Nacional de Clubes de Barrios, hizo referencia al aumento tarifario que es “imposible trasladarlo a la cuota del club”. También, explicó que tienen “tres ingresos fundamentales: la cuota social; el alquiler de los salones para fiestas; y el consumo en el buffet». «Los tres ítems, por ejemplo, en cobro de cuotas se ha reducido un 40%, en el buffet en un 50%, y tampoco hay reservas de alquileres de salones”, aseveró.
El interventor de San Luis Fútbol Club, Agustín Alessio, comentó que “los clubes son contención para nuestros niños, los alejan de la calle y de las drogas. El gobierno de San Luis no los ayuda con los mínimos subsidios y programas que fueron eliminando”, aseguró. Además, reclamó respecto a las competencias nacionales “hemos recibido la noticia de que Mendoza no las va a realizar, eso afecta a 500 -600 chicos de San Luis, con preparaciones de hasta un año y hoy se ven esos procesos eliminados y a los chicos sin objetivos”. En cuanto a los deportistas de alto rendimiento, manifestó que: “No sólo se caen becas, reducen presupuestos, sino que esas giras tan importantes para los deportistas no cuentan con ese apoyo”.
Mónica Santino, vicepresidenta del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte (FAMUD), planteó al “Estado mancomunado con la organización social; No es que le vamos a pedir al Estado que nos asista en todo, sino como trabajar de manera organizada porque no hay forma de que una política pública sea efectiva en territorio, y en los clubes, sino es de esa manera, hablando con el Estado de igual a igual”. “El deporte es un derecho humano y hay que protegerlo desde todo punto de vista”, dijo.
Por su parte, Néstor Galarraga, presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF y consejero de la Confederación Argentina de Deportes, explicó que “nunca tuvimos apoyo del Estado, nos promocionamos como una actividad autosustentable, no tuvimos apoyo y tampoco reconocimiento”. Al mismo tiempo, expresó que hay que “revisar la ley del ENARD” en la que la Confederación Argentina debería tener un director dentro de ese organismo y también un comité paralímpico argentino porque de “sino ponemos nuevas voces a discutir el reconocimiento del deporte y la distribución del ingreso principal poco vamos a poder cambiar”, puntualizó.
Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Rueda, pidió por la continuidad de pensiones, organismos y programas ya que “el deporte para una persona con discapacidad es calidad de vida. El deporte cambió todo y ese cambio tuvo su rol protagónico con los Juegos Evita, con los juegos paralímpico. Y eso hace que toda la sociedad cambie”, afirmó.
Finalmente, Francisco Lacase, presidente de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas Consejero del Comité Olímpico Argentino y Director Ejecutivo de la Confederación Argentina de Deportes, señaló que no cuentan con ningún tipo de apoyo sino que se apoyen en el «entorno de los clubes y familias”. Y aseguró que: “conseguir los espacios es casi imposible, a pesar de que tenemos reconocimiento del Comité Olímpico internacional” pero “como no participamos en las olimpíadas entonces pasamos a tener una categoría por debajo, a pesar de que es deporte de alto rendimiento”.
Participaron de la reunión, Jon Uriarte, secretario general de la Agrupación Deportistas del Campo Popular; Juan Sardo, presidente de la Federación Argentina de Vóley – Consejero de la Confederación Argentina de Deportes; Jorge Vener, presidente de la Federación Argentina de Faustball; Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, consejero del Comité Olímpico Argentino y de la Confederación Argentina de Deportes
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA DICTAMINÓ SOBRE UNA LEY DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR
Se trataron dos proyectos de ley sobre el financiamiento y declaración de emergencia del Sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, se completó la designación de autoridades de la comisión.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que preside el diputado Daniel Gollan (UxP), emitió dictámenes sobre dos proyectos de ley sobre financiamiento y declaración de emergencia del Sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, se aprobaron un conjunto de proyectos de resolución.
Además, los legisladores concluyeron con la designación de autoridades de la comisión: la diputada Marcela Coli (UCR) asumió el cargo de vicepresidenta 1°. “Agradezco a mi bloque por esta designación, la ciencia y la tecnología hacen al desarrollo del país”, expresó.
Mónica Macha (UxP), autora del proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que “el proyecto lo construimos en conjunto con la mesa federal de ciencia y tecnología”.
En ese marco, Gollan, impulsor de la ley de declaración de emergencia, señaló que “es imprescindible contar con una herramienta que marque una hoja de ruta para que el Poder Ejecutivo ejecute el presupuesto de ciencia y tecnología”. “La ciencia y la tecnología debe ser política de Estado, es una demanda fuerte del sector”, concluyó.
Además, desde el bloque de la UCR, la diputada Danya Tavela expresó que “vamos acompañar el proyecto con una disidencia”. Y reflexionó que “no hay posibilidad de pensar el desarrollo económico sin la incorporación de conocimiento para la mejora de los salarios, la producción y de la competitividad de los mercados en el mundo”.
Por su parte, la diputada Rocío Bonacci señaló que el bloque de La Libertad Avanza firma su propio dictamen de rechazo. “Presentamos un dictamen de rechazo porque entendemos que el contenido de este proyecto lo contemplan las facultades delegadas de la Ley Bases”, concluyó.
DIPUTADOS DESPACHÓ EN COMISIÓN UNA SERIE DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MARCO INTERNACIONAL
Durante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside el diputado Fernando Iglesias (Pro), además, se aprobó un proyecto vinculado al Parlamento del Mercosur (PARLASUR) y se expresó preocupación por la situación electoral de Venezuela.
Al inicio de la reunión, obtuvo dictamen el proyecto que ya tiene despacho de la Comisión de Mercosur, y cuenta con media sanción del Senado, por el cual se aprueba la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur, firmada en la Ciudad de Bento Goncalves, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2019.
Asimismo, pasó a la firma el proyecto de resolución, por el cual se “declara que el Parlamento del Mercosur (PARLASUR) es un instrumento fundamental de la integración regional, la construcción de ciudadanía, la consolidación de la democracia y el desarrollo de los estados parte y otras cuestiones conexas”.
En ese sentido, el diputado Fernando Iglesias (Pro), explicó que, la norma de su autoría, está incluida en un proyecto más amplio: “Hay una iniciativa de reforma del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) para dotarlo de capacidad legislativa y disminuir sus costos”. Y añadió: “También se busca crear una agencia Antimafias y la ampliación de una cláusula democrática».
En otro sentido, pasaron a la firma los proyectos de declaración que “expresan condena por el Genocidio Armenio y adherir a su 109 aniversario a conmemorarse el 24 de abril de 2024”, así como también el de resolución que “expresa repudio por el acto terrorista perpetrado en la República de Chile el 27 de abril de 2024″.
En otro orden, el diputado Hernán Lombardi (Pro) respaldó el proyecto de declaración que “expresa preocupación, interés y exhortación a favor de la constitución de una misión de observación electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos para las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela, a celebrarse el 28 de julio de 2024”. “Hay que tener un especial cuidado y una mirada de lo que pasa en Venezuela”, puntualizó el diputado, al tiempo que instó: “Hagamos todos los esfuerzos para que haya una misión de observación de las elecciones en ese país”.
En la misma línea, desde la UCR, el diputado Pablo Juliano manifestó su preocupación por la situación de Venezuela y solicitó que, a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se agregue «otra misión electoral”.
LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO URBANO ANALIZÓ LA SITUACIÓN HABITACIONAL CON ESPECIALISTAS Y ORGANIZACIONES
Invitados a la Comisión que dirige el diputado, Leandro Santoro (UxP), expusieron acerca de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; Herramientas y Normativa de ordenamiento urbano/territorial; Áreas metropolitanas; Institucionalización; Financiamiento, entre otras. Coincidieron en la necesidad de una ley que brinde un “marco nacional”.
En ese sentido, el titular de la Comisión, Santoro, señaló que se “están desarrollando una serie de reuniones informativas con la intención de producir un documento para contribuir a la construcción de una agenda sobre vivienda y urbanismo a nivel nacional”.
En representación de Proyecto 7, Horacio Ávila, sostuvo que en la organización que se ocupa de personas en situación de calle el “indicador es pensar en la emergencia y en los procesos que tienen que ver con la emergencia, donde se deberían hacer centros de que funcionen 24hs, los 365 días del año”.
Guadalupe Bull, de la Federación Cooperativa Todos Juntos, ahondó en que el movimiento cooperativo “ha desarrollado el emprendimiento de poder lograr la vivienda para un grupo de cooperativas”. “Venimos a plantear que la Ley de Autogestión sea nacional para que más pobladores (en todo el país) se puedan beneficiar de esta ley a través de la autogestión”, indicó.
Desde el sector Inquilinos Agrupados y Federación de Inquilinos Nacional, Fernando Muñoz, expresó que “objetivamente el alquiler es una de las relaciones masivas de relación con la vivienda. La Argentina no tiene ninguna estadística sobre la vivienda, es decir, cómo se alquila, en cuántos meses, cuáles son los contratos, cuánto se paga, qué incidencia tienen los ingresos”. A su vez, subrayó que “el alquiler se va a tener que recategorizar”, porque “hay una búsqueda de alquiler de habitaciones en viviendas particulares”.
El arquitecto Jaime Sorín (Universidad de Avellaneda) manifestó que: “El problema de la vivienda no se va a solucionar hasta que no se sostenga que la vivienda es un bien de uso, no de cambio”. “Es un muy poco lo que se puede hacer con las viviendas sino abarcamos primero el eje del ordenamiento territorial”, dijo. Y explicó que requiere la participación de todas las provincias y el objetivo es “llegar a tener un territorio nacional equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo”.
Bárbara Rosen, del Colectivo de Arquitectas, aseguró que la vivienda es un “derecho humano”. “Entender que todas las ciudades son proyectos inconclusos y hay un montón de terrenos vacantes que el Estado debería comprarlos y proponer alternativas de viviendas. Hay que optimizar la ciudad consolidada”. Además, dijo que tenemos que tener una mirada de pensar en recuperación de centros urbanos y cuales son las nuevas demandas porque hay una multiplicidad de demandas que no se está contemplando.
Por su parte, Patricia Nari, del Instituto De Gestión de Ciudades, propuso que se discuta una ley que venga a “darle institucionalidad a las dinámicas metropolitanas; Y avanzar en un sistema de ciudades que refleje los flujos dinámicos y reales de los territorios”.
Luciano Scatolini, ex subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, remarcó una visión a largo plazo y destacó que desde este “ámbito se le dé prioridad porque hay miradas comunes que los argentinos tenemos que poder concertar”. Asimismo, ponderó que esa concertación de ideas son las que “propone una política de ordenamiento territorial, con base en las asimetrías que tiene nuestro territorio, pero en la búsqueda de oportunidades de igualdad en términos de desarrollo”.
Participaron, además, Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar; Hipotecados UVA; Mujeres por La Boca; Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna; Federación de Cooperativas Todos Juntos; Municipio de Mendoza; Instituto para la Integración; CPAU; CIPPEC; Universidad de General Sarmiento; Sociedad Argentina de Planificación Territorial; Gran Jujuy; Concejo Deliberante Santa Fe; Fundación Metropolitana; Asociación Amigos del Lago de Palermo; CONICET; entre otros.
DIPUTADOS PROPONE MODIFICAR LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO
Se debatieron proyectos de ley y resolución que proponen ampliar las funciones de ese organismo asesor de los legisladores.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside la diputada Silvia Lospennato (PRO), abordó un conjunto de proyectos de ley y resolución que postulan modificar la norma que regula las competencias de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC).
Además, se completó la nómina de autoridades de la comisión con la designación del diputado Álvaro Martínez (LLA), como vicepresidente 2°.
Lospennato agradeció la participación del Director General de la OPC, Gabriel Esterelles, durante el debate: «Estamos yendo hacia un Congreso que legisle con mayor calidad en el procedimiento y es un orgullo contar con un organismo asesor».
Las propuestas en debate abordaron dos ejes principales. Por un lado, los proyectos de ley que proponen incorporar en las funciones de la OPC la elaboración de un Informe sobre la Asistencia Efectiva a los Sectores Productivos, y la de quitarle la exclusividad a la comisión de Presupuesto y Hacienda de solicitar informes a dicho organismo.
En esa línea, Juan Manuel López (CC) explicó que su propuesta pretende incorporar una nueva función a la OPC: “Elaborar informes para transparentar la asistencia técnica a los distintos sectores productivos”. “Esto va a permitir evaluar qué nivel de asistencia tiene cada sector con respecto al valor que agregan, información que le puede servir al Congreso y al Poder Ejecutivo”, concluyó.
Ana Carla Carrizo (UCR), autora de otra de las iniciativas, señaló que su proyecto propone que todas las comisiones puedan solicitar informes a la Oficina de Presupuesto del Congreso: “Hay que democratizar un poco el aporte valioso que realizan, pedirles más es jerarquizarlos”.
Por otro lado, los proyectos de resolución que proponen modificar artículos del reglamento de la Cámara de Diputados sobre atribuciones de la comisión de Presupuesto y Hacienda para que “todo asunto que contenga erogación de gastos” indique una “estimación del mismo así́ como fuente de financiamiento”.
Al respecto, Silvia Lospennato, autora de otra de las iniciativas, expresó que “tenemos que profesionalizar la forma en que legislamos y la única forma de hacerlo es con información”. Su proyecto estipula que “ningún asunto podrá́ ser tratado por la comisión de presupuesto y hacienda sin contar con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional que refleje la estimación del gasto” y que “todo asunto que contenga erogación de gastos, deberá́ indicar una estimación del mismo así́ como fuente de financiamiento”.
En el mismo sentido, la diputada Paula Omodeo (CREO) concluyó que su propuesta pretende que “todos puedan proponer con información y responsabilidad”.
Desde La Libertad Avanza, Álvaro Martínez aclaró que «ninguno de los autores de los proyectos pretende cercenar la voluntad a los legisladores, pero si contar con la información de los proyectos de cuánto costarían». Además, propuso “establecer mecanismos donde no todo vaya a la OPC, porque generaría un cuello de botella».
Desde el bloque de Unión por la Patria, Paula Penacca expresó su acuerdo en la idea de mejorar las prácticas y contar con mejor información, aunque “no puede ser limitativo de las competencias de los diputados” señaló.
En coincidencia, el diputado Juan Brügge (HCF) celebró “todo aquello que se pueda mejorar en la tarea parlamentaria en la medida que no nos pasemos de una línea y que la democracia no se transforme en una tecnocracia”.
![](https://laborlegislativa.com/wp-content/uploads/2024/06/peticiones3-1024x684.jpeg)