La comisión de Acuerdos ratificó sus autoridades y recibió a veinticuatro postulantes para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores en distintas provincias del país. Luego se pasó a cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10h.
Durante una reunión de la comisión de Acuerdos, los legisladores nacionales que la integran ratificaron a la Senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) como presidenta de la misma; a la senadora por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri (PRO) como vicepresidenta; y a la senadora por Misiones, Magdalena Solari Quintana (Misiones) como secretaria. Las reuniones de dicha Comisión se realizarán los días martes a las 16h.
«Vamos a comenzar con las audiencias fijadas para el día de la fecha», informó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. «Lo que hemos hecho hoy es citar a veinticuatro postulantes que corresponden a las provincias argentinas tanto para el Poder Judicial de la Nación como para las defensorías y las fiscalías», agregó.
Los postulantes que expusieron sobre las características del lugar para el cual han sido postulados, sobre su postura respecto al pago del impuesto a las ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Nación, y respondieron consultas realizadas por legisladores nacionales, son: Ana Carina Farias para el cargo de jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero; Silvina Soledad Leal Castaño para el cargo de defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero; Rosana Leonor Marini para el cargo de defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes; Patricia Isabel Kenny para el cargo de defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Corrientes; Román Pablo Lanzon para el cargo de juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, provincia de Santa Fe; Matías Felipe Scilabra para el cargo de fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 2; Ramiro Dillon Villamayor para el cargo de defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría N° 3; Pablo Andrés Vacani para el cargo de defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe; Lucía Romina Orsetti para el cargo de fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Jujuy, Fiscalía N° 1; Marcela Silvina Lamas para el cargo de defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy; María Victoria Nager para el cargo de defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Salvador de Jujuy; Diego Martín Matteucci para el cargo de juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy; Gonzalo Stordeur para el cargo de defensor público de víctima con asiento en la provincia de Jujuy; Carina Inés Gregoraschuk para el cargo de jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy; Sebastián Gabriel Jure para el cargo de fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Jujuy, Fiscalía Nº 2; José Nicolás Celestino Chumbita para el cargo de defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja; Manuel Maximiliano Baillieau para el cargo de defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Paula Susana Muniagurria para el cargo de defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Roberto Fernando Minguillon para el cargo de juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Martín Luciano Poderti para el cargo de juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Marcelo Alejandro Cardozo para el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones; Fernando Luis Rodolfo Poviña para el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Mauricio Gabriel Zambiazzo para el cargo de defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos; y Omar Abdón Bittar para el cargo de defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza. Los pliegos de Diego Martín Matteucci, Carina Inés Gregoraschuk y Fernando Luis Rodolfo Poviña recibieron observaciones.
SE TRATARON LOS PROYECTOS DE MUERTE PERINATAL Y PUBERTAD PRECOZ
Las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda pasaron ambas iniciativas para la firma del dictamen. Más temprano una funcionaria nacional expuso informe sobre la «Ley 1000 días»
La Comisión de Salud se reunió esta tarde en el Salón Arturo Illia, para en primer lugar designar a sus autoridades (art. 92 del Reglamento del Senado).
De esta manera, fueron ratificados como presidente el senador por Tucumán, Pablo Yedlin (FNP), y en la vicepresidencia el senador por Jujuy, Mario Fiad (UCR). En tanto la senadora por Catamarca, Lucia Corpacci (FNP) fue designada como secretaria.
Luego, se desarrolló una reunión informativa con la presencia de la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Marcela Tirado, quien brindó el informe anual, período septiembre 2021 – agosto 2022, sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, N° 27.611.
La funcionaria comenzó su exposición repasando los puntos principales de la Ley y realizando un balance de los logros desde su implementación.
Explicó que la misma «tiene por objetivo el acompañamiento, protección y cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes, niñas y niños en la primera infancia».
Destacó que «el trabajo intersectorial es una de las cosas más ricas que tiene esta ley».
«En ese sentido, la ley trabaja tres ejes fundamentales: las políticas de ingresos, las políticas de identidad y las políticas de salud, desarrollo social, educación y acceso a la información y prevención de las violencias», manifestó.
«En ese sentido, la ley trabaja tres ejes fundamentales: las políticas de ingresos, las políticas de identidad y las políticas de salud, desarrollo social, educación y acceso a la información y prevención de las violencias», manifestó.
«La implementación de la ley involucra a cinco ministerios: Salud, Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social, Educación y Cultura. También interviene la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial», sostuvo.
Por último, pasaron para la firma varios proyectos de declaración y resolución de autoría de diferentes senadoras y senadores.
A continuación, se realizó la plenaria de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda para tratar los dos proyectos de ley en revisión: el de procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal (que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento), y otro que crea el programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz. Tras ser debatidos ambos proyectos pasaron para la firma.
El proyecto, bautizado «Ley Johanna», por el caso de Johanna Piferrer impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.
Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.
También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.
El texto establece que las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.
El segundo proyecto busca crear el Programa Pubertad Precoz, para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central (PPC) en niñas y niños.
La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce sólo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos.
PRESUPUESTO Y HACIENDA ANALIZÓ EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES TECNOLÓGICOS
También pasó a la firma un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Ambas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados.
En horas de la tarde, se reunió la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador de La Rioja, Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), para tratar el proyecto de ley en revisión que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos ( denominado mono-tech).«Este proyecto, con media sanción, ha tenido una amplia aprobación y es demandado por numerosos profesionales que se encuentran en el ámbito de la industria del conocimiento porque incentiva el registro tributario y amplía derechos como contar con una obra social y aportes jubilatorios», expresó Guerra al iniciar la reunión.El bloque opositor presentó una nota en la que solicitó invitar al ministro del área y a representantes de los sectores involucrados para brindar sus opiniones al respecto. Luego, el proyecto pasó a la firma.
Dicho régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios realizados en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.
El proyecto estipula que el monotributo será compatible con el Régimen General (inscripto en IVA, ganancias y autónomos), Régimen Simplificado (Monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción en estos sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotributo Tecnológico.
Según el texto, los requisitos para acceder al Monotributo Tecnológico serán, residir en Argentina; ser persona humana, y que los ingresos de los últimos doce meses sean inferiores o iguales a una de las tres categorías dispuestas para el nuevo monotributo de hasta US $10.000, US $20.000 o US $30.000 anuales.
Los ingresos de las personas alcanzadas percibidos en moneda extranjera serán de libre disponibilidad. Para mantener su adhesión, deberán depositar las sumas obtenidas por las actividades alcanzadas en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación, llamada «Cuenta Especial Mono-Tech».
Además, la iniciativa propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).