Este martes la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Marcelo Fuentes (FpV/PJ-Neuquén) emitió dictamen sobre el proyecto que regula las demandas de particulares contra el Estado.
Se trata del expediente CD-62/13, iniciativa del Poder Ejecutivo sancionada en noviembre del año pasado por Diputados y que ahora está en condiciones de ser convertida en ley por el Senado.
Tras la exposición del doctor Patricio Sammartino, quien en representación del Ministerio de Justicia señaló que el proyecto recoge la jurisprudencia de los últimos 30 años en la materia, comenzó el debate entre los senadores.
El radicalismo y el PRO, al igual que en la Cámara Baja, cuestionaron en especial el artículo que señala que “el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”. Al respecto pusieron el ejemplo de la “tragedia de Once”, por la que ningún funcionario podría ser responsable.
El senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) insistió con lo adelantado ya por diputados de su bancada respecto a que el tema de la responsabilidad del Estado debería estar incluido en el articulado del Código Civil que ya fue sancionado por el Senado y espera ser tratado en Diputados.
Por su parte Miguel Pichetto (FpV/PJ-Río Negro) anunció el acompañamiento de la bancada oficialista que preside asegurando que esta ley “amplía el marco de responsabilidad del Estado”, ya que suma los actos lícitos a los de culpa y dolo. “Nos quieren meter la sombra de que se van a sanear las responsabilidades de los funcionarios. Aquí no hay ninguna excusa de materia penal”, concluyó.
El avance de una iniciativa que estaba «stand by» desde hace varios meses debido a la resistencia que provocó entre los sectores opositores al gobierno, se produce en medio de una semana en la que el Parlamento y la opinión pública están centrando su atención en otras cuestiones.