CON LA AUSENCIA DE LA OPOSICIÓN, QUE SE RETIRÓ AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN, EL CUERPO APROBÓ LA INICIATIVA ENVIADA POR EL EJECUTIVO. TAMBIÉN MODIFICÓ LA DENOMINADA LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO QUE CONTABA CON MEDIA SANCIÓN Y QUE AHORA DEBE REGRESAR A DIPUTADOS.
La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun ( FdT) fue la miembro informante del Convenio de Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La legisladora cuestionó un decreto del gobierno anterior que «llevó el coeficiente de coparticipación del 1.40 al 3.75». Sostuvo que «esa triplicación carece de cualquier tipo de informe técnico, económico y fiscal. Estos decretos, por tanto, violentan lo que dice la Constitución Nacional ya que contravienen lo que dice el artículo 28 que habla de la racionalidad de los actos de gobierno».
Sacnun puntualizó que «el proyecto no es contra los porteños» y que no está alentado ni «por el odio, ni el revanchismo», a la vez que subrayó que «el gobierno nacional respetará el coeficiente del 1.40 de coparticipación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Concluyó su presentación diciendo que «con la derogación del fondo federal sojero nos sacaron a las provincias el 30 por ciento de la coparticipación. Eso se hizo por decreto del Presidente Macri y lo fundamentó en una situación de emergencia».
Por la oposición, el miembro informante fue el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau (Juntos por el Cambio). El parlamentario cuestionó la iniciativa subrayando que no cumple con el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional ya «que toda transferencia es con los recursos correspondientes y esto ya lo sufrieron las provincias durante el menemismo».
Dijo que «se menta la solidaridad y la opulencia y lo que no ven es que la riqueza que a ustedes les molesta es del sector privado». El legislador aseguró que «la Ciudad de Buenos recauda 3 de cada 4 pesos que gasta». Acompañó un gráfico del gasto público en el que señaló que «la provincia de Neuquén gasta el doble por habitante que la Ciudad Autónoma y que Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Formosa y Catamarca gastan más por habitante que la Ciudad de Buenos Aires». El senador dijo que «los recursos que se le piensan sacar a la Ciudad de Buenos Aires equivalen al costo de un año de recolección de los residuos, al presupuesto de un año de los salarios del personal de salud, al presupuesto de un año de la policía, al presupuesto de 11 meses del personal docente». También cuestionó el momento en el que se decidió la medida al destacar que «con la pandemia la Ciudad tuvo una caída equivalente al 20% de su presupuesto y ahora le suman una caída equivalente a un 50% más». Abogó por la coparticipación del denominado «Impuesto País, ya que de haber sido así, la Provincia de Buenos Aires hubiera recibido más recursos de los que finalmente le dieron».
Los cierres del debate estuvieron a cargo de los jefes de bancada.
Por la oposición, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio), «se preguntó por qué los temas que debe definir la política terminan en los despachos judiciales». En su respuesta aseguró que eso sucede «por la ruptura de las reglas de juego democrático». En ese punto dijo que «el oficialismo considera que ganar una elección los habilita al vale todo, a someter a las minorías». Consideró que «no hay voluntad de llegar a acuerdos políticos y que la mayoría pretende imponer sus puntos de vista».
El senador finalizó su presentación diciendo que «nuevamente en la Argentina vuelan por el aire las certezas» y que «en el medio de la agenda revanchista del gobierno, está la sociedad y las persianas están bajas, los contagiados aumentan y todo el mundo ya tocó fondo».
El titular de la bancada oficialista, senador por Formosa, José Mayans, inició su discurso de cierre «esperando la recuperación del presidente estadounidense Donald Trump», infectado por coronavirus. Se refirió a la construcción «macrocefálica» de la economía argentina y abogó por «alcanzar una distribución justa» de los recursos. Cuestionó a los senadores que «defendieron el centralismo porteño». En ese punto criticó la derogación del fondo de soja diciendo que «Macri le sacó recursos a las provincias y a los municipios».
Sostuvo que «si queremos construir un país más justo» hay que revertir estos manejos. Entre ellos mencionó el aumento de los recursos que, por decreto, el gobierno anterior le giró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aseguró que «el gobierno de Macri dejó a la Argentina en default» y resaltó que la iniciativa oficial «está corrigiendo algo que es sumamente injusto».
Al igual que cuando se procedió a votar el protocolo de funcionamiento del Senado, la oposición se desconectó de la sesión. Finalmente la iniciativa se aprobó por la unanimidad de los senadores presentes.
Economía del conocimiento
El senador por Chubut, Alfredo Luenzo (Frente de Todos) fue el miembro informante del dictamen de mayoría sobre el proyecto conocido como Economía del Conocimiento, que llegó al cuerpo en revisión de la Cámara de Diputados. Sostuvo que «las modificaciones apuntan a fortalecer el sistema federal y a distribuir los recursos fiscales con un carácter más equitativo». Dijo que, entre las modificaciones que tuvo el proyecto, «se podrán usar el 70 por ciento de los aportes patronales como bono para pagar impuestos nacionales, salvo el Impuesto a las Ganancias».
Reiteró que el proyecto busca «favorecer a los que están en el fondo de la tabla» en un momento en el que la economía mundial está en serios problemas por la pandemia. También resaltó que se modifica «el sistema de control, revisando el crecimiento al que están obligadas las empresas» contempladas en el sistema. Afirmó que «por cada dólar de costo fiscal que el Estado Nacional perdona a las empresas, espera recaudar 33 dólares por exportación».
En el cierre del debate, el senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio), sostuvo que «se necesita confianza en la Argentina porque esta ley busca construir empleo». Subrayó que «los cambios limitan la ley. En principio por el tamaño de la empresa». Dijo que «la limitación a las exportaciones no se entiende, que la limitación que se le pone a las exportadoras en el uso del bono fiscal, no se entiende». Destacó que es necesario «medidas que sean permanentes y no temporales como las que se aprobaron ayer para las exportaciones de soja». Resaltó sus diferencias con las modificaciones del dictamen y se mostró partidario de aprobar el dictamen que contaba con el apoyo de la Cámara de Diputados. Señaló que su bancada «no entiende la incorporación en el proyecto de las obligaciones gremiales» y se preguntó si «se trataba de una traba más».
La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, (Frente de Todos), reivindicó «el trabajo del Poder Ejecutivo Nacional y del Frente de Todos por lograr una mejor ley que la que vino de la Cámara de Diputados». Destacó que «en Mendoza hay un gran desarrollo de la Economía del Conocimiento y que la tecnología se ha convertido en un dínamo en la economía mundial». Admitió que «no es lo mismo el desarrollo que ha tenido la industria del conocimiento antes de la pandemia que posteriormente», por esa razón reivindicó como un mérito «haber parado la pelota, para defender a quienes generan empleo, las pymes y las micropymes».
La legisladora sostuvo que «generamos una ley previsible en los próximos 10 años, ya que tenemos un proyecto de país». Dijo que «el Estado nacional va a invertir 18 mil pesos anuales» para que se desarrolle el sector. Destacó que «el objetivo de la ley es generar empleo».
Protocolo de sesiones remotas
La sesión se inició con la presencia de 64 senadores. En primer término se puso en consideración el decreto de la Presidencia del Senado por el que se prorrogan las sesiones remotas en tanto persista la pandemia del Covid-19. El protocolo de funcionamiento fue aprobado con la ausencia de la oposición que se desconectó de la sesión en el momento de la votación.
Dijo también que «la finalidad de la norma es hacer operativos los derechos constitucionales del cuerpo y garantizar por tanto los derechos de la ciudadanía». Subrayó que «estamos adaptándonos para trabajar».
El titular del bloque opositor, senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) resaltó que de acuerdo al DNU que estableció el Aislamiento Social y Preventivo (ASPO) «no existe ningún senador nacional limitado en ejercer sus funciones». Paso seguido le preguntó a sus colegas del cuerpo «se tomaron el tiempo de leer el decreto que se somete a votación. Dice que los bloques de mayoría y de minoría pueden sumar dos miembros de manera presencial. Y habla de emitir la autorización a la Secretaría Parlamentaria para ejercer el derecho de sentarse en la banca».
«Muchos ni siquiera se dan cuenta del rol que se ejerce en esta casa. A qué extremo hemos llegado que no se puede acordar nada. A pocos metros, en la Cámara de Diputados, se logró acordar y vienen de manera presencial, salvo los que no pueden. No vamos a aceptar con nuestra presencia en la votación el precedente de pedir permiso al Secretario Parlamentario para estar presentes en la sesión», dijo.
El jefe de la bancada mayoritaria, senador por Formosa, José Mayans (Frente de Todos) dijo que jurídicamente el protocolo «es constitucional» y que políticamente «se ha sesionado en 18 ocasiones. El doble de las sesiones realizadas el año anterior. Rechazó las críticas de la oposición diciendo que «su argumento era político» y que conllevaba «la estrategia de atacar todas las medidas que el gobierno nacional viene tomando».