EL GERENTE DE SOPORTE COMERCIAL DEL BANCO SANTANDER ARGENTINA Y EL GERENTE GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS ARGENTINOS EXPUSIERON ESTA TARDE SOBRE TRES PROYECTOS DE LEY. ADEMÁS, LEGISLADORES NACIONALES PASARON A LA FIRMA NUEVE PROYECTOS DE DECLARACIÓN.
Durante una reunión de la comisión de Economía Nacional e Inversión realizada esta tarde en forma remota y presidida por la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR), el gerente de soporte comercial del Banco Santander Argentina en representación de la Asociación de Bancos de la Argentina, Juan José Alegre, y el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos, Alejandro Pérez, brindaron su punto de vista sobre tres proyectos de ley en tratamiento en la Comisión.
Se trata del S-704/20 de autoría del senador por Catamarca Dalmacio Mera (FdT) sobre servicios bancarios prestados por cajeros automáticos, el S-599/20 de autoría del senador por La Pampa Juan Carlos Marino (UCR) que crea el Programa de Bancarización y Acceso Simplificado para Adultos Mayores, y el S-2326/19 de autoría del senador por San Juan Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que determina la incorporación de cajeros biométricos a los ya instalados en las sucursales bancarias.
Al comenzar la reunión, Juan José Alegre se refirió a la disponibilidad de cajeros y apuntó que la «la cantidad de cajeros depende de la densidad poblacional de ese lugar, de la necesidad económica de la gente y la actividad que se desarrolle en ese lugar» y que «tanto la Red Banelco como Link son interoperables». Además, destacó «otros medios como el extra cash, que llega a más de 35.000 comercios» y «las corresponsalías bancarias, como Rapipago o Pago Fácil para poder llegar a una cantidad mucho más grande de personas a lo largo y lo ancho del país».
Respecto al retiro de efectivo consideró que «llevar el límite a 168.000 pesos como tope máximo nos parece que está lejos de la realidad actual», que «tiene un problema técnico» y que «deberían hacerse varias extracciones», al tiempo que señaló que «la cantidad de billetes es importante también». Asimismo, detalló que hay «entre 18.000 y 20.000 cajeros en el mercado» y que «hoy tenemos una disponibilidad del 95% que los cajeros puedan tener la plata suficiente que requiere la comunidad». «Poner un límite que en 24 horas debería arreglarse un cajero automático nos parece algo un poco abusivo», afirmó.
A continuación, se refirió a la colocación de nuevos cajeros y sostuvo que «hay que ver también cuál es la disponibilidad del software y el hardware que tienen hoy estas dos empresas grandes que se dedican a la provisión de estos equipos» así como también señaló que «hay que tener en cuenta las leyes municipales» e instó a una «motivación de la gente de usar un esquema digital que nos permita descomprimir un poco el uso físico de la extracción del efectivo». Por último, afirmó que «poner una fecha de 120 días para hacer las biometrías o adaptar todos los cajeros nos parece que es casi incumplible» y advirtió que «no todos los bancos van a estar en condiciones de adaptarlo» ya que «significa un costo muy grande».
A su turno, Alejandro Pérez coincidió en que «dado el parque que existe hoy de los cajeros, es de imposible cumplimiento» y que «lo importante es canalizar los esfuerzos hacia una legislación que incentive el dinero virtual tanto de la demanda como de la oferta». Asimismo, consideró que «el tema de los extra cash y las corresponsalías coayudan a que cualquiera de los usuarios financieros puedan acceder a sus billetes sin necesidad de contar con un ATM o un cash dispenser» y destacó la importancia de tener en cuenta «la capacidad de los cajeros y la disponibilidad de billetes de alta denominación» al referirse al incremento del monto de extracción sugerido.
Seguido, se refirió al mantenimiento de los cajeros y afirmó que «el tema de las 24 horas es 100% impracticable: como está redactado el artículo nos pone en una situación de incumplimiento». «Quiero destacar un elemento que es en el tema de infracciones», añadió, «hay una distribución de las multas que un cuarto va al damnificado, me genera la duda de si no estaremos impulsando con esta medida una industria del juicio».