EL SENADO APROBÓ ESTA MADRUGADA LA LEY DE EMERGENCIA CON 41 VOTOS A FAVOR, 23 EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN DE LA SENADORA POR LA RIOJA CLARA VEGA, DESPUÉS DE UN DEBATE DE MÁS DE OCHO HORAS Y MEDIA.
En la primera sesión extraordinaria de la Cámara alta, que se extendió por casi 12 horas, los senadores votaron la norma luego de que hicieran uso de la palabra casi la mitad de los miembros del cuerpo.
Durante toda la jornada, los legisladores oficialistas pusieron el acento en la necesidad de instrumentar la emergencia y responsabilizar al gobierno anterior. En tanto desde la oposición se defendió lo que se hizo en la gestión de Mauricio Macri y se cuestionó algunos puntos contemplados en el proyecto.
El miembro informante de la iniciativa, el senador por Córdoba, Carlos Caserio (Frente de Todos), explicó los principales aspectos del proyecto destacando la necesidad de su aprobación inmediata. Numeró los guarismos existentes en pobreza, indigencia, desocupación, perdida de salario real, caída de compras y el incremento de la deuda externa superior a los 276 mil millones de dólares.
«Estamos en una situación realmente grave. Por eso la emergencia; para poner a la Argentina en movimiento, porque ahora está parada», enfatizó. Antes de esa afirmación advirtió que la norma en discusión se explaya principalmente sobre cuatro puntos: «la resolución de la crisis de la deuda pública, el tema tarifario, el tema tributario y la jubilación».
El legislador por Córdoba defendió las decisiones de suspender los ajustes automáticos de los haberes jubilatorios por 180 días, de aplicar un impuesto del 30 por ciento para los que adquieran moneda extranjera y pedir un 3 por ciento más en las retenciones de los distintos granos.
Añadió que el gobierno persigue el objetivo de «buscar un equilibrio, ayudando a los más vulnerables» y por eso se les pide a los que tienen un poco más que «hagan un esfuerzo solidario»
«Me animo a pedir que esta ley sea aprobada para impulsar el crecimiento y la economía, teniendo como prioridad a los más necesitados. Pedimos el voto positivo para poner a la Argentina de pie», concluyó el senador oficialista.
La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. En el marco del artículo 76 de la Constitución Nacional, se delega en el Poder Ejecutivo las facultades comprendidas en la presente iniciativa hasta el 31 de diciembre de 2020.
Entre los objetivos de las bases de delegación se encuentran los de crear condiciones para la sostenibilidad de la deuda pública; reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético, promover la reactivación productiva; crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal; fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales; procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social e impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados y generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales.
A la hora de los cierres de los jefes de bloques, el senador por Formosa Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) defendió con firmeza lo actuado por el anterior gobierno y aceptó que el nuevo jefe de Estado, Alberto Fernández, «tiene derecho a fijar su hoja de ruta» para gobernar.
«El Presidente tiene que aprovechar sanamente para la Argentina lo que se logró en los últimos cuatro años, Tienen que tomar lo que se ha hecho», aseveró Naidenoff, que de inmediato aceptó que «la deuda social es enorme» y por lo tanto «la situación es compleja, es difícil, y la aceptamos y la sentimos».
Naidenoff pidió decir «las cosas como son» y aclaró el motivo por el que su bancada está en desacuerdo con la declaración de emergencia «y es porque siempre fue el paraguas que ha servido para que un solo poder se apropie de facultades de otro poder».
«Esta es una ley de ajuste enorme, con mayor carga tributaria y, además, otro factor es que la variable de ajuste son los jubilados», enfatizó antes de advertir que «este no es el mejor de los caminos. Es una mala señal a la política y a la sociedad» concluyó tras adelantar el voto en contra en general.
Antes de concretarse la votación, el titular de la bancada oficialista, el también formoseño José Mayans (Frente de Todos), consignó que «este programa lo que busca es alcanzar en forma inmediata a más de diez millones de personas».
Mayans recalcó que «ahora estamos en default» y «esto es consecuencia de la fiesta» que se registró en la anterior gestión. Añadió que «lo que hicieron con la deuda es traición a la patria».
«Esto es el inicio de un cambio de rumbo», cerró Mayans a las 3,45 antes de pedir votar la norma en general y particular en una sola votación.
A través del siguiente enlace, acceda al texto de la ley sancionada
SE APROBÓ EL CONSENSO FISCAL 2019
CON EL VOTO AFIRMATIVO DE 63 SENADORES Y SENADORAS, 1 VOTO NEGATIVO Y 1 ABSTENCIÓN, EL SENADO OTORGÓ MEDIA SANCIÓN AL ACUERDO FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, ALBERTO FERNÁNDEZ, GOBERNADORES Y GOBERNADORAS, ASÍ COMO CON EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
El primer orador fue el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos). Señaló que «nuevamente el país tiene una grave emergencia económica y social en la que la pobreza alcanza un 35% y 1 de cada dos niños es pobre». Manifestó su tristeza por el hecho de que «la mitad de los niños que viven en la Patria son pobres», a la vez que destacó que «la voluntad del gobierno es reparar y subsanar esta situación».
El miembro informante del oficialismo subrayó que «en esta Ley de Coparticipación Federal se establece que el 52% de lo recaudado por la Nación va a las provincias». Por este motivo puso el énfasis en que el nuevo Consenso Fiscal procura revertir la «limitación a las autonomías provinciales» que fueron firmados en anteriores ejercicios.
El senador por Corrientes, Néstor Pedro Braillard Pocard (Frente PRO) manifestó su apoyo a la iniciativa, así como la senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, dijo que se abstendría al momento de efectuarse la votación y por ultimo, el voto negativo fue del senador Alfredo de Ángeli (Frente Pro).
A continuación se aceptó la renuncia de la senadora por La Rioja, Inés Brizuela y Doria (UCR) y de inmediato se le tomó juramento a su sucesora María Clara del Valle Vega.
Luego de la incorporación de la senadora Del Valle Vega, se completó el nombramiento de las autoridades del cuerpo con la designación del senador por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (Cambiemos) como vicepresidente. La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado juró como vicepresidenta segunda el Senado y el radical Juan Pedro Tunessi como prosecretario Parlamentario.
De inmediato la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) informó que el presidente de la Nación acababa de resolver ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un proyecto de ley «para terminar con las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y el cuerpo diplomático.
Pasadas las 17, 35 se decidió pasar a cuarto intermedio, por una hora y media, hasta las 19, tal como lo había solicitado el senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR).