EL PLENARIO DE LAS COMISIONES DE LA BANCA DE LA MUJER, JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES, Y SALUD DEL SENADO RECIBIÓ ESTA MAÑANA A DOCE EXPOSITORES QUE BRINDARON SUS APRECIACIONES RESPECTO AL PROYECTO DE LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)
La docena de participantes de la sesión matutina, que se prolongó por más de 4 horas, tuvo igual cantidad de posturas a favor y en contra. Nueve de los expositores fueron mujeres y tres fueron hombres.
La moderadora de la reunión, la senadora por La Pampa Norma Durango (Frente de Todos) aclaró que cada uno de los expositores contarían con siete minutos para fijar su posición.
La primera en presentarse fue Stella Manzano, especialista en medicina legal del Hospital Zonal de Trelew, Chubut, quien enfatizó que «es imposible salvar las dos vidas» y remarcó que «un aborto es menos peligroso que un parto».
«Ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la vida de otra. Muchos profesionales no respetan la soberanía de niñas para decidir y se niegan a practicar abortos cuando fueron víctimas de violación. Legalizar el aborto es muy importante porque disminuye el número de muertes. Negar abortos por causales es tortura y nos perjudica a todas las mujeres gestantes. Pedimos protección a quienes practicamos abortos seguros no queremos vivir amenazadas por garantizar ese derecho», declaró Manzano para sustentar su postura favorable.
María de Urraza, médica obstetra que se desempeña en el Hospital de Florencio Varela, aseguró que «la solución para las mujeres en situación de pobreza sea que aborten, es vergonzoso. El plan del Estado de aumentar el número de abortos en el país se está practicando con éxito Esta ley va a profundizar el aumento de abortos, va a legitimar los que ya está pasando en los hospitales», dijo de Urraza en su alocución contraria al IVE.
Luego, Sonia Tarragona, Subsecretaria de Medicamentos e Información estratégica del Ministerio de Salud de la Nación centró su exposición en «los costos de la legalización del aborto» y estimó que «los costos actuales y con la práctica de manera legal serían los mismos».
«Estimamos que del total de abortos que se hacen por afuera del sistema de salud, un 75 por ciento de ellos tienen contacto con el sistema de salud. Un aborto incompleto cuesta entre 35 mil y 86 mil pesos. Suponiendo un total de 457 mil abortos, el costo aproximado es de 51.900 millones de pesos al año y hoy gastamos entre un 2,6 y un 10,2 por ciento más que si se decidiera ser legal. Es falaz creer que nos va a costar más caro como sistema», indicó Tarragona.
Evelyn Rodríguez, responsable de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer, contó la actividad que desarrolla, desde hace dos años, esa entidad «para ayudar a las mujeres que atraviesan por un embarazo no deseado» y además informó que ella y su pareja adoptaron un bebe hace 30 años «cuya mamá no podía criarlo y buscó protegerlo y lo dio en adopción».
«La vida de la mujer es valiosa igual que la vida que está gestando. Más de mil mujeres nos han pedido ayuda y logramos que más de 420 bebés hayan podido nacer. La mujer vulnerable no necesita un aborto, necesita un acompañamiento. La maternidad debería ser considerada esencial, y no el aborto. Esta ley es terrible, promueve el aborto», subrayó Rodríguez desde Córdoba.
De inmediato Mariana Romero, medica del observatorio de salud sexual y reproductiva -CEDES Conicet se refirió puntualmente a por qué «la legalización del aborto es un tema de la salud pública» y brindó información sobre lo que ocurre en la materia en Uruguay y en la ciudad de México, «donde se practican abortos legalmente». «Allí el número de abortos se mantiene estable, no hay crecimiento desmedido con el IVE» añadió.
María Lourdes González Bernardi, ginecóloga a cargo de obstetricia en el Hospital público de Montevideo, aseguró que con la despenalización del aborto en 2012 en Uruguay «no se ha modificado la mortalidad materna, aumentó el número de 7000 a 10300 a fines del año pasado, se mantiene la clandestinidad, se discrimina a los objetores y se prioriza el aborto antes de otras prestaciones, porque se lo toman como un servicio esencial».
A su término se dio paso a una ronda de preguntas por parte de los senadores hacia los diferentes expositores. Los que plantearon interrogantes fueron Alfredo Luenzo (Chubut), María Eugenia Catalfamo (San Luis), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), María Belén Tapia (Santa Cruz), Nancy González (Chubut) Jorge Taiana (Buenos Aires), José Mayans (Formosa), Inés Blas (Catamarca), Ana Almirón (Corrientes), Silvia Giacoppo (Jujuy), Dalmacio Mera (Catamarca), Matías Rodríguez (Tierra del Fuego) y María de los Angeles Sacnun (Santa Fe).
En la última parte de la rueda matutina hablaron a favor del proyecto de ley Analía Messina, jefa del servicio de Obstetricia del Hospital Alvarez de CABA; la secretaria de Estado de Igualdad de España, Noelia Vera Ruíz Herrera y el ex ministro de Salud, Adolfo Rubistein.
Rubistein manifestó que «el aborto ilegal en la Argentina sigue estando presente como una asignatura pendiente. La estimación es que hay 350 mil abortos ilegales por año, es decir uno cada dos nacidos vivos, Hay 65 mil internaciones por abortos complicados en el sistema de salud del país y rondan las 20 muertes maternas anuales. Son todas muertes evitables. El aborto existe, es una tragedia, y no debemos soslayarlo más».
En cambio fijaron su posición contraria el médico psicoterapeuta Gabriel Flores Ciani; Angélica Sarmiento, ginecóloga y especialista en bioética; y Alejandro Barceló, director del departamento de Bioética de la Fundación Barceló, quien cuestionó distintos aspectos de la iniciativa que está en debate en el Senado.
A más de tres horas desde el inicio del encuentro formularon preguntas a los últimos expositores los senadores Alfredo Luenzo (Chubut), María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Zimmermann (Chaco), Dalmacio Mera (Catamarca), Antonio Rodas (Chaco), Silvia Sapag (Neuquén), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Mario Fiad (Jujuy), Ana Almirón (Corrientes), Nancy González (Chubut), José Mayans (Formosa) e Inés Blas (Catamarca)