CONVOCADOS POR LA COMISIÓN DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN, CINCO EXPOSITORES ENTREGARON SUS OPINIONES Y PUNTOS DE VISTA SOBRE EL TEMA.
El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, senador por Chubut, Alfredo Luenzo, (FdT) moderó el debate sobre la libertad de expresión y adelantó que en esta ocasión se trataba de las primeras de las sesiones que se llevarán adelante para analizar la cuestión.
Luego de preguntarse cuál es el límite de la libertad de expresión, el senador Luenzo afirmó que «los medios digitales han contaminado este debate». Paso seguido dio la palabra al primero de las cuatro oradores que expusieron.
Agustín Lecchi, en nombre del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, inició su presentación diciendo que el debate tiene «el contexto de la pandemia y que en él se presenta la libertad de expresión». Sostuvo que «en los últimos 4 años se perdieron 4500 puestos de trabajo; cerraron 55 medios de prensa escrita y 44 de medios radiales y televisivos en todo el país». También puntualizó que «los salarios se redujeron en un 50 por ciento».
Consideró importante «discutir la renta que genera el trabajo periodístico». Destacó que «las grandes plataformas de internet, en muchos casos, viven del trabajo periodístico y los periodistas no reciben ninguna compensación por ello». Cuestionó que pese al decreto que impide los despidos en el contexto de la pandemia, «hubo despidos en la Editorial Atlántida que edita Billiken y en Publiexpress que edita la revista Pronto», aunque aclaró que «no se trata de despidos formales».
La directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Larisa Kejval, inició su presentación señalando que en «una mirada liberal clásica el término libertad de expresión es una coraza para impedir la intervención del Estado». Sostuvo que en un segundo enfoque, la libertad de expresión es un derecho social. En ese punto dijo que «las regulaciones deberían garantizar la pluralidad y la diversidad».
Señaló que «un Estado activo debe poner límites a la concentración de las comunicaciones». Afirmó que 4 conglomerados concentran el 74 % de los medios y el 50 por ciento de las audiencias».
Reclamó una legislación que «garantice una democrática y federal distribución de la publicidad oficial», así como una plan nacional que «garantice la conectividad y acceso a internet». La directora de la carrera de Comunicación de la UBA consideró necesario el impulso de una ley que «garantice la equidad en la representación de género en los medios».
Luego de esta intervención, y de solicitarle a la expositora que acerque sus puntos de vista a la comisión, Luenzo respondió que «muchos de los temas a los que hizo referencia Kejval, ya están en la agenda legislativa de la comisión».
Posteriormente habló Silvia Naishtat de la Academia Nacional de Periodismo. Mencionó que la Academia busca «propiciar el debate sobre este punto (libertad de expresión) y sobre otros tantos» ya que «admitió que los periodistas estamos sometidos a muchas presiones».
El titular del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Fernando Ruiz, explicó que «lo esencial de su agrupación es defender a los periodistas sin distinción de cualquier identidad política o editorial». Subrayó: «a veces se usan voces muy agraviantes contra el periodismo y desde actores políticos importantes se repiten discursos de odio. Voces importantes acusan a periodistas de intimidadores, de ser torturadores y miembros de una asociación ilícita para espiar». Citó los casos de la intimidación contra el periodista de Entre Ríos Daniel Enz y el editor de Río Negro, Italo Pisani, que están sufriendo un ataque público contra ellos. Dijo que ese ataque es porque ambos periodistas «investigan y denuncian la corrupción». Resaltó que a criterio de FOPEA «los periodistas son ciudadanos normales que en democracia pueden ser criticados como cualquier otra persona». También pidió por «la diversidad de voces en los medios públicos oficiales».
Resaltó que «acusar e intimidar a los periodistas es un argumento para limitar la libertad de expresión». Al margen de esto señaló que FOPEA «está revisando su código de ética y revisando autocríticamente el actual momento de la profesión».
La Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort Colombi, destacó que «la libertad de expresión hace mucho que dejó de ser el derecho del individuo para impedir que el Estado lo calle, para ser un derecho social». En este sentido subrayó que «no es atendible que un Estado censure. Como tampoco es atendible que por el manejo de los medios se intente moldear desde un solo sector la opinión del público». Defendió el acceso a la conectividad como «un derecho humano» y dijo que «la concentración de las carreteras por las que circula internet es dramática». En ese punto consideró que «el tema de las redes de comunicación necesita una regulación específica».
Recordó que para obtener el turno para gestionar el documento nacional de identidad es necesario hacerlo por internet y que en muchos casos quienes no tienen acceso a ella y para lograrlo deben concurrir a un locutorio, tienen que pagar por lo menos un café. Resaltó que es prioritario «garantizar el acceso a las redes y que eso permita garantizar derechos».
Al referirse la libertad de expresión y al trabajo periodístico, Peñafort Colombi afirmó que «los medios no son jueces, no son fiscales, ni abogados defensores. Lo que no pueden es no honrar la verdad». Sostuvo que «todos tenemos derecho al honor» y que en ese sentido el conflicto se presenta «entre el derecho a la información versus las conductas tendenciosas».
«La libertad de expresión es un derecho sistémico de la democracia ya que no hay democracia sin libertad de expresión», a la vez que opinó que «es imposible ejercer la libertad de expresión sin la tolerancia». Concluyó que «hasta que no tengamos tolerancia y comprensión no habrá libertad de expresión».