Gabriel Lerner, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, detalló el estado financiero de la cartera para garantizar la reparación económica de la Ley Brisa, otorgada mediante el Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes (RENNYA).
Asimismo, el secretario se refirió al Programa de Apoyo al Egreso (PAE) así como a los avances del Programa Nacional de la Primera Infancia (PNPI). Fue en el marco de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina)
En primer término, Lerner sinceró el agravamiento sostenido de la capacidad financiera de la SENAF en los últimos años: “Hacia el 30 de septiembre de 2020, las partidas asignadas al PAE y al RENNYA habían implicado una erogación de 299 millones de pesos, y teníamos, en ese momento, una ejecución del 75% del presupuesto; al 30 de septiembre del año pasado, habíamos devengando 528 millones de pesos, involucrando al 69% del presupuesto, y este año ya hemos invertido 1.066 millones de pesos en las mismas prestaciones, por lo que tenemos comprometido el 91% del presupuesto”.
“Por una transferencia de recursos de 100 millones de pesos de nuestro Ministerio (de Desarrollo Social), hoy puedo afirmar que no estamos debiendo nada. Hoy estamos al día con el PAE y el RENNYA”, sostuvo el Secretario de la SENAF. En paralelo al sostén económico del Ministerio, Lerner adelantó “un acuerdo pronto a salir, que implicará una transferencia de 1050 millones de pesos, con los cuales podremos afrontar el cuarto trimestre de ambas prestaciones, equivalentes a 600 millones de pesos; vamos a cubrir los 302 millones de pesos de las becas del Plan Nacional de Primera Infancia, que son las que tenemos comprometidas de acá a fin de año, y dispondremos de otros 80 millones de pesos para algunos programas y compromisos menores tomados, así como para gastos operativos de la Secretaría”.
En referencia al PAE, Lerner recordó que el programa apunta a proveer apoyo económico y acompañamiento socio-educativo entre pre adolescentes y adolescentes que carecen de un sostén familiar estable. Para ello, se divide a los destinatarios en dos etapas; la delimitada por la minoría de edad, donde el menor escoge o se le asigna un referente adulto, quien oficiará de tutor responsable para encaminarlos hacia la autonomía; y la etapa final, donde los beneficiarios mayores de edad percibirán, hasta cumplir los 21 años, el monto equivalente al 80% de un Salario Mínimo Vital y Móvil, prestación que se prolonga hasta los 25 años para los casos que constaten su continuidad en el sistema educativo.
De acuerdo a las cifras aportadas por Lerner, el total acumulado de destinatarios del PAE llega a 2.670 jóvenes, comenzando con 407 en 2020, ascendiendo a 1.481 en 2021, hasta alcanzar los 2.454 registrados hasta agosto pasado en todo el país, de los cuales 1805 corresponden a niñas y niños en la mencionada etapa 1, en tanto los 645 jóvenes restantes perciben el sustento de la siguiente y definitiva etapa. “De acá a cuatro o cinco años, vamos a llegar a un punto del cual vamos a tener aplanada la curva de los destinatarios”, avizoró el mandatario de la SENAF.
Con respecto a la actualidad del RENNYA, Lerner puntualizó la existencia de 1.228 menores de 21 años amparados por la Ley Brisa, es decir, hijas e hijos de víctimas de femicidios o violencia familiar que perciben, como reparación económica retroactiva, cobertura en salud y el equivalente a una jubilación mínima. En agosto de este 2022, el total de destinatarios del RENNYA ascendía a 1048 niñas, niños y adolescentes. “Aquí también se va a aplanar la curva, pero va a llegar más tiempo”, pronosticó Lerner, “porque a medida que se conoce el derecho se van incorporando chicos y chicas cuyos progenitores fueron víctimas de femicidios o violencia de genero hace años”.
Lerner también se expidió con relación al Plan de Primera Infancia, puntualmente, en lo referido a Programa de Infraestructura del Cuidado promovido por un crédito del BID. En ese sentido, informó que hay 47 centros de desarrollo infantil finalizados, en tanto 135 espacios de primera infancia están en proceso de construcción. En simultáneo, a través de la inversión del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, añadió que se registran 15 obras finalizadas, 237 en ejecución, y 167 proyectos aprobados en las 24 jurisdicciones nacionales. “Entre el crédito del BID y la ejecución del Ministerio, esto va a significar hacia fin del año 2023, no menos de 600 obras, y no menos de 35 mil millones de pesos invertidos en infraestructura del cuidado”, celebró el referente de la SENAF.
Hacia el término de su exposición, Lerner ponderó diferentes convenios de asistencia técnico financiera suscriptos por la SENAF, que incluyen carreras de especialización y diplomaturas para el PAE a través de universidades públicas de todo el país, así como el desarrollo de la “línea 102”, de escucha, contención y orientación para niños y adolescentes, con funcionamiento en las 24 jurisdicciones provinciales. De igual modo, el secretario resaltó las acciones de fortalecimiento de los sistemas de protección a la niñez y adolescencia en Gobiernos Provinciales y Municipios; los nuevos programas “Derecho a la Participación Ciudadana” y “Jugar”; el Consejo Consultivo de Adolescentes, y el Registro Único Nominal, con la participación de UNICEF y la organización FAROS, que sistematizó las intervenciones estatales de contención infantil-adolescente en todo el territorio nacional. “Hoy podemos decir que tenemos legajo digital de cada chico y chica vulnerado atendido por el Estado, con 220.000 legajos ya cargados a lo largo y a lo ancho del país”, concluyó Lerner.
Sobre el cierre de la reunión, la presidenta de la Bicameral, Clara Vega (Hay Futuro Argentina), celebró los efectos de la Ley Brisa y el PAE, en tanto fueron determinantes para la detección y contención de miles de niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, e hizo un llamado para encausar “la jerarquización de todo el personal que trabaja la niñez y adolescencia en todas las provincias, en su mayoría un personal precarizado, porque la necesidad de jerarquizarlo es también acompañar el proceso y garantizar derechos”.
