DICTAMEN FAVORABLE AL PROYECTO QUE RATIFICA EL CONVENIO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL Y AL QUE RATIFICA EL “ACUERDO DE ESCAZÚ” EN MATERIA AMBIENTAL Y DERECHOS HUMANOS
EL CONVENIO 190 DE LA OIT QUE ESTABLECE UNA SERIE DE PAUTAS PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL -QUE CUENTA CON MEDIA SANCIÓN DEL SENADO-, OBTUVO EL RESPALDO UNÁNIME DE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y LEGISLACIÓN DEL TRABAJO.
En una reunión conjunta, las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Legislación del Trabajo emitieron dictamen favorable al proyecto de ley que propone ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, que cuenta con media sanción del Senado.
El Convenio, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra el 21 de junio de 2019, considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
La titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, diputada Vanesa Siley (FdT), afirmó: «Si aprobamos este convenio, Argentina sería el tercer país en el mundo en ratificarlo”. “Es un paso muy importante para mejorar la calidad de vida de nuestra población», ponderó.
Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño aseveró que “este convenio es una respuesta acertadísima a las problemáticas que enfrentan los trabajadores”, así como también “un nuevo instrumento legal para combatir la violencia de género y aquella violencia que sucede en el ámbito laboral».
Finalmente, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el diputado oficialista Eduardo Valdés, valoró “el consenso logrado” ante esta iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que, además, fue respaldada por especialistas, miembros el sindicalismo y funcionarios como la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. “Se trata de un reconocimiento y ampliación de derechos para los argentinos”, concluyó.
PROYECTO DE LEY SOBRE EL “ACUERDO DE ESCAZÚ” EN MATERIA AMBIENTAL Y DERECHOS HUMANOS
En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y la de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados se firmó dictamen a un proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica, en 2018.
Cabe destacar, que es el primer acuerdo regional que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y tiene como principales pilares al acceso a la información pública, participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección de defensores ambientales
Presididas por los diputados del Frente de Todos Eduardo Valdes y Leonardo Grosso, respectivamente, el plenario, que se llevó a cabo por videoconferencia, contó con las exposiciones de Nicole Becker, representante del acuerdo en Argentina para difundirlo y apoyar su ratificación y, además, una de las creadoras de Jóvenes por el Clima. También, Andrés Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Al hacer uso de la palabra, Nápoli valoró “el gran impulso de los jóvenes” para alcanzar el Acuerdo que “unifica la idea del ambiente con los derechos humanos, con una visión fundamental a los sectores más vulnerables”, puntualizó. Becker, en tanto, aseguró que “Argentina está en llamas, literalmente, y éste es el futuro que nos están dejando a nuestra generación. Ustedes tienen una gran responsabilidad, y es muy injusto heredar un futuro en el que no decidimos nada”, subrayó.
El acuerdo se aprobó por unanimidad en el Senado de la Nación, el pasado 14 de agosto. De convertirse en ley, Argentina sería la décima nación de las once necesarias en ratificarlo. De esta manera, sólo restaría un país para que entre en vigencia. Hasta ahora, los nueve países que adhirieron son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.