Con nulas chances de prosperar pero envalentonado con el avance de sus pares en el Senado, el Bloque del Frente para la Victoria elevó a la Presidencia de la Cámara el siguiente pedido de sesión especial:
«De nuestra consideración:
Los abajo firmantes, diputados de la Nación, nos dirigimos a Usted a fin de solicitarle que proceda a convocar a Sesión Especial para el día 16 de agosto de 2017 a las 10:30 horas para el tratamiento de la:
Orden del Día 493 del ario 2016 que contiene el despacho de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo — Ley 26.122 donde el dictamen de mayoría rechaza por inválido el decreto de necesidad y urgencia 797/2016.
Si bien no es de estilo fundar la citación pues obligación de la Presidencia convocarla, hemos decidido agregar breves fundamentos:
1. Es obligación legal y constitucional que el Congreso se expida sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia (cf. art. 99 inc. 3 C.N., ley 26.122) por lo que, habiéndose expedido la Comisión Bicameral (cf. despacho en la Orden del Día 493/2016) debió Usted convocar al Plenario para el tratamiento a fin de dar cumplimiento al art. 21 de la ley 26.122 (Dice el art. 21: «Elevado por la Comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento».
2. Ese DNU asignó fondos por 3 mil millones de dólares fuera del marco legal a Odebrecht y otra empresa del Grupo Macri.
3. Odebrechet está fuertemente vinculada al grupo del Presidente Macri: baste como ejemplo la intervención de un banco off shore controlado por Odebrecht adquiriendo por 400 millones de dólares un crédito de la CFI y el BID verificado en el concurso de «Correo Argentino S.A.» (empresa del Grupo Macri) para luego aceptar su cancelación por una cifra insignificante, lo que hace presumir un negocio ilegítimo con los controlantes de la concursada o una operación de lavado de dinero.
4. La vinculación entre el Grupo Macri y Odebrecht es manifiesta, y eso hace que la emisión del decreto 797/2016 sea escandalosa.
5. Disfrazado entre otras modificaciones presupuestarias, el Presidente asignó allí a la empresa IECSA -de su grupo económico- y a Odebrecht financiamiento estatal por 3 mil millones de dólares. De ese modo, en lo formal, modificó, varios años después de la adjudicación, el pliego de condiciones particulares de una licitación pública, relevando a los contratistas de su obligación de aportar el financiamiento.
6. La decisión del Presidente Macri es ilegal e inconstitucional en cualquier contexto. El monto de la asignación presupuestaria y los beneficiarios lo transforma en un hecho político de enorme relevancia.
7. La cifra es altísima. Además, no hay ni siquiera estudios de por qué se aumenta el presupuesto. Mucho menos de los motivos por los cuales se releva al contratista de una obligación esencial: obtener el financiamiento.
8. Es un debate constitucional que debemos realizar. Y el debate político que la sociedad espera. La Cámara de Diputados no se expide en abstracto. Lo hace sobre cuestiones concretas.
9. Este decreto nos exige discutir sobre el negocio de Odebrecht en el
Soterramiento del Sarmiento. Su asociación con IECSA, empresa del Grupo Macri, ahora probablemente en manos de un testaferro. Y sobre las prioridades de este Congreso para asignar recursos: la función presupuestaria.
10. Queremos discutir si los 3 mil millones de dólares van a Educación, Salud y Desarrollo o van a una obra pública a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires por la empresa del Grupo Económico del Presidente y Odebrecht; o por las empresas que compraron las acciones de la primera y los derechos a la obra de la segunda, manifiestamente abultados por el decreto de Macri que debemos discutir. En la sesión se deberá analizar esos contratos.
11. Sería prudente la presencia de los ministros involucrados y del Jefe de Gabinete para dar explicaciones.
12. El Soterramiento es necesario. Está votado por ley y adjudicado. Pero el dinero lo tienen que poner los contratistas. Es su obligación. El Estado luego pagará contra la obra.
13. Estamos convencidos de que hay otras prioridades. Por ejemplo, que la Nación debe intervenir en la Educación. No creemos como el Cambiemos que la Educación es un problema de las provincias. Que no es tema del Gobierno Federal si hay o no clases. La Educación es un programa nacional. Discutamos entonces si allí deben destinarse los recursos que el presidente Macri quiere darle a la empresa de su Grupo y a la corrupta Odebrecht.
14. Convoque a la Cámara y que cada legislador se haga cargo de qué vota y a donde asigna los recursos públicos. (nota: éste no sería un fundamento, pero en el apuro por presentar el pedido no habrán tenido tiempo de releerlo)
El decreto 797/2016 es otro negocio espurio que prioriza los intereses del Grupo Económico del Presidente y no los intereses de la Nación.» Concluye señalando la misiva firmada por Recalde, Cabandié, Conti, Depetri, Teresa García, Manzure, Cleri y otros.