Un plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación General le dio el visto bueno a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Será tratada hoy a las 15 en el recinto.
En una reunión conjunta, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General le dieron dictamen al proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El texto de mayoría impulsado por el bloque Frente de Todos obtuvo 44 votos a favor y será tratado mañana a las 15 en el recinto de la Cámara baja. La oposición nucleada en Juntos por el Cambio, por su parte, presentó un dictamen de rechazo con 35 votos.
Luego de que distintos ministros del gobierno nacional explicaran los detalles de la norma de Emergencia Pública ante los legisladores, el proyecto fue sometido a debate en el plenario.
El diputado Karim Augusto Alume (Frente de Todos – San Luis) calificó al texto como “el primer paso para enfrentar una crisis que está llevando los costos sociales a niveles que no imaginamos”. “Esto es una urgencia, no podemos esperar seis meses más”, agregó.
“Seguimos viviendo en dos países distintos. Ojalá triunfe el país del desarrollo, de la inclusión social, la soberanía política y la independencia económica”, concluyó.
En tanto, el diputado Luciano Laspina (PRO – Santa Fe) criticó el proyecto del Poder Ejecutivo. “Es un verdadero dilema político y moral. Es un proyecto de ley extremadamente ambicioso en lo institucional y lo fiscal, incluye un montón de aristas que nos hace complicado tratarlo de manera general”, comenzó Laspina.
“Los antecedentes de la emergencia económica en la historia son demasiado extensos y demasiado malos”, añadió. “Estamos delegando facultades en un montón de campos, son nueve emergencias que se establecen”, dijo el diputado del PRO.
“Nosotros, en honor a la representación de nuestro 40%, no podemos votar alegremente una ley que genera una súper-delegación de facultades. No nos pueden pedir que traicionemos a nuestro electorado”, agregó Laspina.
Luego el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA) criticó que “quieran instalar que esto es tierra arrasada y similar a las crisis del 2001 y 2002; tenemos el deber ético y moral de decir que no es así”.
“Pretenden instaurar el estado de excepción, el estado de emergencia. Se nos presenta como un paradigma de gobierno dominante. Es un claro umbral de absolutismo que no estamos dispuestos a acompañar”, agregó Ferraro.
El diputado Paulo Cassinerio (Córdoba Federal – Córdoba) planteó dudas sobre el alcance del articulo 7 sobre la transferencia de EDENOR y EDESUR a la ciudad de Buenos Aires. “Nuestra voluntad es ayudar al gobierno nacional que se encuentra asumiendo en un contexto de profunda crisis económica. Pero no creemos que privilegiar a algunos argentinos por sobre otros sea la solución. Por ello, solicito la quita de ese artículo del texto final”, señaló.
Por su parte, la diputada Carolina Moisés (Frente de Todos – Jujuy) expresó que “no estamos acostumbrados a mentir ni a esconder las decisiones que tomamos, porque lo que vamos a aprobar mañana son propuestas de campaña que hemos hecho en los últimos procesos electorales: frenar la caída de la economía nacional y la pobreza”.
“Estamos planteando un proyecto de gobierno inclusivo, equitativo, razonable y responsable”, explicó Moisés.
Las exposiciones de los ministros
El plenario recibió a los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Salud, Ginés González García; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Los diputados también escucharon las exposiciones del secretario de Hacienda, Raúl Rigo; del secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; y de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En la apertura, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Darío Martínez (Frente de Todos – Neuquén), manifestó que se decidió “eliminar el artículo 85 del proyecto”, en acuerdo con el Ejecutivo.
Dicho artículo facultaba al gobierno nacional “a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
Al comienzo de la reunión, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, trazó un panorama sobre la emergencia social y manifestó que “hay un empobrecimiento generalizado”.
“Todo el esfuerzo presupuestario que hacemos es porque queremos que todos en Argentina podamos comer”, enfatizó el funcionario.
El titular de la cartera de Desarrollo Social también aportó datos que definen el problema social de la Argentina: “Las proyecciones marcan que a fin de año vamos a tener casi 60% de pobreza en los niños y la pobreza general irá al 40% al cerrar año”.
El ministro, además, enfatizó que “hay un problema de hambre y malnutrición en la Argentina” y que hay un incremento de personas que se alimentan en comedores.
Respecto a la implementación de políticas públicas, Arroyo explicó que el proyecto “plantea un conjunto de acciones”, como el Plan Argentina contra el Hambre, con el objetivo de que “todos accedan a la canasta básica de alimentos y todos puedan comer en nuestro país”. Además, explicó el funcionamiento de la Tarjeta de Alimentos para los sectores más vulnerables.
Por otra parte, el titular de la cartera de Desarrollo Social manifestó la necesidad de “avanzar en la creación de empleo”, y en ese sentido, señaló que la segunda medida significativa “es fortalecer la vinculación entre planes sociales y trabajo”.
“Proponemos armar un sistema de crédito no bancarios y microcréditos en pequeña escala”, sostuvo Arroyo, al indicar que “el endeudamiento de las familias con los bancos es muy grande”. “Queremos ir a un esquema de política social federal y de abajo hacia arriba”, aseveró.
A continuación, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, calificó a la situación sanitaria como “crítica”: “Hoy la emergencia es mantener los servicios y los insumos básicos”.
El ministro también hizo hincapié en el costo de los remedios. “Los medicamentos no tienen precio: se los ponen. Y en eso la regulación del Estado es fundamental. Vamos a hacer énfasis en la ley y en un sistema de precios de referencia. Que la cobertura no sea por porcentajes, sino por precios”, describió.
En ese sentido, indicó que el proyecto establece “no agregar nuevas prestaciones al menú obligatorio durante 360 días, salvo que aparezca algo extraordinario”, pero remarcó que “los medicamentos tenemos que garantizarlos”.
En la misma línea que Arroyo, Ginés expresó: “Nosotros vamos a hacer política federal con todas las provincias”. Y concluyó: “La salud debe ser la causa de que la Argentina esté mejor”.
A continuación, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideró que “la emergencia no es un recurso literario, sino que estamos en una situación real y todos los indicadores son malos”.
Al respecto, el titular de la cartera de Trabajo sostuvo que “ya no hay sólo pobres en sectores marginales o fuera de la sociedad, sino que la situación ha llegado a trabajadores formales y beneficiarios del sistema previsional».
Además, Moroni explicó que, en el caso de los beneficiarios previsionales, “en diciembre y enero aquellos que perciben un solo haber mínimo van a recibir un bono adicional de 5 mil pesos cada mes”.
Asimismo, subrayó que “nadie va a congelar jubilaciones” y, al respecto, expresó: “Discutiremos luego en esta comisión cómo seguimos hacia adelante. Es decir, si seguimos como estamos o si tenemos que establecer algún mecanismo de reparación si cometimos un error”.
Posteriormente, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manifestó que con este proyecto “buscamos detener la caída y recuperar la actividad económica y el empleo”.
Además, el ministro explicó “la reducción de aportes patronales para favorecer a industrias y pymes que estén alejadas de los grandes centros urbanos”.
Kulfas, en tanto, planteó una revisión de las tarifas de los servicios públicos que “han crecido de manera exorbitante en los últimos tiempos”. Por eso, señaló que se busca un “adecuado equilibrio entre las inversiones que el sistema energético necesita y el gasto de los hogares y las empresas”. “Esta medida es muy importante para la reactivación económica del país”, destacó.
Al respecto, el titular de la cartera de Producción se refirió a la intervención de los entes reguladores (ENRE y ENARGAS) por el lapso de un año, de manera tal de “defender a los usuarios”.
Kulfas definió al proyecto de ley como “un marco conceptual general para encender la economía con un criterio de solidaridad”. «Esta ley estabiliza la macroeconomía porque es imposible crecer con una macroeconomía inestable, con empresas sin financiamiento por la tasa de interés por las nubes”, explicó.
Luego, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, realizó una exposición sobre el plan de regularización de deudas impositivas de pequeñas y medianas empresas.
“Le estamos dando tiempo a las pymes para recuperar su capacidad de pago. Se le dan seis meses para el pago de la primera cuota”, afirmó Marcó del Pont, que también calificó al plan como un “alivio” para las empresas alcanzadas.
El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, relató que “nos encontramos con unas finanzas públicas en situación de extrema debilidad”. “El Tesoro está en una situación de enorme exposición, los mercados se han cerrado y las fuentes de financiamiento son prácticamente inexistentes”, añadió.
Por último, el secretario de Políticas Tributarias, Roberto Arias, también dio detalles técnicos sobre la normativa impulsada por el gobierno nacional. “El único camino que tenemos es recuperar la recaudación tributaria”, argumentó Arias.