Durante la discusión, en la que se anotaron 41 oradores, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio adelantó que no acompañaría la norma, sin perjuicio de lo cual el oficialismo logró aprobarla y girarla a Diputados con 40 votos afirmativos y 26 negativos.
El debate que comenzó a las 14.37 con la participación de 64 senadores en forma virtual y cuatro en el recinto, junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, fue seguido durante la tarde desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponen a la aprobación del proyecto.
La mayoría de los discursos de los senadores del FdT aseguró que la reforma está orientada «a garantizar la independencia de los jueces» y apuntó al Gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de haber montado «una persecución judicial» contra la ex presidente y miembros de sus administraciones.
En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseguraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para «licuar» el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.
Desde el FdT, la senadora que presidió el debate en comisiones, María de los Angeles Sacnun, rechazó esas acusaciones; afirmó que el proyecto «es una primera ley» que «cumple con promesas de campaña» del presidente Alberto Fernández y reprochó a los legisladores de la oposición no haber sumado ninguna propuesta de cambio cuando tuvieron oportunidad de hacerlo.
La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de 94 cargos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.
El texto original del Gobierno, de 85 artículos, fue retocado tras cinco audiencias en las que los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales escucharon medio centenar de testimonios de juristas, constitucionalistas, sindicalistas del Poder Judicial y representantes de colegios de abogados, jueces y fiscales.
El debate
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la oficialista María de los Ángeles Sacnun, defendió el proyecto, pero aclaró que se requerirán normas complementarias “para configurar una verdadera reforma judicial”.
Además, respaldó la inclusión del texto que busca garantizar la independencia de los jueces ante “los poderes mediáticos, políticos o económicos” que “horadan la democracia”, pese a lo que posteriormente el Senador Oscar Parrilli anunció la eliminación del inciso e) del artículo 72°.
“Seguramente, requeriremos otras leyes para configurar una verdadera reforma judicial que otorgue tutela judicial y respeto por las garantías constitucionales y la independencia a los jueces y juezas del Poder Judicial de la Nación”, aseguró Sacnun.
La legisladora afirmó que el país “tiene la necesidad de recuperar la independencia de los jueces y la plena vigencia de las garantías constitucionales».
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, ratificó el «rechazo total y absoluto» de la oposición al proyecto de reforma judicial al afirmar que se trata de «un engranaje más dentro de un plan estratégico para controlar a la justicia penal federal».
La senadora de Cambiemos sostuvo que la iniciativa «es un festival de cargos» que prevé «avanzar hacia la impunidad» en casos de corrupción.
Para la legisladora por Córdoba, la propuesta del Gobierno para reordenar el fuero penal federal prevé «un gasto de 6 mil millones de pesos» para «controlar un fuero que atiende los casos de los poderosos y no los que le importan a la gente común».
«Este plan de impunidad se inició con un DNU que crea un consejo consultivo con nombre rimbombante y que es integrado entre otros por el abogado personal de Cristina Fernández, que la defiende en causa de corrupción como la de dólar a futuro», declaró en alusión al abogado Carlos Beraldi.
La senadora cuestionó que se busque desde el oficialismo avanzar hacia «la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y modificar la estructura del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal para modificar el régimen de designación del Procurador General de la Nación».
También criticó que se quintuplicaron los cargos judiciales a crear y el modo de elección de jueces mediante el sistema de subrogancias en los juzgados nuevos y afirmó en ese sentido «que se han estado negociando cargos» para que en la Cámara de Diputados se obtengan los votos necesarios para convertir en ley la reforma.
El cierre de la sesión, luego de más de 10 horas de deliberaciones, estuvo a cargo de los titulares de las dos bancadas mayoritarias, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, los senadores por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) y José Mayans (FdT).
Naidenoff coincidió en que «es cierto que este proyecto no es una reforma judicial. Será un punto de partida», se preguntó para luego responderse que la iniciativa es una modificación del fuero procesal penal. Interrogó a los legisladores preguntando: «combatimos el narcotráfico; protegemos a la sociedad, lo dudo», dijo. Afirmó que la iniciativa «es un intento de colonizar la justicia, creando y repartiendo cargos, no en cualquier justicia sino que en la justicia federal». Sostuvo que los mejores jueces son «los que tienen apego a la ley, con valores democráticos, con respeto a la igualdad de género y no los denominados influenciables».
Mayans afirmó que «hubo una estrategia del gobierno anterior para perseguir a la oposición y que para ello se utilizó al Poder Judicial». Denunció el intento de manipulación del gobierno anterior a la Corte Suprema, «pretendiendo nombrar dos miembros por decreto de necesidad y urgencia» y al «Consejo de la Magistratura en el que se tomaron decisiones sin tomarle juramento al entonces miembro de la oposición, el senador por Chubut, Juan Mario País». Concluyó que «la credibilidad del Poder Judicial está seriamente cuestionada». Destacó que el desafío del momento es «tener una justicia transparente, independiente, que llegue en término y que no esté sometida a ningún poder; ni político, ni económico, ni de ningún tipo».
Aprobaron extender la licencia de Alperovich
Alperovich fue denunciado por su sobrina por presunto abuso sexual.
El Senado aprobó esta tarde el pedido del senador nacional oficialista por Tucumán José Alperovich de una nueva extensión de su licencia sin goce de sueldo, hasta el 31 de diciembre próximo, para seguir adelante con su defensa judicial en la causa en la que está acusado de abuso sexual por parte de una sobrina suya.
En un comunicado oficial, Alperovich informó que solicitó ante la Presidencia del Senado de la Nación «la extensión de su licencia» y añadió que «a la fecha hubo importantes avances en los procesos penales que se sustancian tanto en la ciudad de Buenos como en la provincia de Tucumán».
El 25 de noviembre del año pasado, el senador había solicitado licencia sin goce de sueldo para abocarse de lleno a su defensa, después de ser denunciado por su sobrina y ex colaboradora por la presunta comisión del delito de abuso sexual.
Autorizan el ingreso y salida de tropas para ejercicios militares
El proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, fue aprobado por la Cámara de Senadores.
La iniciativa establece que las tropas argentinas llevarán a cabo nueve adiestramientos bilaterales y otros ocho multilaterales. La Armada participará en doce misiones, la Fuerza Aérea en cuatro y el Ejército en uno.
De acuerdo con la solicitud de permiso enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, la mayoría de los ejercicios bilaterales se llevarán a cabo con países de la región. En el caso de los ejercicios multilaterales, participan otros países como los Estados Unidos, Canadá, la India y Sudáfrica.