Fiscales y procuradores de distintas provincias en las que funciona en sistema acusatorio, expresaron su apoyo en la segunda reunión del plenario de comisiones que analiza el proyecto de nuevo Código Procesal Penal.
Asistieron especialmente initados los Dres. Eduardo Quattropani, Fiscal General de San Juan; María del Carmen Falbo, Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires; Jorge Canteros, Procurador General del Chaco; Pablo López Viñals, Procurador General de Salta; Jorge Miquelarena. Procurador General de Chubut y José Ignacio Gérez, Procurador General de la Provincia de Neuquén.
Eduardo Quattropani señakó que una persecución penal eficaz solo es posible en un sistema acusatorio, ya que no tarea de los jueces definir esas políticas.
En otro orden de cosas señaló que el Ministerio Público debe ser flexible e independiente, sin perjuicio de lo cual debe estar sometido a un control por parte del poder político.
Finalmente puntualizó la inconeniencia de transmitir la burocracia judicial al ministerio público fiscal en el nuevo sistema acusatorio.
María del Carmen Falbo coincidió en la necesidad de dotar de independencia al Ministerio pPúblico pero calificó la reforma propuesta como un “salto real” hacia una justicia democrática, ágil y dinámica. No obstante y conforme su experiencia en la provincia de Buenos Aires, opinó que la sanción 
del nuevo código debería ser acompañada de una capacitación adecuada y de un profundo cambio cultural, conjuntamente con una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, incompatible con el sistema acusatorio.
Respecto al texto del articulado propuesto, advirtió que los tribunales orales no cuentan con los recursos necesarios para celegrar las audiencias entre los 5 y 30 días de haber recibido la causa.
Asimismo opibó que el proyecto no regula en profundidad los delitos flagrantes, dado que existen diersos tipos y con gran complejidad. Al respecto comparó un hurto y una violación.
Respecto al dictado de la prisión preventiva, señaló que debería ampliarse el plazo máximo a 15 días -como ocurre en Buenos Aires-, dado que el de 72 horas establecido en el proyecto es muy corto para los casos en los que el fiscal deba reunir ciertas pruebas para solicitar al juez esta medida. Agregó que debería eliminarse la “conmoción social” como uno de los requisitos para su dictado, dado que la ausencia de un criterio de evaluación razonable que lo defina, torna peligrosa su aplicación.
José Ignacio Gerez también manifestó su apoyo a la iniciativa señalando que “sirve para hacer una sociedad más justa y segura” y “acerca la Justicia a la gente”.
Jorge Miquelarena hizo lo propio explicando que el sistema acusatorio pone en el centro a la víctima, mientras que en el sistema inquisitivo la víctima es solo un objeto de prueba útil para los fines del proceso.
Sin perjuicio de su apoyo, propuso crear una policía judicial a disposición del fiscal, dotada de los instrumentos necesarios, a fin de custodiar la prueba obtenida. Asimismo señaló la necesidad de una oficina judicial que alivie a los jueces de las tareas administrativas, al tiempo de asistir a la víctima, a la que no solo debe brindarse el asesoramiento técnico que propone el proyecto, sino que debería ayudar a recuperarse física, psicológica y socialmente.
Para finalizar propuso incluir al Estado en el artículo que establece quiénes pueden ser consideradas víctimas del delito, de forma tal de posibilitar la intervención en el proceso de las dependencias respectivas.