EN GENERAL, LA INICIATIVA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD. EN PARTICULAR LA OPOSICIÓN CUESTIONÓ 3 ARTÍCULOS.
El senador por La Pampa, Daniel Lovera (FdT) fue el miembro informante del proyecto. Destacó que la iniciativa busca «reestablecer la competencias originales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuando fue creado». Señaló que «de continuar por el actual camino, los recursos del Fondo se extinguirán en unos 7 años».
En su presentación afirmó que «en la actualidad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tiene recursos por unos 46 mil millones de dólares». En el análisis del sistema previsional subrayó que «la población activa que va de los 18 a los 65 años comprende a unas 28 millones de personas y que de ese total sólo el 9 por ciento tiene trabajo en relación de dependencia».
Lovera señaló que «la situación deficitaria del sistema previsional nos interpela a todos. Tenemos que lograr una mejor cobertura y en ese sentido este proyecto es un paso necesario «. Concluyó que «no hay fortaleza de ningún sistema si éste no tiende al sostenimiento. Argentina necesita iniciar un debate para lograr una reforma seria del sistema previsional. Un sistema que debe ser sustentable. Proponer un régimen de movilidad de los haberes jubilatorios de acuerdo a un principio de solidaridad y distribución. Sostener todas las jubilaciones, pero especialmente a quienes menos ganan».
Entre otros objetivos, el proyecto dispone que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por intermedio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina en general.
Lovera reivindicó el carácter federal del proyecto. Dijo que «permite renegociar deudas existentes entre el Estado Nacional y las provincias».
En los discursos de cierre, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) afirmó que «el sistema previsional argentino comenzó con tres trabajadores activos por uno pasivo. En 1966 esa ecuación fue de 1 a 1. A partir de allí comenzó la política de la sábana corta».
Destacó que a medida que el sistema no fue sustentable «se comenzó a financiar con aportes del Tesoro». Precisó que «en distintas instancias los fondos jubilatorios se usaron para cuestiones como el Plan Procrear».
Naidenoff subrayó que «estamos hablando de un sector (los jubilados) no tienen revancha a la altura de su vida». Criticó al oficialismo por afirmar «que el derrumbe del sistema se inició con la reparación histórica» impulsada por el anterior gobierno. Dijo que «con los fallos de la Corte Suprema de la Nación la situación se volvió muy grave».
Afirmó que «si el Estado apela a un criterio igualitario, tiene que definir cómo se compensa el déficit». Dijo que «para que un sistema previsional sea sustentable se necesitan más aportantes que beneficiarios».
El titular del bloque oficialista, senador por Formosa, José Luis Mayans (FdT), sostuvo que «el gobierno anterior recibió el FGS con fondos por 65 mil millones de dólares, después de la devaluación del ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay bajó a 51 mil millones de dólares y al final del mandato el FGS quedó con unos 35 mil millones de dólares. Entre el inicio del gobierno anterior y el final se perdieron 30 mil millones de dólares».
Subrayó que «las políticas económicas del gobierno anterior finalizaron en un gran desastre». Consideró que las consecuencias de esas políticas constituyen «un escenario peor que el del año 2001».
Mayans destacó que «en la actual pandemia hay que tomar medidas económicas» y que «al tomar decisiones como la de declarar servicio público las TIP o al congelar las tarifas de servicios públicos, el Presidente Alberto Fernández no comienza a gustarle a los sectores del poder económico».
En general el proyecto fue aprobado por unanimidad. En particular la oposición objetó 3 artículos.