EL OFICIALISMO MODIFICÓ EL DICTAMEN ACEPTANDO UNA PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN REFERIDA A LA DENOMINADA CLÁUSULA RUFFO. ANTES DE ESTO, POR 40 VOTOS CONTRA 30, EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO.
Al comienzo de la sesión se puso en consideración el proyecto que regula el teletrabajo que había sido aprobado por amplía mayoría en la Cámara de Diputados.
El senador nacional por La Pampa, Daniel Lovera (Frente de Todos), fue el miembro informante del proyecto de la mayoría. Señaló que fue la pandemia la que llevó a converger en una regulación que tuvo en cuenta a más de 30 iniciativas presentadas. «Esta ley no busca promover el teletrabajo. Regula una actividad a la que debemos darle protección. Algunos creen que el teletrabajo sólo aplica a la mano de obra especializada y que no se necesitan regulaciones. No estamos de acuerdo ya que creemos que todos los trabajadores tienen que tener regulados sus derechos», dijo.
Lovera destacó que «hay sectores a los que les han impuesto el teletrabajo, que están pagando su computadora, que están pagando su provisión de internet y que tienen que recurrir a la mesa familiar en la que se almuerza para poder teletrabajar. Esos sectores no son contemplados en las encuestas, no son los que piden teletrabajar más».
Afirmó que «sin regulación las empresas quieren ganar más» y señaló que en muchas ocasiones es a costa de los trabajadores y que «estamos hablando de dos partes que se encuentran en desigualdad de condiciones». También subrayó que su bancada no aceptaba cambios «porque no estamos de acuerdo en las modificaciones que nos alcanzaron. La ley que estamos por aprobar es un texto acordado por muchos bloques en la cámara de Diputados y por la participación de muchos sectores. El texto que vamos a aprobar amplía derechos. Preserva el trabajo y la salud de quienes realizan el teletrabajo».
Lovera concluyó que «la ley consagra el derecho a la desconexión digital. La ley dice que las empresas que propicien el teletrabajo deberán proveer los equipos y la conectividad para que los trabajadores realicen sus tareas y que de no ser así se compense al trabajador que realice esos pagos».
La senadora por Buenos Aires, Gladys González (Juntos por el Cambio, fue la informante del proyecto de minoría presentado por la oposición. González dijo que el dictamen de mayoría «es un obstáculo para generar trabajo, atrasa». La senadora por Buenos Aires afirmó que «una encuesta de Isonomía destacó que el 89% de las personas encuestadas quisieran más oportunidades de teletrabajo. 9 de cada 10 trabajaría mediante el formato de teletrabajo para empresas radicadas en otra provincia, lo que aumentaría el federalismo. El 69% de los encuestados considera que el teletrabajo lo ayudaría a tener mejor calidad de vida» Dijo que los encuestados «no quieren perder dos o tres horas diarias en transporte hacia su lugar de trabajo». Criticó la iniciativa mayoritaria diciendo que «vamos a perder empleo en favor de países que tienen legislaciones modernas. No como ésta que atrasa».
En cuanto al tratamiento del proyecto destacó que «el Senado renunció a su condición de cámara revisora ya que no se acepta ningún cambio porque no hubo voluntad. Y no había apuro para sancionar esta ley ya que correrá 90 días después de superada la pandemia».
En los discursos de cierre del debate sobre el teletrabajo hablaron los senadores por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mariano Recalde(Frente de Todos).
En nombre del bloque opositor, Naidenoff señaló que el dictamen mayoritario «mostraba la peor cara de la Argentina: no adaptarse a los tiempos y dificultar la creación de trabajo». Recordó que «en Brasil los primeros pasos del trabajo a distancia se comenzó a legislar en 1997; en Colombia en 2008 y que en toda la Unión Europea se legisla sobre el teletrabajo desde el 2002». Criticó la propuesta oficialista diciendo que «bajo el discurso de proteger el trabajo se esconde una propuesta claramente corporativa». Sostuvo que en el debate hubo «una clara falta de sentido común ya que ante la definición del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, receptiva a aceptar cambios, el oficialismo respondió: avancemos».
Recalde inició su exposición recordando «que el teletrabajo no es una novedad en la República Argentina, existe hace mucho tiempo y que viene siendo discutido desde el 2002 cuando se presentó el primer proyecto». Destacó que la iniciativa vino «de Diputados con un amplio consenso y en merced a ese consenso merecía ser tratado sin modificaciones». Definió al proyecto como «una muy buena ley» y que «como suele ser cada vez que se trata una ley laboral en la Argentina se escuchan predicciones apocalípticas». Recalde consideró que «hay un brecha digital muy grande y que eso es un obstáculo para el teletrabajo».
El miembro informante por la mayoría, destacó que «un débil vínculo del trabajador con la actividad sindical puede ser un obstáculo para hacer cumplir los derechos laborales». En cuanto al derecho a la desconexión sostuvo que «no se trata de un nuevo derecho sino de una garantía para el trabajador». Consideró como «muy sano que se impida al empleador conectarse con el trabajador fuera del horario laboral y su límite horario» ya que el descanso hace «a la salud y a la dignidad». Sobre el derecho del trabajador a revertir la modalidad del teletrabajo «es un gran avance».
Deuda bajo ley local
El miembro informante de este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo fue el senador por Córdoba, Carlos Caserio (Frente de Todos). El senador destacó que su bloque está convencido de que «la única forma de pagar esta deuda es creciendo económicamente». Afirmó que se estaba hablando «del 34% del total de la deuda. Que otro 30% de la deuda se encuentra en dólares bajo jurisdicción extranjera y que otro 30% de la deuda estaba en pesos con organismos internacionales».
Caserio subrayó que al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la deuda externa representaba «el 52,6% del Producto Bruto Interno mientras que a diciembre de 2019, fin del mandato del gobierno anterior, la deuda llegaba al 90% del PBI». Dijo que «el gobierno anterior no sólo duplicó el volumen de la deuda sino que también acortó los plazos de los vencimientos».
En el discurso de cierre, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) adelantó, tal como lo había enunciado antes de su intervención, el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Losteau (JxC), que su bancada «iba a acompañar» la iniciativa. Dijo que este tema «trasciende a un gobierno» y que ésto no implica no advertir «la demora del gobierno en estos siete meses para resolver el tema». Consideró que «dar previsibilidad es muy importante para despejar dudas sobre la renegociación de la deuda». Criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, «por no estar presente en ninguna de las reuniones que, para analizar el tema, se realizaron en la Comisión de Economía».
Naidenoff criticó al gobierno nacional por la dilación «en resolver el tema de la deuda» y que «desde la pandemia a hoy el déficit se cubrió con emisión monetaria». Así fue que señaló que «el Banco Central cedió al Tesoro 1.115 billones de pesos. Lo que representa el 78% del dinero circulante en manos del público. Ese circulante se disimula con letras. Por eso dicen que el circulante aumentó en un 37 por ciento».
El jefe de la bancada oficialista, senador por Formosa, José Mayans (FdT) afirmó que en la materia de la deuda, «es imprescindible que se informe del momento que estamos pasando». Así fue que subrayó que «el gobierno asumió prácticamente en default y con una gran injusticia social». Mayans destacó que «se está hablando de un monto de 100 mil millones de dólares» y que «la gestión económica está promoviendo un ahorro, en la negociación de la deuda externa, de unos 40 mil millones de dólares». Recordó que a 2015, «el PBI llegó a unos 620 mil millones de dólares».
Mayans señaló que cuando asumió el nuevo gobierno «la relación deuda-PBI está en una relación cercana al 90 %. Algo insostenible». Dijo que con las Letras «Lebac, el gobierno anterior duplicó la base monetaria» y que luego de ello «los resultados están a la vista. Millones de argentinos en pobreza extrema».
Resumen de los proyectos aprobados en la sesión.
TELETRABAJO
El proyecto considera el teletrabajo una modalidad laboral: las tareas se realizan en forma parcial o total en el domicilio o en lugares distintos al establecimiento de la empresa. La iniciativa modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.
Establece presupuestos mínimos que deben cumplir trabajadores y empleadores y deriva aspectos puntales a los convenios colectivos.
Asimismo se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.
Según la iniciativa, el trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.
El proyecto contempla el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso; y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad.
De acuerdo al proyecto, el empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica.
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA LOCAL
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, habilita al Gobierno a reestructurar los bonos de deuda emitidos bajo legislación argentina.
Según la iniciativa, los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.
El proyecto destaca que la capacidad de repago de Argentina «está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera».
«De igual modo el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones deuda-producto se estabilice, garantizando la sostenibilidad».