DICTAMEN DE MAYORÍA AL PROYECTO QUE CREA EL PROGRAMA “COMPRE SIN IVA”
Se dio en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller (FdT). El proyecto oficial obtuvo 26 firmas. En tanto, desde Juntos por el Cambio firmarán dictamen de minoría.
Al inicio, Heller realizó una breve síntesis de los contenidos del proyecto que “intenta compensar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, remarcó. “La devolución permite segmentar adecuadamente, determinar a qué sector de la sociedad se beneficia y sobre qué tipo de bienes se aplica”, especificó.
Al anticipar que desde Juntos por el Cambio propondrán un dictamen de minoría, Alejandro Cacace (Evolución Radical) coincidió en la necesidad de hacer una devolución de impuestos, pero criticó que el Gobierno disponga medidas que “implican pérdida de recursos e incremento de gastos para el Estado sin acompañarlos de la consecuente compensación de la recaudación o la baja de gastos”.
En ese sentido, consideró “fundamental que haya una restricción sobre la capacidad del tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y de la asistencia del Banco Central”. En tanto, Victoria Morales Gorleri (PRO) expresó preocupación por no estar contemplados en el proyecto oficial los niños, niñas y adolescentes.
En contrapartida, Itaí Hagman (FdT) destacó que proyecto de ley apunta a “saldar una deuda histórica”. “Por primera vez se da una solución efectiva mediante la devolución del IVA con un criterio que tiene un efecto de mayor progresividad o equidad tributaria”, ponderó.
Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos, sostuvo que “tenemos la oportunidad de avanzar en políticas de justicia tributaria, mejorar los ingresos de los trabajadores y reforzar los lazos de solidaridad que tenemos dentro de los propios trabajadores argentinos”.
Previamente, el pasado 28 de septiembre, la comisión de Presupuesto había recibido en una reunión informativa a los funcionarios Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Guillermo Michel, director General de Aduanas; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, quienes fueron los encargados de presentar el proyecto enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa.
La iniciativa apunta a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas humanas contempladas en la medida. Asimismo, uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.
El programa Compre sin Iva es un régimen que reintegra el 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta $18.800 mensuales. El beneficio opera mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras, así como también a través de las tarjetas emitidas en el marco del “Programa Alimentar” y del “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – POTENCIAR TRABAJO”.
Además, comprende las transferencias mediante tarjetas de débito que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI), así como los pagos con débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).
ALQUILERES: PLENARIO AVANZÓ CON EL DEBATE DE LOS CAMBIOS A LA LEY
Desde el oficialismo avalaron la sanción del Senado, mientras que desde Juntos por el Cambio insistieron con la norma que se aprobó en Diputados.
Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados del Frente de Todos Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente. El dictamen de mayoría obtuvo 41 firmas y el de minoría 37.
Al ratificar que insistirán con la sanción originaria de la Cámara de Diputados, desde el PRO, Pablo Tonelli afirmó que lo avalado por el Senado “ya está probado que no ha dado buenos resultados”. Al respecto, aclaró los principales objetivos de la norma que volverán a acompañar. “El plazo mínimo sea de dos años, que los ajustes puedan hacerse a partir de los cuatro meses, con la periodicidad convengan las partes, y que tengan la libertad de elegir entre varios de los índices o fórmulas que hemos propuesta en esa ley”, detalló.
Itaí Hagman (FdT) aseveró que “la discusión de dos contra tres años al único actor interesado de que los contratos sean más cortos son las inmobiliarias, no son los propietarios y muchos menos los inquilinos”. Con respecto a la norma del Senado remarcó que “es una solución superadora”, la cual aseguró que busca “mejorar el actual mecanismo de indexación al hacerlo por el valor más bajo entre inflación y salario, siendo mucho más razonable”.
Desde el mismo bloque, Eduardo Tonioli sostuvo que “lo que hizo el Senado fue restablecer un grado mínimo de racionalidad a esta discusión, tratando de darle respuesta a los inquilinos”.
En tanto, Karina Banfi (UCR) subrayó que “esta es una medida populista”, donde según consideró “ninguna de las dos partes involucradas está conforme con esta ley”. Son medidas electorales para dividir a la oposición”, fustigó, al tiempo que recalcó que “el problema está en la oferta”. “Esto se debe, principalmente, al intervencionismo estatal”, añadió. Y, concluyó acentuando que “nosotros defendemos a la gente, a los trabajadores y a los honestos”.
Por último, Federico Fagioli (FdT) criticó el proyecto que se aprobó en Diputados. “Este proyecto, que pretende que las partes se pongan de acuerdo, en realidad enriquece a un sector, busca que se beneficien los dueños, las inmobiliarias, los sectores que han concentrado la economía en la Argentina”.
El proyecto que aprobó el Senado establece que los contratos, que deberán pagarse en moneda nacional, serán tres años de plazo mínimo legal de locación con ajustes semestrales en lugar de anuales. Además, se aplicará el índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Y habrá incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas.
Cabe recordar, que la norma que aprobó la Cámara de Diputados proponía que el plazo de los alquileres sea de dos años, con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para definir el índice entre las partes.
FUNCIONARIOS, ACADÉMICOS Y ESPECIALISTAS EXPUSIERON EN DIPUTADOS SOBRE PROYECTO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
La norma busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado; y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país. Establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI).
La Comisión de Educación que dirige la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, recibió a académicos, especialistas, y funcionarios para continuar con el debate del proyecto de ley de Financiamiento Educativo.
Al respecto, Analía Cubino ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, expresó que “reedita un debate pero lo viene a fortalecer y a materializar conquistas que hemos tenido en estos años”. El federalismo del proyecto marca una cosa que tiene que ver con que los 570000 alumonos y 8000 docentes de mi provincia son tan importantes como el resto del país”. Además, subrayó el rol del Consejo Federal de Educación en el que se han “tomado decisiones con las 24 provincias por unanimidad” y se refirió a la novedad de los jardines maternales que permiten a las mujeres “afianzar la participación en el mundo del trabajo”.
El ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmaje, manifestó que representa a la “región norte grande del país” por lo que destacó “el carácter federal de la ley”. “La ley tiene un principio de mutua solidaridad entre nación y el rol central de los estados provinciales en el desarrollo de la educación”. “Hay muchas cosas del proyecto que ya se están haciendo como el fomento de los distintos niveles y la jornada extendida, los planes Progresar y Conectar Igualdad, es decir, la ley viene a consolidar y ratificar este rumbo de inversión y acción”, agregó.
En tanto, Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destacó el fortalecimiento del presupuesto y aportó que “la educación superior no solo forma egresados, sino también genera conocimientos para el desarrollo del país; hay que cuantificar la dimensión del financiamiento necesario para apalancar esas grandes posibilidades”. A su vez, puntualizó que en “40 años de democracia donde en 1983 existían 300 mil estudiantes al día de hoy tenemos 2 millones 500 mil estudiantes en todo el país”.
Marcos Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana apoyó el proyecto y se refirió a la dimensión “inclusión”. “En la búsqueda de la igualdad, a través de la educación, la inclusión implica la incorporación pero también abre las posibilidades en una tendencia hacia la equiparación de las posibilidades de la totalidad de la población”, dijo.
La Rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren, expresó que “coincidimos plenamente en que la educación es un derecho fundamental. Celebro esta propuesta de financiamiento educativo porque prevé todos los niveles de manera integral y porque defiendo la educación pública, gratuita y de calidad”.
Mariano Narodowski, académico e investigador consideró que “más allá de la extensión a los 190 días de clases lo que importa es la continuidad pedagógica y llegar a 180 días”. “Esta ley sí supera y es mucho mejor que las anteriores pero todavía tiene muchos problemas”, aseveró. “El enfoque debiera ser plantearse responder a la pregunta ¿Cuánto cuesta la educación de calidad o hacer un presupuesto normativo y cuánto nos cuesta la calidad de la educación?.
Por su parte, María Anastasia Meizoso, delegada cooperadora Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, explicó que “somos familias que tomamos el compromiso ad honorem de luchar por la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas”. “Entendemos a la educación como un derecho humano por eso la defendamos, la elegimos y la cuidamos y estamos en la trinchera todos los días 24×7 con aportes voluntarios de las familias” dijo luego de pedir a los diputados que se pongan de acuerdo con la norma.
Desde Cooperadoras en Movimiento, Pablo Cesaroni, comentó que hay 25 mil cooperadoras en el país “que sabemos muy bien la necesidad del aumento del presupuesto y por eso venimos a apoyar la ley y agregó: “Hay que achicar la desigualdad, tener una mayor inversión por los problemas edilicios, por una educación de mayor calidad y construir muchas escuelas nuevas de niveles iniciales y de orientaciones”.
Participaron, también, Marina Kienast, Libres Para Aprender, legisladora en CABA por Republicanos Unidos; Guillermo Martínez, Instituto Marina Vilte; Héctor De Luca, director de escuela Técnica 5 (Lomas de Zamora); Verónica Alzu, directora Escuela Técnica 8 (Quilmes); Sebastián Etchemendy, Dr. en Ciencia Política, especialista en relaciones laborales (Universidad Torcuato Di Tella); Germán Lodola, secretario de Información y Evaluación Educativa de la Nación; Graciela Morgade, decana, Facultad de Filosofía y Letras (UBA); Javier Curcio, Fundación Alem, entre otros.
CON RESPALDO DE LA CGT, DIPUTADOS RETOMÓ EL DEBATE POR LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
Durante la segunda reunión informativa, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados debatió la reducción de la jornada laboral y escuchó la opinión de representantes gremiales, empresariales y funcionarios.
Al comienzo de la jornada, la titular de la Comisión, Vanesa Siley (Frente de Todos) recordó algunos de los puntos destacados de la reunión anterior, como “la incorporación de la desconexión digital, la necesidad de una aplicación progresiva en el tiempo y la discusión de las diferentes realidades laborales en la Argentina”.
Durante las exposiciones, Héctor Daer, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Secretario General de FATSA, comparó la situación argentina según un informe de la OCDE y dijo que “estamos afuera del mapa” en relación a la reducción de la jornada laboral.
“Pasamos más tiempo en nuestros trabajos que en la cena familiar y no sólo tenemos la jornada laboral, sino que en muchos casos tenemos el viaje de ida y de vuelta”, agregó Daer. “Es fundamental no sólo la reducción de la jornada, sino debatir también la distribución de la jornada. Hay que establecer claramente una jornada mínima y plazos para su adecuación”, dijo.
“Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental hacia la reducción de horas”, reclamó el Secretario General de la CGT, quien hizo un balance de la situación laboral, al afirmar que “tenemos los salarios por el piso y los peores salarios determinados en dólares”.
Por su parte, Mario Paco Manrique, Secretario Gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Secretario Adjunto del SMATA, dijo que “se trata de mejorarle la calidad de vida a las personas: la reducción de la jornada laboral significa darle una mejor calidad integral a la sociedad, a la familia”.
“No son medidas electoralistas, son los momentos que vive Argentina, que necesita dar pasos hacia adelante para poder dar empleo a millones que hoy no tienen la posibilidad”, añadió.
Asimismo, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, pidió “pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo y remunerado y el trabajo reproductivo y el de cuidado de la vida”.
“Las mujeres trabajamos seis horas y media por día en trabajo no remunerado, el 75% del trabajo no remunerado lo hacemos las mujeres. Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral es una clave en relación a cómo interactúa con la corresponsabilidad entre trabajo y familia”, añadió.
Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina, consideró que “no parece adecuado el momento en que se ha decidido avanzar en este complejo tema, el país atraviesa una innegable crisis económica, con casi el 40% de empleo informal”. “No parece que en este difícil escenario se pueda hablar de reducción de jornada y mucho menos, sin las debidas consultas y los análisis técnicos y económicos necesarios”, aseveró.
Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), opinó que “no sería aconsejable dictar este tipo de normas, si bien las intenciones son muy buenas, en estas condiciones actuales en las que se encuentra Argentina”.
Juan Pablo Diab, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), coincidió que “no vemos que sea el momento para discutir esto”. “En la PYME no se habla de ganancia o utilidad, se habla de subsistencia el día de hoy, con lo cual entendemos que no es el momento oportuno de proyectos de este estilo”, afirmó.
De igual modo, expusieron Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires; Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte y miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP); y Héctor Recalde, abogado laboralista, diputado mandato cumplido y consejero de la Magistratura.
También dieron su opinión sobre los proyectos Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR; Marcelo Uribarren, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba; Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino; Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA); Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA).