En el día de ayer se reunieron las comisiones de Familia; de Mujeres y Diversidad; de Acción Social y Salud Pública; de Comunicaciones; de Adicciones; de Defensa y de Personas Mayores
LA COMISIÓN DE FAMILIAS Y NIÑEZ AVANZA EN EL DEBATE DE LA LUDOPATÍA INFANTIL
La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, y especialistas en la temática expusieron sobre la problemática de la adicción al juego en los entornos digitales que afecta a las infancias.
En el marco de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes (UCR), Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se refirió a la ludopatía infantil, al definirla como “la adicción al juego en los entornos digitales”, y en ese sentido, pidió hacer hincapié en analizar “cómo el mundo adulto utiliza la pantalla para entretener a los niños”, al remarcar “el perjuicio que esto conlleva”.
La funcionaria explicó que existen dos problemáticas: “La adicción a la pantalla y la adicción al juego en la pantalla”. “El juego en red es tan adicto como cualquier otra droga y es la primera adicción que padecen nuestros niños”, consideró.
Además, desde la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el defensor adjunto Juan Facundo Hernández, añadió que “es necesario un marco regulatorio de apuestas en líneas” y que “es clave prohibir y regular las publicidades sobre este tema”.
Luego, Aldo Pablo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales, dio su opinión al respecto, y sostuvo “la necesidad de fortalecer a los adultos referentes”, para que puedan “enseñarles a los chicos a navegar en los entornos digitales”. “Cualquier juego tecnológico, sea apuesta o no, es problemático para la infancia porque fue pensado por un mercado que sólo busca ganar dinero”, puntualizó.
En su disertación, desde la Fundación Proyecto Padres, la directora ejecutiva Pía del Castillo, aseguró que “hoy, las pantallas están siguiendo la misma trayectoria que han tenido el tabaco y el alcohol”.
Además, indicó que, aunque no hay cifras oficiales, las investigaciones muestran que “el uso precoz de las pantallas daña el cerebro de nuestros hijos”. “Tenemos que retrasar su uso para evitar la ludopatía”, especificó.
A su turno, Paula Wachter, directora de Red por la Infancia analizó los distintos enfoques que tienen las legislaciones a nivel mundial. “La falta de alfabetización digital de los adultos es un factor de riesgo para nuestros chicos”, destacó.
En el mismo sentido, Luciano Grasso, licenciado en Psicología y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la Nación, pidió “escuchar a los niños y adolescentes para conocer su mirada”, y propuso “modificar la Ley de consumos problemáticos e incorporar la temática de la adicción al juego”.
Por último, Facundo Bianco, de Bienestar Digital, citó que, según lo refleja un estudio realizado este año por la consultora Opina Argentina, “el 16% de los jóvenes reconoce que realiza apuestas online”.
Luego, diputadas de distintos bloques parlamentarios expusieron los puntos principales de sus iniciativas para abordar y prevenir la problemática de la ludopatía en las niñas, niños y adolescentes.
La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR) explicó los fundamentos de su proyecto: “Tenemos que generar un marco legal que prevenga y aborde esta problemática que afecta a los más vulnerables”. “Es un tema de salud pública”, aseveró, al tiempo que informó: “Los especialistas en psicología consideran que su tratamiento es similar al de las adicciones”.
En tanto, la diputada Silvana Giudici (Pro) se refirió al proyecto de su autoría y en ese sentido, señaló: “El 95 por ciento de la franja etaria (15 a 17 años) tiene acceso a internet”. “El enfoque de mi iniciativa se orienta a las comunicaciones: Limitar la publicidad indiscriminada de las plataformas de juegos online”, detalló.
Por otra parte, desde Unión por la Patria, la diputada Micaela Moran afirmó que el proyecto de Ley que presentó sobre ludopatía infantil apunta a “modificar el Artículo 301 bis del Código Penal”, con el objetivo de “agravar la punibilidad cuando exista la intervención de un menor en un juego, legal o ilegal”.
La diputada Marcela Campagnoli (C.C) definió algunos puntos de su proyecto e hizo hincapié en «controlar el acceso de los chicos al uso de las billeteras virtuales”, ya que -aclaró- “son muy utilizadas para al juego online».
Finalmente, la diputada Karina Banfi (UCR) adelantó que, en consonancia con lo expresado por las diputadas Margarita Stolbizer (HCF) y Victoria Tolosa Paz (UxP), «vamos a solicitar que se arme una sub comisión de trabajo para abordar este tema conjuntamente con las distintas Comisiones que tratan proyectos sobre ludopatía”, porque -subrayó- “la complejidad de la problemática lo amerita».
Al comienzo de la reunión, la diputada María Fernanda Araujo (LLA) quedó designada para ocupar el cargo de la 2° secretaría.
REFERENTES EN GÉNERO Y DIVERSIDAD ABORDARON LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL PAÍS
La Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (UxP), recibió a especialistas con el objeto de abordar la desarticulación de la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (ex ministerio de la mujer).
En ese sentido, la diputada Macha (UxP) explicó que recibió a los invitados con el fin que “tiene la Comisión en constituirse en un plan de acciones elaboradas, coordinadas”. “Este espacio institucional formal que, además, tiene la riqueza de que sea transversal”. Al mismo tiempo, adelantó “una citación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”.
En primer lugar expuso, Fernanda Fuentealba, referente de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y trabajadora de la subsecretaría, leyó un documento destacando la importancia del rango institucional de las políticas de género y sus programas. Al respecto, expresó: “La institucionalización de políticas de género es una línea estatal que se mantiene por diferentes gobiernos, evidenciando que estas políticas son un consenso democrático”. «Desde que se creó el Consejo de la Mujer en 1992 no hay precedentes en Argentina de que el Estado nacional deje de cumplir con los acuerdos internacionales que exigen que haya políticas de erradicación de la violencia de género», aseguró.
Asimismo, Fabiana Tuñez, directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres durante el periodo 2015-2019, dijo que «independientemente de las diferencias lo que es cierto es que no tener un organismo rector de políticas públicas genera vulneración de derechos y eso es lo que tenemos que trabajar y reforzar”. “En lo que va del año hubo 127 femicidios y hay miles de familias que están peleando por justicia sin ningún organismo que lo cumpla”. “Vamos a presentar una denuncia internacional”, advirtió.
Laura Branchini , trabajadora del programa “Acercar Derechos” -de la subsecretaría- realizó un resumen sobre la actividad del programa. ”Es una política de Estado creada con el objetivo de acompañar a las personas que hayan atravesado situaciones de violencia de género, a través de equipos técnicos, conformado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y son una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia a las mujeres y diversidades”. Asimismo, aportó que cuenta con 59 equipos en todo el país, el 27,5% son casos de altísimo riesgo, -por ello- “es muy importante su continuidad”.
Desde Amnistía Internacional, Mariela Bilsky , hizo propuestas para “seguir adelante”. “Nosotras llevamos a todo el mundo la experiencia del aborto y todo el mundo aprende de Argentina, y lo que más les llama la atención es la transversalidad para que salga la ley”, aseguró. Además, dijo que hay que llevar los reclamos al espacio internacional, luego de pedir que persista el “trabajo desde la sociedad civil y el Congreso. Es una experiencia que se mira con mucha atracción y eso va a generar la salida a la calle”.
Verónica Baracat, de ONU-Mujeres, explicó desde ese espacio «tenemos la capacidad de convocar a distintos actores tanto de la sociedad civil como organizaciones. Esa es la oferta que vengo a hacerles a ustedes acá hoy”.
Participaron, además, las referentes del feminismo Dora Barrancos y Nelly Minyersky; Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires; Mercedes D’Alessandro, ex directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación; Nina Brugo, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto; María Florencia Freijo, politóloga; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad; trabajadores de ATE; Norma Morales, referente de la economía popular; María Rosa Martínez, senadora provincial, entre otras.
LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PÚBLICA ABORDÓ LA SITUACIÓN ALIMENTARIA
Al inicio, Pablo Yedlin, presidente de la Comisión, informó la situación de la invitación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Al respecto, el titular de la Comisión volvió a ratificarle a la funcionaria la intención de que asista a la Cámara baja al considerar que “es una situación de emergencia”. Por otro lado, el diputado se solidarizó por la reciente intromisión a la casa de la Ministra.
Desde el mismo bloque, Cecilia Moreau, en primer lugar, celebró que haya representantes del oficialismo y la oposición en la reunión. “Me parece que preservar y cuidar las instituciones se construye todos los días en el accionar de cada uno de nosotros”, resaltó. Al expresar que “nos limitamos a cumplir con nuestro rol de contralor del Poder Ejecutivo”, la diputada cuestionó el hecho de que “el primer funcionario que le pedimos a LLA que venga a dar explicaciones de un tema que está en cada mesa familiar, debatiéndose todos los días, no lo hayan traído».
La diputada María Cecilia Ibáñez, del Movimiento de Integración y Desarrollo, ratificó su posición en contra de la citación a la ministra Pettovello tras explicar que hay un proceso judicial en curso. “Estoy en contra de que la Ministra sea interpelada, creo que es bienvenida a una invitación a dar una explicación a preguntas que pueda contestar que estén elevadas anteriormente”, señaló.
El diputado Christian Castillo, del bloque FIT-Unidad, subrayó que la situación actual “es un núcleo que se viene agravando”. “El gobierno está dilapidando recursos ya otorgados para cumplir esa función alimentaria esencial, mientras los comedores siguen sin recibir el alimento y el servicio de alimentación escolar tampoco es brindado a las distintas provincias”, criticó.
Mónica Fein, de Hacemos Coalición Federal, recordó que la primera acción que hizo el Gobierno Nacional cuando se habló de alimentos fue “poner en duda la acción que se estaba llevando adelante”. “Como Comisión, nuestra preocupación es conocer ante este mecanismo que ha planteado el Gobierno Nacional, cuáles son los procedimientos que la Ministra está implementando para que las personas puedan acceder al alimento básico”, recalcó.
Representando a La Libertad Avanza, Manuel Quintar, aclaró cómo fue el procedimiento de la invitación a la Ministra. “Fue apresurado tratar de convocarla en dos días hábiles a que venga una ministra a rendir cuentas a la Cámara de Diputados”, detalló y, en ese sentido, puntualizó que “exponer a un ministro a esta serie de cuestiones, existiendo cuestiones judiciales tramitándose, sería como mínimo irresponsable”.
El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, manifestó que “estamos evaluando el desarrollo de una política pública, que es la distribución de alimentos; tenemos que preservar el tejido social”. Al respecto, reafirmó que “nunca un ministerio en sí mismo va a poder reemplazar en el territorio”.
ESPECIALISTAS EXPUSIERON EN DIPUTADOS SOBRE CIBERAPUESTAS Y LUDOPATÍA
Un plenario de las Comisiones de Adicciones y Control de Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal realizó una reunión informativa para abordar la temática de ciberapuestas y ludopatía.
Al comienzo del encuentro, la diputada Karina Banfi (UCR) se refirió a la posibilidad de incluir a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes en el debate y recordó una reunión realizada esta mañana donde se analizó la ludopatía infantil. “La ludopatía infantil es un flagelo que merece el urgente tratamiento de este Congreso, solicitamos que se pueda incluir a la Comisión de Familia para poder trabajar en un proyecto de reforma integral”, dijo Banfi.
A la hora de las exposiciones, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA, explicó que la tecno adicción “se trata de una pandemia silenciosa que se expande en las aulas, en los clubes, los hogares y pone a las familias en alerta”.
Según los datos expuestos por Mraida, las apuestas online están más concentradas en el AMBA y en estratos socioeconómicos bajos. Asimismo, explicó que las visitas a plataformas de apuestas online ilegales aumentaron un 150% en un año y que 11,4 millones de residentes en Argentina ingresaron a sitios de apuestas entre enero y septiembre de 2023.
Asimismo, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA explicó que la Ciudad de Buenos Aires se propuso bloquear todos los sitios de apuestas en las escuelas públicas y en redes de BAWifi, así como bloquear sitios de apuestas ilegales y mejorar el acceso con datos biométricos para certificar la mayoría de edad.
Posteriormente Walter Martello, defensor del Pueblo adjunto de la Provincia de Buenos Aires, consideró que en “esta epidemia se da en una tormenta perfecta, porque está la cuestión vinculada al crecimiento de las plataformas clandestinas, el crecimiento de las redes sociales y la situación de la pandemia, donde el juego online pasó a ser protagonista”.
“Las plataformas ilegales están radicadas en paraísos fiscales que funcionan fuera del control estatal, con lo cual el combate es más difícil y habrá que agilizar la creatividad legislativa para ver de qué forma podemos impedir esto”, señaló Martello durante su exposición.
Santiago Serra, responsable de Asuntos Públicos de la Cámara Argentina Fintech, compartió las medidas que las billeteras virtuales están llevando a cabo para abordar el tema de la ludopatía en menores de edad. “Los principales miembros de la industria han desarrollado controles que implican que ningún menor puede destinar fondos si los destinatarios están inscriptos en AFIP en el rubro juegos de azar”, dijo.
Serra explicó cómo se detectan los ´concentradores´, aquellas personas mayores de edad que reciben transferencias de cuentas asociadas a menores para realizar apuestas, y consideró que “los controles sobre el juego ilegal podrían demarcarse dentro de la prevención de lavado de activos”. “Es importante trabajar en dar visibilidad a los adultos, establecer precisiones sobre cómo alertar a los mayores, sean padres o tutores”, alertó.
Santiago Stura, integrante de la ONG Faro Digital, consideró que “las plataformas de apuestas online recopilan datos de usuarios para entender su comportamiento, preferencias y patrones de juego: utilizando algoritmos avanzados pueden personalizar ofertas y promociones para cada uno de los usuarios, aumentando la posibilidad de que participen y sigan apostando”.
Por su parte, Milagros Schroder, coordinadora de Educación en la ONG Faro Digital, dijo que “es esencial reconocer que somos seres vulnerables en un entorno diseñado para explotar nuestras debilidades”.
“Es clave comprender que las tecnologías no son meras herramientas, sino que son y serán nuestro mundo-ambiente. La ludopatía es una emergencia social amplia e histórica que encuentra en este grupo social y en este contexto características que la intensifican. Es clave escuchar la voz de las adolescencias para comprender”, expuso Schroder.
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA EXPUSIERON SOBRE EL INGRESO DEL PAIS COMO “GLOBAL PARTNER” A LA OTAN
Además, explicaron en qué consiste el Programa F-16. Asimismo, los legisladores dictaminaron sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales.
La Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Ricardo López Murphy (HCF), recibió al secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme, y al jefe del Programa F-16, Juan Sosa, quienes expusieron sobre el ingreso de nuestro país como “Global Partner” a la OTAN y el funcionamiento del Programa F-16, respectivamente.
Durante su alocución, Juan Battaleme explicó que esta iniciativa es “una puesta en valor de la política de defensa” que significa “trabajar por la paz y la seguridad global”.
«Esto implica integrarse a una red de actores con quienes compartimos el 98% del equipamiento militar de la que nos nutrimos en términos educacionales, de equipamiento e inteligencia», dijo Battaleme.
Con respecto a los beneficios que le genera al país el ingreso como “Global Partner” a la OTAN, el secretario, describió que “promueve una estrategia de integración al mundo occidental, mejorando el diálogo y la consulta entre las naciones en los sistemas integrados de armas como lo es el F-16”. Y agregó: “Permite que las fuerzas militares no operen en soledad”.
Por último, Battaleme señaló que “Argentina tiene mucho para aportar en la preparación y resiliencia frente a crisis y a operaciones de paz y ayuda humanitaria».
Sobre el programa F-16, Juan Sosa destacó que «desde que iniciamos en 2019 hemos podido realizar una serie de evaluaciones técnicas para contemplar alternativas».
«La Fuerza Aérea estableció doce criterios, se preparó una matriz con áreas, campos y factores, para evaluar las propuestas desde la óptica de datos duros para lograr resultados para que, quien tuviera que tomar decisiones, contara con todos los elementos «, explicó el jefe del área.
A continuación, los legisladores realizaron consultas técnicas a los funcionarios sobre el programa F-16 y sobre las implicancias del ingreso del país como “Global Partner” a la OTAN.
Asimismo, los diputados emitieron dictamen favorable sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales y aprobaron un conjunto de pedidos de informe.
REALIZARON REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DD.HH. DE LAS PERSONAS MAYORES
Funcionarios y especialistas expusieron en torno a “El rol de la República Argentina y sus alcances en la legislación nacional”.
La Comisión de las Personas Mayores, presidida por la diputada Gisela Marziotta (UxP), realizó una reunión informativa sobre la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las personas Mayores, bajo la consigna “El rol de la República Argentina y sus alcances en la legislación nacional”.
La subsecretaría de Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, Alexandra Biasutti, analizó el alcance del artículo 17 de la Convención, sobre seguridad social.
“La protección que otorga la Convención va mucho más allá de la seguridad social y es un plexo normativo sumamente integral”, definió.
“En nuestro país la cobertura de los adultos mayores, en lo que hace a prestaciones contributivas y no contributivas de la vejez, alcanza al 97%, esto nos ubica como uno de los países con mayor cobertura en la región, esto puede explicarse por las moratorias previsionales y por la creación de la Pensión Universal Adultos Mayores (PUAM). No se trata únicamente de que la mayor parte esté cubierta, sino que también las prestaciones sean suficientes para tener un nivel de vida digno”, remarcó Biasutti.
“La mitad de los beneficiarios del régimen contributivo perciben hoy un haber mínimo y, el resto, haberes que oscilan entre el mínimo y el máximo. Solo el 2% cobran sobre ese máximo, que es el caso de los regímenes especiales”, explicó.
Con datos de 2023, Biasutti dijo que en Argentina hay 10,8 millones de aportantes al sistema previsional y 7 millones de beneficiarios, entre jubilaciones y pensiones, lo que implica una relación del 1,5 entre activos y pasivos. “Históricamente se decía que la relación ideal era que existan tres trabajadores cotizantes contra un jubilado”, añadió la funcionaria.
En tanto, el director general de Promoción de Derechos de las Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Fernández Bertuzzi, explicó las políticas públicas llevadas a cabo desde la gestión local.
“En CABA existe el programa Proteger desde el 1999, que tomó relevancia con la ley 5420 en el 2015. El programa tiene que ver con la intervención a través de equipos interdisciplinarios para brindar apoyo psicológico, emocional y poder brindar acceso justicia hacia adultos mayores que se encuentren en situación de violencia”, ejemplificó.
Mónica Roqué, médica y miembro del Comité Redactor de la Convención Interamericana sobre Protección de DD.HH. de las Personas Mayores, explicó que “dimos esta batalla porque no había ningún instrumento que defendiera a las personas mayores”.
“En el 2010 los gobiernos de la región empezamos a trabajar el desarrollo de este instrumento jurídicamente vinculante”, relató Roqué. “Pensar a las personas mayores como sujetos de derechos humanos significa pensar todo lo que aportamos, desde esa mirada pretendemos llevar adelante una política pública”, añadió.
Por su parte, Isolina Dabove, doctora en DD.HH. que integró la delegación argentina ante la OEA para la elaboración de la Convención, explicó que la norma se propone “trabajar para la igualdad y la no discriminación inter-seccional, ya que en la vejez sufrimos todos los sesgos, por género, discapacidad, hasta la pertenencia a una religión o una minoría política”.
“Ojalá que podamos vivir una vejez digna y un país que tienda puentes respecto a lo que funcione, más allá de la política partidaria”, dijo.
Alejandra Vázquez, psicóloga especialista en violencia familiar, destacó que “la Convención aporta definiciones para el concepto de maltrato, abuso, abandono, negligencia y también define lo que es la discriminación por la edad, algo que vemos en distintos escenarios”.
“El artículo cinco hace referencia a que el Estado tiene que tomar un rol más activo para prevenir, sancionar y erradicar las practicas violentas”, señaló. Asimismo, Vázquez aportó datos de la ONU, que señalan que 1 de cada 6 personas mayores ha sido víctima de violencia.