Juristas y académicos respaldaron la creación de ese instituto legal. Reunión informativa con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj
En una reunión informativa, la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada Gabriela Burgos (UCR), abrió el debate sobre el proyecto que busca instrumentar el juicio en ausencia.
Funcionarios públicos, especialistas y juristas dieron su postura a los legisladores acerca de los alcances de esta herramienta legal, que definieron como “garante de justicia” para las víctimas.
Durante la reunión se relacionó la iniciativa con la búsqueda de justicia en los atentados de la AMIA y la embajada de Israel.
El juicio en ausencia es un instituto legal que se aplicaría en aquellas situaciones en las que un imputado no se presentare frente a la justicia, sea por rebeldía, por fuga o paradero desconocido, por no haber sido entregado al tribunal por las autoridades estatales competentes o por algún otro motivo.
El proyecto de ley busca reglamentar el juicio en ausencia para los casos de delitos graves contra la humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad y también para los casos de delitos perpetrados por el crimen organizado como el narcotráfico.
Existen tres proyectos de ley para su tratamiento, que fueron presentados por los diputados Daniel Lipovetzky (PRO), Pablo Tonelli (PRO) y Luis Petri (UCR).
En el inicio de la reunión, la diputada Burgos expresó que “si bien es un tema que cuenta con posiciones encontradas, tenemos la convicción de que los paradigmas se tienen que romper”.
Lipovetzky, autor de una de las propuestas, la definió como “un tema pendiente” que “hay que regular para que la justicia cuente con nuevos instrumentos y pueda avanzar en causas que hasta hoy están trabadas”.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, destacó que “desde el inicio de nuestra gestión, hemos asumido el compromiso de ampliar la agenda de derechos humanos, eso significa animarnos a hurgar en nuestra realidad para identificar las ausencias y dar respuestas”.
Y recordó que “estamos a pocos meses de que se cumplan 25 años de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA”, por lo cual “asumir los nuevos paradigmas en materia judicial es fundamental para aumentar nuestro volumen de trabajo y respuestas a la sociedad”, concluyó.
En la misma línea, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, señaló que “el concepto de juicio en ausencia es una herramienta coherente con la legislación internacional, que de ningún modo impide la defensa legítima ni el debido proceso”.
Desde el Poder Ejecutivo también dio su postura Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. Benítez recordó que el juicio en ausencia estuvo desde el inicio en el programa Justicia 2020 y consideró que “es una herramienta excepcional de última instancia, para la lucha contra la impunidad de los delitos graves”.
Benítez se refirió al proyecto de Lipovetzky y consideró que el texto “es una herramienta adecuada y permite satisfacer las necesidades de la víctima: el derecho a la verdad y a la reparación por el delito sufrido”. “Esperamos poder tener esta ley tan necesaria para nuestra sociedad”, resumió.
El juez Franco Marcelo Fiumara, titular del Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de la Matanza, expresó que “este debate comenzó con los atentados a la AMIA y DAIA, por nuestra falta de preparación en esa materia, por lo cual es fundamental contar con una legislación adecuada”.
Con respecto a los juicios en ausencia, Fiumara argumentó sobre todos los antecedentes que avalan esta iniciativa en materia de legislación nacional e internacional. Y explicó que “los valores y derechos en pugna son la defensa en juicio de los imputados frente al derecho a la verdad y la justicia de las víctimas”.
Por último, destacó que “la principal ventaja de este sistema de juicio en ausencia es que prioriza el derecho a las víctimas”.
A continuación, Marcos Grabivker, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, basó su exposición “en disolver un prejuicio” que se refiere a que “el juicio en ausencia afecta el respeto a la legitima defensa y que no es constitucional”.
Además, dijo que “el único derecho irrenunciable es el derecho a tener un abogado defensor”, el resto son “temporariamente declinables”.
“El juicio en ausencia tiende a remediar un mal que lamentablemente es muy común en nuestro país, que es premiar al incumplidor y sancionar al cumplidor”, agregó el jurista.
Marcelo Aguinsky, juez titular en el tribunal Penal Económico N°6, advirtió que “esta herramienta permitiría terminar con la agonía de 25 años de injusticia para los familiares de las víctimas”.
Además, expresó que el juicio en ausencia “es un régimen que no está prohibido ni censurado por los tribunales argentinos”, por ello, “debemos convertirlo en un instrumento del derecho positivo”, esgrimió Aguinsky.
A su turno, el abogado y académico Andrés Gil Domínguez explicó que “es importante incorporar o agregar instrumentos que tengan como finalidad proteger al más débil y salvaguardar la dignidad humana”.
En tanto, también habló Luis Chichesky, padre de una de las víctimas del atentado a la AMIA. “Los poderes públicos están en deuda con las víctimas, con los familiares y con la sociedad argentina. En este caso, el derecho de los victimarios supero al derecho de las víctimas.
“El juicio en ausencia es un elemento que puede servir y celebro que hoy se esté discutiendo, le va a hacer bien a la causa, a los familiares y al país”, agregó.
Sobre el cierre de la reunión, el diputado Tonelli se refirió a su proyecto sobre la temática y consideró que “es imprescindible aprobar el juicio en ausencia: se lo debemos a las víctimas de estos atentados”.
Desde el FpV-PJ, el diputado Rodolfo Tailhade puso reparos sobre la iniciativa y consideró que “no le convence el instituto, no tengo la certeza de que esta figura sea constitucional”.