El lunes comienza en el Senado el debate para fijar el gasto en seguridad de CABA. Con la rápida sanción de esta ley, el gobierno nacional pretende cubrirse de un eventual fallo adverso de la Corte
El Gobierno envió este jueves una propuesta para fijar el gasto que insumirá el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, algo pautado en un convenio firmado en 2016 pero que aún no había sido regulado por ley. El gobierno porteño presentó hoy ante la Corte Suprema, la demanda por la coparticipación modificada por Decreto
El Frente de Todos convocó para el próximo lunes a un plenario de comisiones del Senado para dar celeridad al tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La audiencia fue citada para las 17 por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora del oficialismo María de los Angeles Sacnún, y su par de Presupuesto, Carlos Caserio, y contará con la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior.
La iniciativa ingresó este jueves a la Cámara alta con la firma del presidente Alberto Fernández; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el «Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA», celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.
El segundo artículo de la propuesta fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos.
«Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente», añade el texto.
En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo.
La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.
«El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración», agrega.
El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2 en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.
«A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad», finaliza el texto enviado a la Cámara alta.
La respuesta de la Ciudad
En el escrito judicial, presentado hoy, se promueve una acción de amparo y se solicita que “se restablezca en forma inmediata el derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % en el Consenso Fiscal”.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda en la cual “promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar” en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.
Se pide que, “en consecuencia, se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”.
En otro de los puntos de la presentación, se solicita que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020) del Poder Ejecutivo Nacional, por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél”.
El texto presentado por la Procuración de la Ciudad, firmado por María Cristina Cuello y con el patrocinio del Procurador Gabriel Astarloa, pide que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,5%».
Asimismo solicita que se ordene «la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad”.
“Como medida cautelar y con sustento en lo normado por la ley 26.854, solicitamos se ordene la inmediata suspensión de los efectos – ejecutoriedad – del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020), así como de todos los actos administrativos que se hubieren dictado o se dicten en consecuencia”, se reclama en otra parte del escrito judicial.
En el texto presentado ante el máximo tribunal del país, que tiene una extensión de 97 páginas, se pide a la Corte que ordene «al Estado Nacional que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado y/o que altere el coeficiente de la CABA o disminuya los recursos correspondientes a la transferencia de competencias federales».
En los argumentos del escrito ante la Corte, la administración de Horacio Rodríguez Larreta explica que «el coeficiente asignado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya fuera el original de 1,4%, el mayor del que gozó de 3,75%, e incluso su reducción a 3,5% -en vigencia hasta el dictado del decreto 735/20- fue siempre establecido mediante el inevitable acuerdo de la CABA con el Estado Nacional, y goza además de ratificación legislativa».
En este sentido, se citan cinco convenios firmados entre la Ciudad y el Estado nacional para establecer los porcentajes de coparticipación del distrito.
«Permitir que el Estado Nacional modifique en forma unilateral en perjuicio de la CABA constituye una clara violación al régimen federal, a la autonomía de la Ciudad y al principio de igualdad por evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias», resume el escrito.
También se señala que «el decreto cuya inconstitucionalidad se plantea sería el primero que fija de modo unilateral la alícuota de participación automática de la CABA», y se explica que «todos los anteriores coeficientes desde 1988 fueron producto de acuerdos».
En la fundamentación de su demanda, el Ejecutivo porteño señala que «resulta absolutamente inexacto y carente de sustento fáctico, como bien surge de la propia lectura del acto cuestionado, que el impacto presupuestario real de las funciones de seguridad asumidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires equivalgan a un 0,92%».
Esta aclaración surge porque en el último decreto que modifica el porcentaje de coparticipación de la Ciudad, el Gobierno nacional le reconoce al distrito el 1.40% que recibía históricamente más un 0,92%, que según la administración de Alberto Fernández es el agregado que debe recibir por hacerse cargo de los servicios de seguridad.