La Legislatura porteña convirtió en ley el plan de obras previsto para remodelar la plaza «Bernardo Houssay», que incluye la construcción y concesión de dos pisos bajo rasantes para hacer un centro cultural, un polo gastronómico y estacionamiento de vehículos, además de una conexión subterránea entre las sedes universitarias.
«Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar el llamado a Licitación Pública, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, de conformidad con la Ley Nacional N° 17.520 y sus modificatorias, para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del centro cultural, gastronómico y playa de estacionamiento «Plaza Dr. Bernardo A. Houssay», a llevarse a cabo en los dos (2) pisos bajo-rasante del predio delimitado por la Avenida Córdoba, calles Junín, Paraguay y Presidente José E. Uriburu», expresa el primer artículo de la ley.
El plazo máximo de concesión fue establecido en 30 años y se especifica que «los pliegos de bases y condiciones deberán contemplar el mejoramiento del entorno» de la plaza, para dotar ese espacio «de una mayor calidad ambiental y variedad de usos, mejorando la interacción social, el fomento del desarrollo barrial, social y cultural». Estipula que el Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación.
El proyecto, una iniciativa de la Jefatura de Gobierno, tuvo una primera aprobación y tratamiento en Audiencia Pública donde el subsecretario de Proyectos Urbanísticos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Alvaro García Resta, dio a conocer los detalles del proyecto arquitectónico y una vecina manifestó observaciones. Según lo expuesto por el funcionario se pretende realizar la modificación y restauración del subsuelo en todos sus niveles, vinculando a éstos con el nivel cero de la plaza e interviniendo en los ejes viales en torno a las facultades universitarias de Medicina y Economía de la UBA con el fin de poner en valor el espacio público y realzar las características académicas que le dan identidad al lugar.
Luego, se produjo un despacho de mayoría favorable de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. En tanto, en minoría el diputado Gustavo Vera (BC), propuso archivar el expediente por considerar insuficientes los fundamentos del Ejecutivo. Además, el despacho recibió una observación del diputado Marcelo Ramal (FIT) argumentando que «la obra debe indicar qué tipo de mejoras se harán, además de tener otro tipo de especificaciones y detalles; que no se puntualiza el monto de la inversión; que no hay informes socio-ambientales y que su concesión de 30 años implica una virtual perpetuación de la irregularidad de la obra y su explotación», entre otros fundamentos.
En el recinto, los diputados Adrián Camps (SA) y Gustavo Vera (BC) expresaron reclamos en ese sentido, y sus pares Patricio Del Corro (FI) y Fernando Vilardo (AyL) su opinión en contra del despacho. Finalmente la ley fue aprobada en segunda lectura por 53 votos positivos y 4 negativos de los legisladores previamente mencionados.
Buscan paliar el efecto tarifario en clubes de barrio
La Legislatura porteña adhirió hoy a una ley nacional para que las asociaciones barriales puedan acceder a una «tarifa social» respecto del pago de servicios públicos como luz, gas natural, agua y otros.
Con el voto unánime de los 49 legisladores presentes, la Legislatura porteña sancionó hoy una norma por la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «adhiere a la ley nacional N° 27.098 que instituye el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, destinado a fortalecer su rol comunitario y social con el objeto de generar inclusión social e integración colectiva.»
De esta manera se busca paliar el efecto que produjeron los últimos aumentos tarifarios de servicios públicos en estas asociaciones barriales, ya que el gobierno nacional anunció que quienes adhieran a esa ley federal podrán tener acceso a «tarifas sociales».
Paralelamente, todos los bloques acordaron trabajar en la elaboración de normas o disposiciones locales que ayuden a resolver los problemas económicos que afrontan no solo los clubes de barrio sino también las asociaciones de jubilados, centros culturales y teatros independientes.
La iniciativa fue planteada por la diputada Silvia Gottero (FPV). Se expresaron favorablemente y también en reclamo de ampliar los beneficios con normas de aplicación metropolitana los legisladores Roy Cortina (Partido Socialista), Javier Gentilini (Frente Renovador), Marcelo Gouman (Suma +), Claudio Heredia (FPV) y Francisco Quintana (PRO), quien en nombre del bloque oficialista asumió «el compromiso de dar un marco de debate para aportar soluciones a los clubes, centros culturales y teatros independientes».
Los fundamentos de la ley explican que la norma nacional requiere la adhesión de las provincias o la Capital Federal para que los clubes de sus jurisdicciones puiedan hacerse acreedores de sus beneficios. Se indicó además que la Secretaria de Deporte, Educación Física y Recreación emitió una comunicación en la que se invitó a los clubes de barrio a inscribirse en el sitio clubesargentinos.deportes.gov.ar a los efectos de transformarse en beneficiarios de las tarifas diferenciadas o sociales establecidas en la Ley 27098, mientras las distintas jurisdicciones adhieren a la ley».
Una de las funciones de la Secretaría de Deportes de la Nación es «organizar, administrar y coordinar la asignación de la ayuda económica al club de barrio y de pueblo inscripto en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, determinando en función de las necesidades de cada entidad el monto de la asignación de fondos que se designará y que deberá ser invertido a fin de mejorar la infraestructura y servicios de la entidad».