Luego de una jornada de 9 horas en que se escucharon las críticas de empresarios, entidades agropecuarias, economistas y opositores, y la defensa por parte de los funcionarios del Gobierno, la reunión pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes 26 de agosto a las 11 horas, cuando se continuará con el debate de estos proyectos.
Se trata de los siguientes proyectos:
298/14 – Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE Nº 1250/14 ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS RELACIONES DE CONSUMO.
299/14 – Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1251/14 Y PROYECTO DE LEY CREANDO EL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS.
300/14 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE Nº 1252/14 Y PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO UNA NUEVA REGULACION DE LAS RELACIONES DE PRODUCCION Y CONSUMO.
Pasada la primera jornada del martes en que se debatieron cuestiones reglamentarias y organizativas, este miércoles el plenario de comisiones discutió los proyectos con la presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; del secretario de Comercio , Augusto Costa y del Secretario de Justicia, Julián Álvarez, quienes desmintieron una inspiración en el modelo venezolano, sin dejar de defender la intervención del Estado en los mercados.
Jorge Capitanich señaló que las iniciativas tienen por finalidad reafirmar el rol del Estado en la economía; cumplir con el mandato constitucional de reglamentar los derechos de usuarios y consumidores y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema económico.
Por su parte Julián Álvarez explicó que uno de los objetios es lograr “una nueva Justicia del consumidor: rápida, ágil, gratuita y pro consumidor”.
Finalmente Augusto Costa defendió la potestad del Estado para regular las cadenas de valor, lo cual permite “empoderar” a los consumidores, descartando que la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo esté motivada por el riesgo de desabastecimiento.
Posteriormente hicieron uso de la palabra los representantes del sector empresario y agropecuario, los que se refirieron casi exclusiaente al proyecto de nueva Ley de Abastecimiento.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, caracterizó el proyecto que permite al Ejecutivo intervenir en las cadenas de valor, fijar precios máximos y mínimos, etc., como “muy perjudicial para la producción en Argentina”.
Ignacio De Jáuregui, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, recordó que “ninguna entidad como la CAME se opuso a las clausuras arbitrarias de la Ley de Abastecimiento dictada en 1974”, sin perjuicio de lo cual manifestó el apoyo de la entidad señalando que “en la Argentina hay muchos grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra las pymes y los consumidores”, y que “ello requiere una legislación adecuada”.
Claro que por otra parte reclamó que las pymes sean “excluidas de cualquier legislación que implique controles y sanciones por parte del Estado, ya que constituyen un mercado transparente”, lo que luego fue confirmado por Julián Álvarez, para su tranquilidad
El representante del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, expresó que “concentrar discrecionalidad excesiva en funcionarios, es peligroso”, mientras que Carlos Garetto, titular de Coninagro, denunció que el proyecto “le pone un cepo a la producción” y atenta contra la mesa de los argentinos.
Gabriel Molteni, en rpresntación de la Cámara Argentina de Comercio, riteró la postura ya planteada en el comunicado emitido el pasado martes por el denominado “Grupo de los 6”, asegurando que la nueva Ley de Abastecimiento “mantiene el espíritu original” y “ratifica los controles discrecionales” por parte de la autoridad de aplicación.