La Asociación por los Derechos Civiles presentó un informe de su autoría durante una videoconferencia de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que contó además con la participación del académico Damián Loreti. Proyectos de comunicación y declaración pasaron a la firma.
Integrantes de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión presidida por el senador por la provincia de Chubut Alfredo Luenzo (FdT) recibieron hoy un informe elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) bajo el título «La protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet». El mismo fue presentado por el Oficial de proyecto de la Asociación Eduardo Ferreyra. También participó de la reunión el doctor en Ciencias de la Información Damián Loreti.
Eduardo Ferreyra se refirió a «la criminalización del discurso online, el monitoreo de redes sociales, la toma de decisiones de las plataformas en temas de modelación de contenido y las expresiones violentas de funcionarios políticos» y advirtió que «la autorregulación presenta muchos defectos en su accionar y es necesario una regulación pública que colabore con la regulación privada para abordar estos temas».
Al respecto, señaló que «se ha postulado el marco internacional de derechos humanos como el marco general por el cual se deberían guiar las plataformas para la modelación de contenido» y que «cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente». Asimismo, consideró que «una regulación pública también tiene que apuntar a que la ciudadanía, las personas sean incorporadas de manera significativa en la toma de decisiones» y resumió que el reporte piensa también «amenazas estatales como la utilización de monitoreo de redes sociales por parte de las fuerzas de seguridad para búsqueda de delitos».
En ese sentido, instó a pensar tanto en «un modelo que ponga límites, restricciones, y sobre todo establezca mecanismos de transparencia y rendición de cuentas» como así también en «cómo los delitos de intimidación pública se aplican a las redes sociales». «Cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión», agregó.
A continuación, Damián Loreti subrayó la «necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora del corregulador porque no alcanza sólo con la transparencia». «Lo que hay que ver es si esos logaritmos generan algún tipo de discriminación en término de ciertos tipos de discurso para generar distorsiones en términos de la accesibilidad a contenidos por parte de los interesados en esos contenidos».
También consideró que «hay un déficit en el análisis de qué pasa con las fake news, más pensada en términos de responsabilidades, de pluralismo», además de destacar que «no alcanza con la trasparencia, hay que agregar mecanismos que garanticen que no hay discriminación negativa». «No alcanza con la plataforma, no alcanza tampoco a mi criterio con los resultados de la aplicación de logaritmos no sean discriminatorios, sino que hay que hacer mecanismos que garanticen derecho de defensa y reparación porque estas plataformas deberían regirse por los principios rectores de protección de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas», prosiguió.