Cimadevilla dijo que Macri quería que la Unidad AMIA fuera una «unidad de encubrimiento».
El exsenador y exmiembro del Consejo de la Magistratura hizo estas afirmaciones al exponer en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso de enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la jornada, declararon como testigos Mario Cimadevilla, senador nacional mandato cumplido (2009-2015) y ex integrante del Consejo de la Magistratura (2010-2014); Sergio Napoli, de la secretaría Judicial N° 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Gustavo Naveira, de la secretaría N° 7 Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El exsenador radical Mario Cimadevilla afirmó que «los jueces han tenido y tienen una actitud gremial» y buscan defender «sus privilegios» y denunció que el Gobierno de Mauricio Macri «pretendía que funcionara como una unidad de encubrimiento» la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA que él presidió, para «encubrir a algunos amigos de ellos imputados en la causa».
También aseguró que en el Consejo de la Magistratura, entre 2008 y 2009, «se eliminó todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario» de ese organismo.
El extitular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA brindó su testimonio ante la comisión a propuesta de la Coalición Cívica (CC), que tiene un pedido de enjuiciamiento contra el juez Ricardo Lorenzetti y muchas de las preguntas fueron realizadas por la diputada Paula Oliveto.
Cimadevilla apuntó al expresidente Macri y al exministro de Justicia Germán Garavano: dijo que «querían encubrir a algunos amigos de ellos que estaban imputados en la causa» y que presionaron a la fiscal Mariana Stilman, hoy diputada nacional de la CC.
Elisa Carrió, líder de la CC, expresó su «reconocimiento» a Stilman «por su extraordinaria participación y entereza como querellante en la causa AMIA» y su «más enérgico repudio al exministro Garavano, que acosó moral y funcionalmente a la hoy diputada nacional» para que «no acusara a algunos imputados amigos de todo el poder».
«Esto motivó nuestro pedido de juicio político y denuncia penal cuando éramos gobierno. Cimadevilla tiene la razón histórica de lo que sucedió», dijo Carrió.
Cimadevilla señaló: «A mi juicio, hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento. Además muchas veces no defienden el buen funcionamiento de la Justicia, sino sus privilegios».
«No se olviden que pasamos de un control estrictamente político a un control corporativo de los jueces, es decir, hoy las corporaciones tienen más poder que el poder político», agregó.
Cimadevilla dijo que en el Poder Judicial «conviven dos administraciones, la de la Corte, a través de la Secretaría General de Administración, que limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal, y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo, que se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la Capital Federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país».
Señaló que «durante la vigencia del Consejo grande con la primera ley, se generaron antecedentes presupuestarios que determinaron la forma en que se iban a distribuir los recursos del Poder Judicial».
Agregó que «en el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento», a su juicio, «del control de la utilización de los recursos».
También cuestionó en duros términos al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Justicia Germán Garavano, al detallar los motivos que originaron su renuncia al cargo de la Secretaría de la causa AMIA.
Cimavedilla señaló que eran parte querellante donde se investigaba el encubrimiento del exjuez Juan José Galeano y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el extitular de la DAIA Ruben Beraja, y que durante el desarrollo del juicio «eran hostigados por el Ministerio de Justicia y jamás dio instrucciones al equipo de abogados».
En ese sentido, agregó que pertenecían «a una unidad de investigación» pero que era «una unidad de encubrimiento lo que quería armar el presidente (Mauricio) Macri, como el exministro Garavano».
Posteriormente, tanto Gustavo Naveira como Sergio Napoli respondieron preguntas de los diputados, acerca de su trabajo en la Corte Suprema y su vínculo con los jueces del máximo Tribunal y su entorno.
Por otra parte, estuvieron convocados como testigos el fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal María Laura Roteta, quienes no asistieron a brindar testimonio. Stornelli presentó un escrito y Roteta se comprometió a asistir en una futura reunión por estar de viaje.
Con respecto al caso de Stornelli, Gaillard consideró que “tiene que venir a declarar de manera presencial, ya que las excepciones previstas nos son las de nuestro reglamento, que tiene rango constitucional. Es por ello, que se lo volverá a convocar”. Al mismo tiempo, la titular de la Comisión informó que “si no comparece, y es testigo reticente, deberemos iniciar el proceso de desafuero, para poder citarlo y traerlo a declarar con la fuerza pública”.
El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, cuestionó la decisión de la titular de la Comisión de “interpretar el reglamento” y reclamó el hecho de que “cualquier funcionario, previsto en el Código Procesal, puede declarar por escrito, para guardar su decoro e investidura”.
Tras el debate entre los diputados, se efectuó una votación, que resultó afirmativa, para citar nuevamente al fiscal Stornelli para que comparezca de manera presencial y, también, la incorporación de los testigos Juan Manuel Olima y Marcelo Mazzeo.
Luego, Gaillard detalló cuáles son las hipótesis de investigación y se votó de forma positiva, con 16 votos a favor, ordenar retirar las copias pertinentes y remitirlas al juez competente para indagar si “el juez Sergio Ramos hubiese presumiblemente incurrido en falso testimonio en la audiencia en la que estuvo presente en la Comisión”.
En otro orden, al comienzo de la reunión, el diputado Mario Negri (UCR) volvió a ocupar el cargo de una de las secretarias de la Comisión.